La verdad en los suburbios del poder raras veces estalla de golpe. Más bien gotea, constante y silenciosa, hasta que termina por agrietar los muros más firmes. Este lunes, en la Audiencia Nacional, la historia del polémico rescate a Plus Ultra ha sufrido precisamente uno de esos golpes que lo pueden cambiar todo.
Julio Martínez Sola, el expresidente de la compañía, se ha sentado ante el juez José Luis Calama Teixeira para confirmar lo que muchos sospechaban pero nadie había querido decir en voz alta: que cuando una empresa está con el agua al cuello, las reglas escritas suelen importar bastante menos que los contactos adecuados.
En el centro del caso hay una cifra mareante: 53 millones de euros de dinero público aprobados por la SEPI en lo peor de la pandemia. Lo que entonces se vendió desde los órganos oficiales como un rescate técnico para salvar una compañía "estratégica", hoy se lee de otra forma. Es la crónica de un grupo de directivos desesperados, comisiones bajo la mesa y la sombra alargada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Para entender este embrollo hay que viajar a enero de 2021. Las salas de embarque todavía estaban prácticamente vacías, como lo habían estado desde el mes de marzo, los aviones en tierra y en las oficinas de Plus Ultra las cuentas no daban. Cumplir con los requisitos legales no bastaba para garantizar que el dinero público fuera a llegar a tiempo. La quiebra era cuestión de semanas.
Fue entonces cuando la cúpula decidió llamar a la puerta de Idella Consulenza. Detrás de esta firma estaba Julio Martínez, amigo personal y considerado el hombre de paja o testaferro de Zapatero. La propuesta, según lo declarado hoy en la Audiencia Nacional, no se andaba con chiquitas: se pactó una "tarifa de éxito" del 1% del rescate total si el dinero de la SEPI terminaba cayendo. Unos 640.000 euros al cambio con impuestos.
Aquel borrador de contrato, claro, era tan peligroso que terminaron destruyéndolo antes de firmar. Pero los compromisos, en esos mundos de moqueta y pasillo, no se borran con un sello de "cancelado".
La aerolínea terminó pagando, según el testimonio de Martínez Sola, esa misma cifra fraccionando las facturas entre tres empresas distintas. Y no solo eso: le sumaron casi 50 billetes de avión en clase business para viajes internacionales que nadie pagó jamás. En la contabilidad oficial lo llamaron, con bastante elegancia, "labores de acompañamiento". En el lenguaje de la calle, toda la vida se le ha dicho pagar el peaje.
Pagar sin hacer preguntas
Lo más revelador de la declaración de Martínez Sola no es el dinero en sí, sino el miedo. El propio empresario admitió ante el juez que nunca vieron una sola prueba de las gestiones que ese "grupo de influencia" hizo ante los ministerios. Simplemente no preguntaron.
Tenían pánico a que, si no soltaban el 1%, el dinero que necesitaban para no bajar la persiana simplemente se "atascara" en algún despacho de Madrid. Pagaron ante la duda. Por si acaso.
Ahí es donde el caso deja de ser un feo asunto de comisiones para convertirse en algo bastante más turbio. En el fondo, podría demostrar cómo muchos empresarios asumen que el Estado funciona mediante circuitos informales, donde la mera sombra de un exjefe del Ejecutivo basta para abrir puertas que de otro modo seguirían cerradas a cal y canto.
Caracas-Madrid
El asunto, además, salpica directamente a la diplomacia internacional. Nadie ignora el papel que Zapatero ha jugado durante años como interlocutor clave con el gobierno de Nicolás Maduro. Y Plus Ultra, con un accionariado muy vinculado a fortunas venezolanas cercanas al poder en Caracas, siempre fue vista como un puente aéreo vital entre ambos países.
El pago de estas presuntas comisiones bajo sospecha no parece un hecho aislado. Es más bien una pieza más de un puzle donde los favores, los rescates estatales y las relaciones trasatlánticas se cruzan peligrosamente.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.