La Selectividad entra este año en una nueva fase. Ya no se trata únicamente de vigilar chuletas escondidas entre apuntes o teléfonos móviles ocultos bajo la mesa. Las universidades españolas empiezan a enfrentarse a un problema mucho más sofisticado y difícil de controlar. El uso de dispositivos invisibles conectados a inteligencia artificial capaces de resolver exámenes en tiempo real.
Cuatro comunidades autónomas Galicia, Cataluña, Murcia y Aragón utilizarán en la próxima convocatoria de la PAU detectores de frecuencia para intentar localizar nanopinganillos, gafas electrónicas y otros aparatos tecnológicos empleados para copiar durante los exámenes.
Otras ocho autonomías estudian sumarse a estas medidas ante una preocupación que crece rápidamente en el sistema universitario.
La escena describe bastante bien cómo la revolución tecnológica ha llegado también a uno de los espacios más sensibles del sistema educativo. Porque la irrupción de la inteligencia artificial no solo está cambiando la forma de estudiar o trabajar. También está alterando las viejas reglas de control académico sobre las que descansaba buena parte de la evaluación tradicional.
La Selectividad se enfrenta ahora a un desafío tecnológico para el que apenas existían precedentes hace unos años.
Los responsables universitarios llevan meses detectando la expansión de pequeños dispositivos prácticamente invisibles que permiten recibir respuestas desde el exterior mediante conexión telefónica o incluso directamente a través de aplicaciones de IA.
Los sistemas son cada vez más sofisticados y también más accesibles. Pinganillos diminutos que se extraen con imanes, bolígrafos con micrófonos ocultos, gafas con cámara incorporada o calculadoras aparentemente normales conectadas a internet.
Todo ello puede adquirirse fácilmente por internet a precios relativamente bajos.
La preocupación de las universidades no gira únicamente alrededor del fraude individual. Lo que empieza a cuestionarse es algo más profundo. La credibilidad misma de unas pruebas que siguen funcionando como principal mecanismo de acceso a la universidad pública.
Por eso las sanciones previstas son especialmente severas.
En la mayoría de comunidades, ser descubierto utilizando alguno de estos dispositivos supondrá la anulación completa de la Selectividad y la calificación automática de cero en toda la convocatoria.
Galicia fue pionera en introducir detectores de frecuencia en 2019 y se ha convertido ahora en referencia para otras autonomías. Allí, profesores recorren aleatoriamente las aulas con dispositivos capaces de localizar emisiones electrónicas ocultas.
Murcia extenderá este año el sistema a las doce sedes donde se celebran las pruebas. Aragón acaba de adquirir también detectores específicos y Cataluña ha advertido ya oficialmente a institutos y estudiantes sobre las nuevas medidas de vigilancia.
La universidad intenta adaptarse a una carrera tecnológica que avanza mucho más rápido que la regulación educativa.
Porque el problema no parece coyuntural. Muchos docentes reconocen que situaciones similares empiezan a aparecer también en facultades e institutos. La expansión de herramientas de inteligencia artificial generativa ha transformado radicalmente las posibilidades de fraude académico.
Ya no hace falta memorizar respuestas ni disponer necesariamente de una persona colaborando desde fuera del aula. Algunas aplicaciones permiten escuchar preguntas y generar soluciones automáticas prácticamente instantáneas.
Eso obliga a las universidades a replantearse no solo los sistemas de vigilancia, sino incluso el propio modelo de evaluación.
Mientras tanto, varias comunidades mantienen dudas sobre el uso generalizado de detectores de frecuencia. Algunas universidades alegan problemas presupuestarios, dificultades normativas o falta de tiempo para desplegar plenamente estos sistemas en todas las sedes.
Canarias, Madrid o Extremadura reconocen su inquietud, pero este año optarán por reforzar la vigilancia tradicional mientras estudian posibles medidas futuras.
El debate refleja también una cuestión más amplia que atraviesa ya todo el sistema educativo occidental. Cómo preservar la cultura del esfuerzo y la igualdad de oportunidades en un entorno donde la tecnología puede alterar completamente las condiciones de evaluación.
Porque copiar en un examen nunca ha sido únicamente una infracción académica. También afecta a algo esencial para cualquier sistema educativo. La confianza colectiva en que las reglas son iguales para todos.
Uno de los responsables universitarios lo resumía estos días con bastante claridad. Cuando un estudiante copia, no solo se beneficia él. Perjudica al resto.
La inteligencia artificial abre oportunidades extraordinarias para el aprendizaje, la investigación o el acceso al conocimiento. Pero también obliga a redefinir urgentemente los límites éticos y educativos de una generación que crece en un entorno donde la frontera entre ayuda tecnológica y fraude empieza a resultar cada vez más difusa.