La historia que hoy acorrala a Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista Obrero Español, no se gestó únicamente en los despachos de Ferraz. Se gestó, también, en un discreto piso franco de la calle Diego de León. Allí, en pleno barrio de Salamanca, un variopinto grupo de conspiradores urdió un plan sistemático para descabezar una instrucción judicial incómoda.
El objetivo prioritario era la presidenta del Tribunal de Instancia de Badajoz, Beatriz Biedma. La magistrada que cometió el pecado capital de investigar la contratación irregular de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Una causa que ha terminado con una condena de nueve años de inhabilitación dictada por la Audiencia Provincial.
La causa que hoy lidera el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional dibuja un mapa de cañerías del PSOE que presuntamente conecta el aparato del partido gobernante con el crimen organizado.
A la cabeza del grupo figuraba Leire Díez, militante socialista e instructora de las sombras. Secundada por el empresario Javier Pérez Dolset, el exmagistrado expulsado de la carrera por violencia de género Luis José Sáenz de Tejada y el polémico empresario Joaquín Parra. Juntos formaron una especie de gabinete de crisis no oficial bautizado en la aplicación WhatsApp con el sarcástico nombre de "Vacaciones y viajes".
Su única hoja de ruta consistía en neutralizar, a cualquier precio, a la jueza Biedma.
De la Fiscalía al fango
En un principio, la estrategia de la trama respetó los cauces del juego procesal. Aunque impulsada por la trampa y el subterfugio.
La organización intentó forzar la salida de la magistrada mediante recusaciones orquestadas. Propusieron sustituir al abogado defensor del hermano del presidente por el exjuez Sáenz de Tejada. Al ser rechazados, intentaron que la hermana de este se personara como acusación.
Ante el fracaso reiterado de estas maniobras en los juzgados extremeños, la propia Leire Díez instó a presentar denuncias contra Biedma ante la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. La militante presumía sin ambages de tener control sobre la Fiscalía. Un nivel de interlocución que quedaba reflejado en las libretas intervenidas a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hallaron anotaciones explícitas: "BADAJOZ -> que fiscalía apoye el recusación".
Sin embargo, cuando las instancias judiciales y el Consejo General del Poder Judicial desestimaron la lluvia de quejas y recursos, la frustración de la trama hizo descarrilar el plan hacia terrenos mucho más oscuros que podrían ser constitutivos de delito.
El grupo activó una feroz campaña de descrédito y acoso personal contra la jueza Biedma. A través de redes sociales, portales digitales afines y, muy especialmente, un canal de YouTube regentado por Sáenz de Tejada, se difundieron ataques furibundos contra la vida privada y profesional de la instructora.
Más grave aún: las investigaciones revelan un seguimiento físico continuado sobre la magistrada, acumulando fotografías de su vehículo particular, la ubicación de su vivienda y el gimnasio que frecuentaba a diario. Pues bien. Ahí es donde la historia da un vuelco inquietante.
Conexión con el narcotráfico y la sombra de "La Celsa"
El punto de inflexión donde la conspiración política cruza definitivamente la línea hacia la vertiente criminal aparece recogido en la agenda personal de Leire Díez. Con fecha de 25 de marzo de 2025, apenas unos días después de que la justicia rechazara la última recusación formulada contra Biedma, la fontanera del PSOE garabateó una frase inquietante: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".
La jueza Biedma, al tener conocimiento de este hallazgo a través de noticias periodísticas y los atestados policiales, ha solicitado formalmente a la Audiencia Nacional una investigación específica sobre este atajo hacia los bajos fondos de la ciudad.
El hilo de ese manuscrito conduce directamente a Cinthia Rocho, viuda del hombre asesinado a tiros en el bar Vaquerizo en febrero de 2024. Su padre también fue ajusticiado a balazos meses después en una espiral de violencia atribuida a clanes del narcotráfico de Badajoz.
Rocho ha confirmado públicamente que miembros de la trama socialista contactaron con ella haciéndose pasar por juristas. Le solicitaron la dirección exacta de la jueza Biedma. Aprovechando, así, la vulnerabilidad de una familia sometida a una intensa presión policial e investigada precisamente en el juzgado de la magistrada.
Las intenciones del grupo, según el testimonio de la propia afectada, eran meridianamente claras: utilizar a los grupos criminales locales para amenazar o ejecutar acciones violentas contra la jueza.
Resistencia de las instituciones
El salto cuantitativo que supone la búsqueda de alianzas entre emisarios de un partido de gobierno y grupos del crimen organizado para amedrentar a una jueza de instrucción señala una quiebra inédita.
Las actuaciones llevadas a cabo por este grupo de las cloacas del PSOE no representan un simple exceso de celo en la defensa de una causa familiar. Son, más bien, una tentativa deliberada de capturar las estructuras del Estado y dinamitar la independencia judicial mediante técnicas de extorsión propias de organizaciones mafiosas.
El procedimiento que ahora instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional debe dirimir hasta qué punto la dirección nacional del partido conocía y amparaba las maniobras desveladas por la Guardia Civil.
La resolución de este caso no solo determinará el destino penal de los implicados. Fijará, también, la capacidad del sistema institucional para depurar las cloacas del poder político cuando estas deciden descender hasta los abismos de la delincuencia común. Porque hay líneas que, una vez cruzadas, ya no tienen vuelta atrás. Y esta trama, al parecer, las cruzó todas.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.