La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra sigue avanzando entre dudas documentales, lagunas administrativas y una creciente tensión política alrededor del caso. Uno de los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) pone ahora el foco directamente sobre la documentación entregada por la SEPI al juzgado. Y lo hace con una conclusión, los investigadores consideran que la información remitida por el organismo público fue incompleta.
El informe describe una situación llamativa. Carpetas vacías, archivos que no pueden abrirse, documentos citados que no aparecen y correos electrónicos ausentes precisamente en la fase más sensible de toda la operación, la concesión del rescate público a la aerolínea en 2021.
La Policía señala incluso que tuvo que reiterar el requerimiento judicial después de comprobar que la documentación inicial “impedía su análisis”.
Correos que “existen o han existido”
Uno de los elementos que más llama la atención a los investigadores es la ausencia de comunicaciones internas durante el proceso de aprobación de las ayudas. Según la UDEF, los correos aportados por la SEPI corresponden sobre todo a 2025 y apenas contienen información relevante sobre la fase decisiva de concesión del préstamo público.
Sin embargo, los propios investigadores sostienen que esos correos “existen o han existido”, porque algunos aparecen parcialmente incorporados en documentos PDF hallados en otras carpetas del expediente.
Es decir, la Policía considera acreditado que hubo intercambio de documentación y comunicaciones entre la SEPI y Plus Ultra durante la tramitación de las ayudas, pero parte de ese material no habría sido incorporado a la documentación remitida oficialmente.
Ahí se concentra ahora una de las principales incógnitas del caso.
La UDEF también echa en falta certificados de deuda con la Seguridad Social, contratos de arrendamiento de aeronaves, documentación utilizada por Deloitte para elaborar informes técnicos y actas internas de reuniones celebradas en febrero de 2021.
El caso Plus Ultra hace tiempo que dejó de ser únicamente una discusión técnica sobre un rescate empresarial en plena pandemia.
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la aparición de nuevos informes policiales han elevado la presión política alrededor de una operación que el Gobierno siempre defendió como ajustada a la legalidad y necesaria para preservar actividad económica y empleo. Ahora, el foco empieza a desplazarse también hacia los procedimientos internos de la propia administración pública.
Porque más allá de las responsabilidades penales que eventualmente pueda determinar la Justicia, lo que los investigadores están cuestionando es la trazabilidad documental de una operación financiada con dinero público en uno de los momentos más delicados de la crisis económica derivada de la pandemia.