UGT ha respondido con contundencia a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo ante el Círculo de Empresarios Vascos, donde el líder del Partido Popular planteó recortar salarios y prestaciones a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, incluso “con o sin acuerdo” con sindicatos y patronal. La frase no es menor. Quien dice querer sentarse a negociar y, al mismo tiempo, anuncia que impondrá su criterio si no obtiene respaldo, está vaciando de contenido el diálogo social.
El sindicato acierta al situar el debate donde corresponde. El problema no es solo laboral. Es democrático. El diálogo social no consiste en convocar a sindicatos y empresarios para ratificar una decisión previamente tomada. Consiste en negociar en igualdad de condiciones las reformas que afectan a millones de trabajadores. Convertirlo en una escenografía previa al recorte supone despreciar uno de los grandes equilibrios del sistema constitucional.
Feijóo ha vuelto a mezclar bajo la etiqueta de absentismo realidades muy distintas. En ese saco introduce bajas médicas, permisos retribuidos, licencias, permisos familiares y situaciones protegidas por la ley. UGT lo ha definido con precisión: meterlo todo en el mismo bloque es un disparate. Una persona con cáncer, una fractura, una depresión grave o una intervención quirúrgica pendiente no es una absentista. Es una trabajadora enferma.
La incapacidad temporal no es un privilegio. Es una garantía básica del Estado social. Existe para que nadie tenga que elegir entre cuidar su salud o conservar su salario. Por eso resulta tan grave que el principal partido de la oposición sugiera que mantener el sueldo durante una baja puede incentivar el fraude. Esa sospecha generalizada degrada a quienes trabajan y también cuestiona, sin pruebas, la profesionalidad de los médicos del sistema público.
Además, Feijóo recurre a cifras absolutas sin el contexto imprescindible. Cita el crecimiento de personas que no acuden al trabajo cada día desde 2018, pero España tiene hoy muchos más ocupados que entonces. El análisis riguroso exige hablar de tasas, sectores, edad de las plantillas, siniestralidad, salud mental y funcionamiento de los servicios públicos. Los últimos datos sitúan el absentismo en el primer trimestre de 2026 en máximos recientes y colocan a Euskadi a la cabeza, con una tasa del 9,4%, pero esos datos no autorizan a concluir que detrás de cualquier baja exista fraude.
El fraude existe y debe perseguirse. Pero una cosa es combatir abusos y otra muy distinta convertir la enfermedad en una sospecha colectiva. Ese salto es políticamente revelador. Feijóo no pregunta por las causas que prolongan las bajas. No pone el foco en las listas de espera sanitarias, muchas de ellas gestionadas por comunidades gobernadas por el PP. No habla de la falta de prevención en las empresas ni de los riesgos psicosociales. Prefiere señalar al trabajador.
Ahí UGT vuelve a tener razón. Si preocupa la incapacidad temporal, hay que reforzar la sanidad pública, acelerar pruebas diagnósticas, reducir esperas quirúrgicas, mejorar la rehabilitación, actualizar la prevención de riesgos laborales y actuar contra la siniestralidad. La verdadera emergencia no está en castigar a quien enferma, sino en evitar que el trabajo enferme y mate.
La propuesta de Feijóo encaja en una deriva cada vez más clara. Un día cuestiona derechos reproductivos, otro adopta el lenguaje cultural de la derecha más dura y ahora apunta contra las personas de baja médica. Cada intervención parece empeñada en demostrar que la moderación fue más un decorado que una convicción. El PP vuelve a mirar los derechos laborales desde la cuenta de resultados.
UGT ha puesto el dedo en la llaga. Quien confunde enfermedad con absentismo termina tratando a los trabajadores como mercancía. Y quien aspira a gobernar España debería saber que la salud laboral no se protege con amenazas, recortes ni sospechas. Se protege con derechos, prevención, sanidad pública y respeto a quienes sostienen cada día el país con su trabajo.
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