Grazalema respira un cierto alivio tras once días de desalojo total. La Junta de Andalucía autoriza el realojo ordenado y paulatino de más de 1.300 viviendas en el pueblo gaditano, epicentro de la devastadora borrasca Leonardo, que colmató acuíferos y obligó a una evacuación histórica el 5 de febrero. En un pueblo de apenas 1.600 habitantes enclavado en la Sierra de Cádiz, conocida como el rincón más lluvioso de España, la ciencia y la prudencia han guiado un retorno por fases que prioriza la vida sobre la prisa, revelando las vulnerabilidades de un territorio donde el cambio climático amplifica riesgos geológicos ancestrales.
La decisión se basa en informes técnico-científicos preliminares elaborados por la Agencia de Emergencias de Andalucía (Protección Civil), en colaboración con el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada y el Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) del CSIC. Equipos especializados desplegaron georradares con antenas variadas y perfiles electromagnéticos para escanear el subsuelo de las principales calles, detectando saturación en el acuífero local tras precipitaciones récord: 575 litros por metro cuadrado en 24 horas durante la borrasca, sumados a cerca de 1.300 litros en diez días. Patrullas de drones del GREA (Grupo de Rescate e Intervención en Emergencias de Andalucía) y agentes de Medio Ambiente complementaron los vuelos de reconocimiento, permitiendo identificar zonas seguras donde el riesgo de colapsos o filtraciones se reduce a mínimos.
De las 1.619 viviendas registradas, 1.342 reciben luz verde para el retorno inmediato, lo que equivale a más del 83% del parque residencial. El proceso se organiza con medios propios de los vecinos, apoyados por el Plan de Emergencias para personas vulnerables (ancianos, discapacitados y familias monoparentales), y se ejecuta por fases estrictamente guiadas por geólogos. Quedan excluidas 277 viviendas en áreas críticas, pendientes de nuevas evaluaciones, mientras los desalojados, realojados en hoteles y apartamentos de Ronda (Málaga), o en casas de familiares en Zahara de la Sierra, El Gastor o El Bosque, inician el regreso con precaución. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el presidente Juanma Moreno enfatizaron que la prioridad ha sido «preservar la vida», recordando la visita de Moreno a cientos de afectados en Ronda para transmitir «luz de esperanza».
El desalojo total del 5 de febrero marcó un hito inédito en la historia reciente de Andalucía: impulsado por la borrasca Leonardo, que situó a Grazalema en alerta roja por lluvias torrenciales, la medida preventiva respondió a ruidos subterráneos, saturación del acuífero y riesgo de deslizamientos en un municipio de relieve abrupto y suelos permeables. Con 600 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional desplegados, además de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la evacuación se completó en horas de luz para maximizar seguridad, mientras científicos del CSIC y geólogos del Instituto Geológico y Minero de España intervenían in situ. La sierra de Grazalema, con su efecto orográfico (vientos atlánticos canalizados por el Corredor del Boyar que generan cizalladura y coalescencia nubosa), acumuló volúmenes equivalentes a un año de precipitaciones en Madrid, transformando calles en torrentes y poniendo al límite infraestructuras locales.
Este episodio ilustra la nueva normalidad climática en el sur de España: fenómenos intensos y concentrados que saturan suelos ya húmedos por «trenes de borrascas», exacerbando vulnerabilidades geológicas en pueblos de montaña como Grazalema, reserva de la biosfera con un ecosistema frágil pero turístico de primer orden. La respuesta andaluza, coordinada entre Protección Civil, EMA y expertos académicos, destaca por su rigor técnico, contrastando con reacciones más reactivas en temporales pasados. Moreno anunció propuestas para un sistema de alerta temprana ante riesgos pluviales, mientras la vicepresidenta María Jesús Montero prometió declarar «zonas gravemente afectadas» para agilizar ayudas estatales. Economatos solidarios en Zahara, con donaciones de ropa e higiene, y el apoyo vecinal gaditano subrayan la resiliencia comunitaria en un territorio donde la incomunicación inicial afectó carreteras y ferrocarriles.
La vuelta a casa, autorizada este 16 de febrero, cierra un capítulo de tensión pero abre el debate sobre cómo blindar estos enclaves ante borrascas cada vez más extremas, equilibrando conservación natural, turismo sostenible y seguridad humana