La irrupción de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en las sedes de Correos y en organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica ha vuelto a poner en primer plano un viejo dilema español: hasta qué punto las instituciones públicas pueden blindarse frente a tramas que nacen, o prosperan, bajo el paraguas del poder político. El operativo, ordenado por el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, no es simplemente un episodio policial; es un recordatorio del terreno ambiguo en el que se cruzan partidos, empresas públicas y redes de influencia.
La investigación, que ya ha provocado la detención de Leire Díez, exmilitante socialista que presuntamente organizó reuniones con empresarios, fiscales y exjueces para intentar sacar trapos sucios de los responsables de las causas contra el entorno de Sánchez o de personas relacionadas con el gobierno; del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; y de Antxon Alonso, socio en la empresa Sevinabar y vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se mueve en un espacio particularmente sensible: la gestión de contratos públicos y subvenciones. En España, pocas palancas concentran tanto poder discrecional como estos mecanismos de gasto, y pocas generan más tentación para quienes buscan convertir la proximidad política en oportunidades privadas.
Según ha adelantado El País, el despliegue de los agentes responde a la necesidad de asegurar documentación sobre procedimientos de contratación en los últimos años. La UCO ha puesto el foco en direcciones generales de ambos ministerios, así como en la estructura central de Correos, empresa dependiente de la SEPI en la que Leire Díez ocupó un cargo de responsabilidad. La operación incluye hasta 19 registros y requerimientos, algunos ya conocidos, como los efectuados en la sede de la SEPI y en Enusa, empresa pública en la que trabajó Díez durante una etapa. No es casual: los investigadores consideran estos organismos piezas clave para entender la arquitectura de las adjudicaciones bajo sospecha.
El caso que ahora se investiga y que está bajo secreto de sumario no difiere en su lógica de otras tramas contemporáneas: figuras medianas dentro de las estructuras partidistas que, gracias a un capital relacional adquirido en años de militancia, acceden a espacios donde el control es difuso y la trazabilidad burocrática no siempre basta para impedir desvíos o favoritismos. La detención de Vicente Fernández, antiguo presidente de la SEPI, añade una capa de complejidad, porque introduce en la ecuación la posibilidad de que los mecanismos de supervisión interna fallaran estrepitosamente.
En un país donde las empresas públicas siguen siendo un instrumento estratégico para orientar inversiones, equilibrar territorios o estabilizar sectores, la SEPI constituye un centro de gravedad político y económico. Su implicación en cualquier investigación judicial es, inevitablemente, un asunto de Estado. Esta vez, la cuestión central no es únicamente determinar si existieron irregularidades, sino comprender hasta qué punto los mecanismos de prevención y auditoría pueden resistir al efecto corrosivo de redes informales y lealtades internas.
La operación arroja también una luz incómoda sobre el ecosistema de poder del PSOE, especialmente en los márgenes donde se entrecruzan gestores públicos, militantes de trayectoria discreta y empresas mixtas. Aunque ninguna formación política está inmune a estas dinámicas, el hecho de que varias de las personas implicadas hayan tenido vínculos con la dirección socialista añade un componente de desgaste reputacional en un momento político tenso, en el que la oposición ha encontrado un nuevo flanco.
Tiembla el sanchismo en Andalucía
La detención de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y hombre de la confianza máxima de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda, ha puesto en alerta al sanchismo andaluz por la influencia que Fernández tenía en Andalucía. Según ha podido saber Diario Sabemos a través de fuentes muy cercanas al PSOE-A, un importante abogado de Sevilla, que gestiona, presuntamente, el patrimonio de importantes figuras del PSOE de Andalucía, Montero incluida, era la persona que, según lo señalado por esas fuentes, servía de filtro para el acceso tanto a Fernández como a la ahora ministra.
Las mismas fuentes señalan a Diario Sabemos que para llegar a Vicente Fernández era fundamental pasar por ese abogado. Es decir, que, presuntamente, para avanzar en cualquier tipo de acuerdo era imprescindible cerrar los términos con Vicente Fernández, ya que lo que él decidía era ejecutado por el resto del grupo. La coordinación requería discreción, comunicando la información de manera indirecta y cuidando los detalles para no comprometer a las personas supuestamente implicadas. ¿Llegará la UCO a este presunto grupo a través de lo que pudiera declarar Fernández?