El escenario global actual, donde la tecnología se ha convertido en un campo de poder geopolítico, hace que España busque ocupar un lugar relevante en la regulación y fiscalización de las grandes corporaciones digitales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha elevado la presión sobre las grandes tecnológicas con la propuesta de una “tasa Trump”, un impuesto que pretende asegurar que estos gigantes paguen lo que corresponde en el país donde generan ingresos.
Durante su intervención en el foro MetaFuturo, Díaz evitó detallar cómo se implementará este gravamen, pero no escatimó en críticas: las compañías que dominan la nube (desde la inteligencia artificial hasta los algoritmos de búsqueda y publicidad), afirmó, deben rendir cuentas ante Hacienda. “Es una burla lo que hacen”, declaró, subrayando la percepción creciente de que el actual marco fiscal europeo permite a estas corporaciones operar prácticamente sin impuestos.
El nombre elegido para el impuesto no es casual. Invoca a Donald Trump como símbolo de un modelo en el que el Estado se pone al servicio de sus empresas tecnológicas. Díaz no se refirió únicamente a la cuestión fiscal: puso el acento en la “guerra fría tecnológica” entre Estados Unidos y China, advirtiendo que quien domine esta contienda global de algoritmos y datos controlará el futuro económico y geopolítico del mundo. “Trump no es tonto (…) hace lo que hace para los intereses de sus tecnológicas”, sostuvo, subrayando la intencionalidad estratégica detrás de la política estadounidense.
El planteamiento español se inscribe en una corriente más amplia que atraviesa Europa: la necesidad de recuperar soberanía tecnológica y evitar que los intereses de Washington dicten el rumbo de la inteligencia artificial y el big data. Díaz abogó por una IA transparente y en código abierto, una visión que chocaría frontalmente con los modelos propietarios de las grandes multinacionales, que centralizan el poder y los datos en pocas manos.
Si la “tasa Trump” se concreta en los próximos presupuestos generales del Estado, España se situaría a la vanguardia de un esfuerzo continental por armonizar la fiscalidad digital y limitar los efectos de la concentración tecnológica global. Pero más allá del impuesto, la propuesta refleja un enfoque estratégico: Europa no puede limitarse a ser un mercado; debe ser también un actor regulador y tecnológico capaz de competir en la carrera por la IA y los algoritmos.
El desafío es doble. Por un lado, hay un interés económico inmediato: gravar a las grandes corporaciones para generar ingresos y corregir desequilibrios fiscales. Por otro, hay un objetivo geopolítico: consolidar a Europa como actor autónomo en la era de la inteligencia artificial, evitando depender de decisiones ajenas en Washington o Pekín. La “tasa Trump” es, en este sentido, más simbólica que recaudatoria: una declaración de intenciones de que España y Europa no aceptarán pasivamente que el dominio tecnológico global se concentre fuera de su control.
En el contexto de una “guerra fría tecnológica”, la fiscalidad y la regulación de la IA se entrelazan con la seguridad, la soberanía y la competitividad económica. Europa enfrenta la tarea de transformar sus valores en políticas concretas: código abierto, transparencia y gravámenes equitativos podrían ser las herramientas para equilibrar la balanza frente a gigantes como Amazon, Google, Apple, Meta y Microsoft. Como resumió Díaz, “Europa debe hacerlo”. La pregunta que queda en el aire es si la política europea, con su histórica lentitud y consenso complejo, estará a la altura de una batalla tecnológica que no espera a nadie.