Susanna Griso convierte su entrevista a Pedro Sánchez en un interrogatorio sobre su dimisión entre sospechas, acusaciones y falsedades

La presentadora de Espejo Público llegó a justificar como una «reacción humana» el insulto de Ayuso al presidente, mientras apenas concedió espacio a los datos económicos y sociales de su Gobierno

18 de Noviembre de 2026
Actualizado a la 13:41h
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Pedro Sánchez en Espejo Público, Antena 3

Pedro Sánchez acudió este miércoles a Espejo Público, en Antena 3, para someterse a una entrevista con Susanna Griso a once días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo que debía constituir una oportunidad para examinar su gestión, sus propuestas y las controversias que afectan al Gobierno terminó convertido en una sucesión de preguntas sobre su dimisión, con continuas referencias a escándalos judiciales, acusaciones de sus adversarios políticos e hipótesis que todavía no han sido demostradas.

La entrevista comenzó prácticamente con una petición de dimisión. Griso enumeró las víctimas de dos accidentes ferroviarios, los presupuestos pendientes y una larga relación de procedimientos judiciales para terminar preguntando: «¿Qué tiene que pasar en este país para que usted dimita?». Apenas unos minutos después insistió: «¿Cuánto tardará usted?».

Preguntar por la responsabilidad política del presidente es completamente legítimo. También lo es cuestionar su gestión ante tragedias, decisiones polémicas o investigaciones judiciales. El problema aparece cuando las preguntas incorporan afirmaciones no acreditadas, mezclan situaciones jurídicas distintas o presentan como evidente una conclusión que corresponde demostrar.

Fue precisamente ese el principal defecto de una entrevista en la que, por momentos, resultaba difícil distinguir entre el interrogatorio periodístico y la reproducción de algunos de los argumentos más habituales de la oposición.

La dimisión como punto de partida, no como conclusión

Griso no esperó a examinar las explicaciones de Sánchez para plantear su continuidad en el Gobierno. La dimisión apareció desde el comienzo como desenlace deseable de las responsabilidades que la presentadora atribuía al presidente.

Sánchez recordó que Óscar Puente había dejado el Ministerio de Transportes tras los accidentes ferroviarios y defendió que su Ejecutivo había respondido a distintas crisis dando la cara y asumiendo responsabilidades.

Puede discutirse si esas respuestas han sido suficientes y si las decisiones del Gobierno estuvieron a la altura de las circunstancias. Sin embargo, las responsabilidades políticas no se determinan automáticamente por la suma de tragedias, investigaciones y acusaciones judiciales sin distinguir su naturaleza.

La entrevista tampoco separó siempre con suficiente claridad a personas condenadas, investigadas o simplemente mencionadas en informaciones periodísticas. Esa distinción resulta fundamental cuando se habla de corrupción y se señalan responsabilidades individuales.

El insulto de Ayuso convertido en una «reacción humana»

Uno de los momentos más reveladores llegó cuando Sánchez recordó el episodio protagonizado por Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados, conocido por la expresión «me gusta la fruta».

Griso sostuvo que la presidenta madrileña había reaccionado a unas palabras de Sánchez sobre su hermano y defendió que se trataba de «una reacción humana», añadiendo que Ayuso supuestamente no sabía que las cámaras estaban captando su comentario.

El presidente respondió preguntando si también podía considerarse una reacción humana ponerse posteriormente camisetas con aquella expresión.

«Si usted considera normal que al presidente del Gobierno se le llame hijo de puta diciendo “me gusta la fruta”, es su opinión. Para mí es absolutamente condenable», señaló Sánchez.

La diferencia entre explicar el contexto de un insulto y justificarlo es importante. La presentadora podía recordar las palabras previas del presidente sobre el hermano de Ayuso sin reducir una descalificación personal a una reacción comprensible.

Más sorprendente todavía resultó que, después de defender esa explicación, reprochara a Sánchez haber ridiculizado en ocasiones a Alberto Núñez Feijóo.

Insultar y ridiculizar no son conductas idénticas. Tampoco todas las formas de confrontación política tienen la misma gravedad, aunque deban someterse a crítica.

«Si usted considera normal que al presidente del Gobierno se le llame hijo de puta diciendo “me gusta la fruta”, es su opinión. Para mí es absolutamente condenable», señaló Sánchez.

ETA y Bildu: una insinuación de pacto secreto sin pruebas concluyentes

Otro de los episodios más controvertidos fue la insinuación de que el apoyo de EH Bildu al Gobierno estaba relacionado con una supuesta excarcelación pactada de presos de ETA.

Griso recuperó declaraciones de Arnaldo Otegi de 2021 y vinculó el apoyo parlamentario de Bildu con los cambios de régimen penitenciario producidos desde la transferencia de competencias al País Vasco.

La presentadora llegó a referirse a un supuesto «pacto secreto», sin aportar documentación que demostrase su existencia.

Los datos permiten una precisión esencial: en octubre de 2026 quedaban alrededor de 110 personas condenadas por terrorismo de ETA cumpliendo penas, la mayoría en diferentes situaciones penitenciarias, incluidas fórmulas de semilibertad. El tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario no equivalen a una excarcelación definitiva ni a la extinción de la condena. Las decisiones penitenciarias se someten, además, a un marco legal y a controles judiciales que permiten recurrir determinadas resoluciones.

La transferencia de competencias al Gobierno vasco es un hecho acreditado. La existencia de un acuerdo secreto para intercambiar beneficios penitenciarios por apoyos parlamentarios es una acusación diferente, que requiere pruebas.

Sánchez recordó durante la entrevista que el Gobierno central no decide libremente la excarcelación de los presos y reivindicó el papel de los gobiernos socialistas en el final de la violencia de ETA.

Las supuestas cloacas y la amenaza contra una jueza

La entrevista alcanzó otro momento de máxima tensión cuando Griso abordó las investigaciones relacionadas con la jueza Beatriz Biedma y la presunta intervención de un exjuez y otras personas en amenazas contra ella.

La periodista planteó si aquellas acusaciones podían implicar a supuestas cloacas del PSOE y afirmó que, si se demostraban, un Gobierno podría caer.

La gravedad de unas presuntas amenazas contra una magistrada es indiscutible. Precisamente por eso, su tratamiento periodístico exige diferenciar lo investigado de las responsabilidades políticas que todavía no han sido acreditadas.

El juez Santiago Pedraz rechazó, por el momento, ampliar la imputación al PSOE en el procedimiento relacionado con Leire Díez. La documentación judicial conocida no acredita que los hechos denunciados por Biedma se produjeran en concierto con esa investigada o por encargo del partido.

Eso no significa que las investigaciones estén cerradas ni que todas las conductas denunciadas hayan quedado descartadas. Significa que no puede atribuirse al PSOE una responsabilidad que no ha sido demostrada judicialmente.

Sánchez rechazó cualquier participación de su organización y condenó las supuestas amenazas, al tiempo que cuestionó determinadas instrucciones judiciales que afectan a personas de su entorno familiar.

El funeral de Urda y el pódcast de Jordi Wild: una acusación discutida

Griso también reprochó a Sánchez que hubiera cambiado el funeral religioso de las víctimas del accidente ferroviario de Urda por la grabación de una entrevista con Jordi Wild.

El presidente negó esa versión y aseguró que no había estado grabando el pódcast cuando se celebraba la misa. La coincidencia de ambas actividades en una misma fecha había sido difundida previamente por distintos medios, pero esa circunstancia no demuestra por sí sola que Sánchez decidiera sustituir deliberadamente su asistencia al funeral por la grabación.

La ausencia del presidente en una ceremonia de homenaje a las víctimas puede someterse a crítica política y periodística. Otra cuestión es afirmar que prefirió grabar un programa en ese mismo momento sin disponer de una cronología acreditada.

La presentadora insistió en esa interpretación incluso después de que Sánchez negara la coincidencia horaria. La discusión terminó desplazándose desde las actuaciones de apoyo a las víctimas y las investigaciones ferroviarias hacia la explicación de una decisión personal que, legítimamente, podía cuestionarse, pero cuya motivación no estaba demostrada.

Begoña Gómez y el uso de las sospechas como argumento

Las preguntas sobre Begoña Gómez también reflejaron esa tendencia a introducir conclusiones implícitas. Griso cuestionó si la esposa del presidente habría obtenido una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de no haber estado casada con él, subrayando que no contaba con una determinada titulación universitaria.

Sánchez recordó su trayectoria profesional anterior a 2018, sus actividades docentes desde 2012 y las características de las cátedras extraordinarias.

La pregunta sobre posibles conflictos de intereses es legítima y cualquier irregularidad debe investigarse. Pero la falta de una titulación universitaria concreta no demuestra por sí sola la concesión irregular de una cátedra extraordinaria, cuya naturaleza y requisitos no son idénticos a los de una plaza ordinaria de profesor universitario.

Tampoco puede confundirse una investigación judicial abierta con una declaración de culpabilidad.

Ceuta: hechos contrastados y acusaciones políticas

La crisis migratoria de Ceuta constituyó otro de los grandes bloques de la entrevista, con preguntas sobre la actuación de Marruecos, la respuesta gubernamental y el desplazamiento posterior de Sánchez a Lanzarote.

Las cifras de entradas durante los días 30 y 31 de julio han sufrido importantes revisiones. El Gobierno elevó posteriormente la estimación hasta unas 80.000 personas, después de que inicialmente se difundieran cantidades inferiores.

Griso tenía motivos para exigir explicaciones por esas diferencias y por la gestión de una crisis de semejante magnitud. Sin embargo, la atribución de su organización al Estado marroquí requiere pruebas que no pueden sustituirse por sospechas políticas. El último análisis conocido del CNI no había obtenido evidencias concluyentes de una operación coordinada por las autoridades de Marruecos.

Eso no descarta posibles responsabilidades individuales ni impide continuar investigando, pero obliga a distinguir las hipótesis de las conclusiones de inteligencia.

La economía quedó desplazada por la sucesión de escándalos

Uno de los aspectos más significativos de la entrevista fue el escaso espacio dedicado al balance económico del Gobierno, pese a que Griso había anunciado que preguntaría tanto por la macroeconomía como por la situación cotidiana de los ciudadanos.

Sánchez recordó la reforma laboral, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo y los niveles de afiliación a la Seguridad Social.

También citó las nuevas previsiones económicas de la Comisión Europea, publicadas el día anterior. Bruselas estima que España crecerá un 2,6 % en 2026, por encima de Alemania, Francia e Italia y de la media de la eurozona, situada en el 1,2 %. Son datos oficiales que respaldan una parte importante del balance económico defendido por el presidente.

Naturalmente, también existen dificultades: la inflación prevista alcanza el 3,9 %, la vivienda continúa siendo uno de los grandes problemas sociales y la desigualdad sigue afectando a numerosas familias.

Precisamente por eso resultaba especialmente pertinente examinar esas cuestiones con detenimiento, contrastando los avances con sus límites, en lugar de relegarlas ante la acumulación de controversias judiciales y políticas.

La obligación del periodismo es preguntar, pero también comprobar

Una entrevista rigurosa no tiene por qué ser cómoda para el presidente del Gobierno. De hecho, una de las funciones fundamentales del periodismo consiste en someter a quienes ejercen el poder a preguntas exigentes sobre sus decisiones, contradicciones y responsabilidades.

Pero una entrevista incómoda no es necesariamente una entrevista equilibrada. La desarrollada por Susanna Griso mostró una orientación crítica muy marcada hacia Sánchez, con insistentes referencias a su dimisión, numerosas acusaciones pendientes de acreditación y un tratamiento desigual de algunas expresiones políticas, especialmente cuando se justificó el insulto de Ayuso.

Ese planteamiento es objeto legítimo de crítica periodística, aunque no permita afirmar sin pruebas que la presentadora actuó siguiendo instrucciones de un partido o con el propósito concertado de provocar la salida de Sánchez del Gobierno.

Pedro Sánchez debe responder por sus decisiones, por sus nombramientos y por los resultados de su gestión. Las investigaciones judiciales deben avanzar con independencia y las víctimas de las tragedias tienen derecho a conocer qué ocurrió y quiénes fueron responsables.

Pero esa exigencia debe aplicarse con el mismo rigor a todos los dirigentes políticos y sin convertir una sospecha en una culpabilidad anticipada.

La independencia periodística no se demuestra por la dureza de una pregunta, sino por la precisión de sus premisas, la comprobación de los hechos y la capacidad de exigir responsabilidades sin sustituir las pruebas por insinuaciones.

Ese fue el aspecto más cuestionable de una entrevista en la que las acusaciones ocuparon mucho más espacio que el examen completo de ocho años de Gobierno.

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