La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha incorporado al sumario nuevos mensajes que, según su criterio, refuerzan el papel de Isabel Pardo de Vera en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas. El informe también desvela que, horas después de declarar como testigo, la expresidenta de Adif aconsejó a José Luis Ábalos contactar con una abogada penalista cuando aún aseguraba no estar investigado.
El nuevo informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no introduce una acusación formal distinta, pero sí afina el relato de cómo se gestionaron algunos contratos de emergencia en marzo de 2020.
La empresa Soluciones de Gestión obtuvo ocho adjudicaciones para suministro de material sanitario en plena pandemia. Una de ellas, formalizada por Adif, ascendió a 12,5 millones de euros. Procedimiento negociado sin publicidad y tramitación de emergencia. El contexto lo explica casi todo. O casi. Lo que la UCO subraya ahora es la secuencia de comunicaciones previas a esa adjudicación.
Según los agentes, Pardo de Vera intercambió mensajes con Koldo García, entonces asesor de Ábalos, antes de que el contrato quedara formalizado. En uno de ellos, fechado el 27 de marzo de 2020 —día de la firma—, la entonces presidenta de Adif escribió: “Está todo firmado, déjame ver, preguntar. Me han dicho que está todo ok y que se lo ha confirmado la empresa”.
Koldo respondió: “Solo falta eso para que consignéis el dinero en la cuenta”.
La conversación, interpretada por la UCO, sugiere que la contratación no fue un trámite meramente técnico. Los investigadores consideran que el asesor intervino en la selección de la empresa y que, a través de la presidencia de Adif, el contrato se materializó.
Hay otro detalle que los agentes consideran significativo. “El Íñigo es el del contrato”, escribió Koldo en referencia a Íñigo Rotaeche, principal accionista de la empresa adjudicataria. Para la Guardia Civil, el mensaje evidencia que Pardo de Vera conocía con precisión de qué operación se hablaba.
La dinámica, sostienen, guarda coherencia con otras líneas de investigación sobre presuntos amaños en obra pública, donde el papel de intermediación también aparece como elemento recurrente.
No todo fue fluido. Días después de la adjudicación, Pardo de Vera trasladó su inquietud por los precios abonados. Señaló que otra empresa había suministrado mascarillas a 2,10 euros la unidad, frente a los 2,50 euros pagados en el contrato de mayor volumen con Soluciones de Gestión. La conversación refleja dudas. Pero el contrato ya estaba en marcha.
“Mal no vendrá”
El informe incorpora además un episodio posterior, fechado el 21 de febrero de 2024. Tras declarar como testigo ante la Guardia Civil —un día después de la detención de Koldo—, Pardo de Vera contactó con Ábalos y le facilitó el teléfono de una abogada especializada en derecho penal.
“No estoy en la investigación que se sepa”, respondió el exministro.
“Creo que debes hablar con ella. Espera tu llamada, mal no vendrá”, contestó ella.
Los investigadores interpretan esa recomendación como un movimiento preventivo. También destacan que determinadas conversaciones sensibles no se produjeron por escrito. En los dispositivos analizados de Pardo de Vera, parte del contenido correspondiente al periodo investigado había sido eliminado, lo que obligó a reconstruir comunicaciones a través de otros terminales.
En su declaración como testigo, la expresidenta de Adif sostuvo que no recibió órdenes directas para adjudicar, aunque sí presión para actuar con rapidez ante la urgencia sanitaria. El informe recuerda, por su parte, la relación directa entre Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama, señalado como responsable de hecho de los contratos y perceptor de comisiones millonarias.
El juez tendrá que determinar qué parte de esa red de mensajes constituye indicio suficiente y cuál responde al clima de urgencia de marzo de 2020.
Por ahora, el sumario avanza con más conversaciones que certezas, pero con una conclusión provisional clara para los investigadores: la adjudicación no fue una simple tramitación administrativa. Fue una cadena de decisiones donde los contactos políticos aparecen en primer plano.