UGT y CCOO han presentado una iniciativa sin precedentes en el sindicalismo español: la creación de dos fondos sindicales coordinados destinados a reforzar las movilizaciones y las huelgas vinculadas a la negociación de convenios colectivos. Aunque cada organización gestionará de forma autónoma sus propios recursos, ambas actuarán de manera coordinada para respaldar los conflictos laborales que tengan como objetivo mejorar los salarios y desbloquear negociaciones estancadas.
Los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, defendieron que la medida responde a un cambio de escenario económico en España. Ambos sostienen que el crecimiento de la economía, los elevados beneficios empresariales y la creación de empleo contrastan con la situación de millones de trabajadores cuyos salarios permanecen estancados o han perdido capacidad adquisitiva frente al aumento acumulado del coste de la vida, especialmente de la vivienda.
Cuatro millones de euros durante dos años
La iniciativa tendrá carácter experimental durante los años 2026 y 2027. Cada sindicato dotará su propio fondo con recursos procedentes exclusivamente de las cuotas de afiliación. En conjunto, la iniciativa movilizará cuatro millones de euros durante ese periodo, aunque no se trata de un fondo común, sino de dos instrumentos independientes gestionados por cada organización.
El objetivo es compensar parcialmente la pérdida salarial de los afiliados que participen en huelgas relacionadas con convenios colectivos cuando dichas movilizaciones hayan sido autorizadas conforme a los criterios internos de cada sindicato.
Un instrumento inédito para fortalecer la negociación colectiva
En el caso de CCOO, Unai Sordo explicó que la ayuda permitirá garantizar, como mínimo, un ingreso equivalente al salario mínimo interprofesional durante los días de huelga. UGT establecerá un sistema similar para sus afiliados mediante sus propios órganos de decisión.
Los dirigentes sindicales insistieron en que la medida no pretende incentivar conflictos laborales, sino reforzar la capacidad negociadora de los trabajadores cuando las conversaciones con la patronal se bloquean.
Críticas al bloqueo de la negociación salarial
Uno de los ejes de la comparecencia fue la situación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya renovación continúa paralizada.
CCOO y UGT sostienen que la evolución económica permitiría pactar incrementos salariales más ambiciosos —situados por los sindicatos entre el 4 % y el 7 %— y consideran que la patronal mantiene bloqueada la negociación sin una justificación económica suficiente.
Los responsables sindicales defendieron que los beneficios empresariales y el crecimiento del PIB permiten mejorar los salarios de forma generalizada, especialmente en aquellos sectores donde los convenios llevan años sin actualizarse.
Sordo subrayó que existen sectores prácticamente idénticos donde unas patronales aceptan mejoras salariales y otras no, lo que, a su juicio, demuestra que la diferencia radica en la capacidad negociadora existente en cada mesa de convenio.
Pese a las críticas, ambos dirigentes descartaron dar por roto definitivamente el diálogo con la patronal y reiteraron que siguen considerando el AENC como la mejor herramienta para ordenar las subidas salariales de forma homogénea en toda la economía.
Más presión sobre el Gobierno
La rueda de prensa no estuvo dirigida únicamente contra la CEOE. Los dos sindicatos endurecieron también su mensaje hacia el Ejecutivo al considerar incumplidos diversos compromisos alcanzados en el marco del diálogo social.
Sordo lanzó un ultimátum al Gobierno para que antes del 31 de julio apruebe un sistema efectivo de registro horario mediante la vía normativa que depende exclusivamente del Ejecutivo. En caso contrario, advirtió de que los sindicatos dejarán de firmar acuerdos cuya aplicación posterior no quede garantizada.
Álvarez respaldó plenamente esa posición y añadió otro asunto pendiente: la regulación de la compensación y absorción de determinados complementos salariales tras las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional.
Ambos dirigentes sostuvieron que el Ejecutivo debe trasladar al Boletín Oficial del Estado los compromisos adquiridos durante el diálogo social y evitar que permanezcan indefinidamente bloqueados.
No anunciaron una ruptura de las mesas de negociación, pero sí dejaron claro que la confianza en el cumplimiento de los acuerdos se encuentra seriamente deteriorada.
Dependencia, cuidados y sectores más precarios
Durante la comparecencia, los secretarios generales situaron como prioridad los sectores con mayor precariedad salarial, especialmente aquellos relacionados con los cuidados, la dependencia, la ayuda a domicilio o determinadas actividades de servicios con alta presencia femenina.
Según explicaron, muchos de estos trabajadores afrontan jornadas parciales y salarios próximos al salario mínimo, lo que dificulta enormemente la convocatoria de huelgas porque la pérdida de ingresos durante varios días puede resultar inasumible.
Precisamente por ello consideran que estos fondos pueden convertirse en una herramienta decisiva para sostener movilizaciones que, sin ese respaldo económico, difícilmente llegarían a producirse.
También reclamaron una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y de la normativa de desindexación para facilitar que las mejoras salariales pactadas en convenios puedan trasladarse a las empresas que prestan servicios públicos concertados.
Llamamiento al cumplimiento del diálogo social
Los dirigentes sindicales aprovecharon igualmente la comparecencia para mostrar su malestar por la forma en que el Gobierno ha gestionado algunas de las recientes medidas económicas, especialmente la prórroga de determinadas actuaciones frente a la inflación.
Ambos criticaron que los agentes sociales no fueran convocados antes de la aprobación definitiva de dichas medidas y reclamaron que el diálogo social sea una práctica efectiva y no únicamente una referencia política.
En materia de vivienda, coincidieron en que las actuaciones conocidas hasta ahora resultan insuficientes para afrontar el aumento del precio del alquiler y del acceso a la vivienda, aunque reconocieron que muchas competencias corresponden a las comunidades autónomas.
Con la presentación de estos fondos sindicales, UGT y CCOO escenifican un cambio estratégico que combina la búsqueda de acuerdos con una mayor preparación para afrontar conflictos laborales. La iniciativa pretende reforzar la posición negociadora de los trabajadores en un contexto de crecimiento económico que, según ambas organizaciones, todavía no se está traduciendo de forma suficiente en una mejora generalizada de los salarios.