Tras casi seis años de residencia en Abu Dabi, la posibilidad de que el rey Emérito vuelva a fijar su hogar en España ha dejado de ser una conjetura para convertirse en un debate sobre la transparencia institucional y el rigor tributario.
El impulso reciente para este retorno no ha sido fortuito. La desclasificación de documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23-F ha operado como un bálsamo para su imagen pública. Para sectores de la oposición, liderados por Alberto Núñez Feijóo, estos archivos cierran un círculo histórico que justificaría el fin de su estancia en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Sin embargo, lo que para unos es un acto de justicia histórica, para la Casa Real es una cuestión de alta precisión estratégica. La institución, bajo el mando de Felipe VI, mantiene una postura nítida: el Rey Emérito tiene el derecho constitucional de residir en el país, pero ese derecho conlleva una hipoteca de ejemplaridad.
Residencia fiscal
La clave de este movimiento no reside en el domicilio físico, sino en el domicilio fiscal. Desde agosto de 2020, Juan Carlos I dejó de ser residente fiscal en España, una condición que le exime de tributar en territorio nacional y, fundamentalmente, de justificar el origen de los fondos que sufragan su lujoso tren de vida en el extranjero.
Fuentes de Zarzuela citadas por El País han sido inusualmente directas al respecto: "Para salvaguardar la imagen de la Corona ante especulaciones y críticas, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España si decide volver".
Este requisito no es un mero trámite administrativo; es un mecanismo de defensa para la Monarquía. Al recuperar la residencia fiscal, el anterior jefe del Estado volvería a estar sujeto a la Agencia Tributaria como cualquier otro ciudadano. Esto implicaría una transparencia total sobre sus ingresos actuales, eliminando las sombras que las investigaciones previas —archivadas por prescripción o inmunidad— dejaron en el imaginario colectivo.