El salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve al centro del debate político español. A trece días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Gobierno se dispone a aprobar una subida del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, es decir, 18.004 euros anuales. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros dará luz verde a la medida este martes acompañada de mecanismos fiscales para evitar que la nueva cuantía tribute.
El incremento supone 65 euros más al mes respecto al salario mínimo vigente, consolida una trayectoria de crecimiento que, según los datos difundidos por Trabajo y las organizaciones sindicales, acumula alrededor de un 75% desde 2018. Díaz ha calificado la decisión de jornada importante para el país y ha reivindicado el SMI como una herramienta para combatir la pobreza. También lo ha presentado como uno de los principales logros del Ejecutivo.
Pero la dimensión económica de la medida convive con una evidente lectura política. Su aprobación en plena campaña electoral convierte una decisión laboral de alcance nacional en uno de los asuntos centrales de la disputa entre Gobierno, sindicatos y patronal. La CEOE ha acusado al Ejecutivo de utilizar políticamente su capacidad legislativa y ha reclamado que sea el Gobierno que salga de las urnas quien negocie la actualización a partir de diciembre.
El pulso entre Trabajo, los sindicatos y la patronal
La controversia no está únicamente en el calendario. La subida del 5,3% supera el 4,9% recomendado por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, pero se queda por debajo del 7% que habían reclamado UGT y CCOO. Las centrales sindicales han valorado el incremento, aunque mantienen sus reivindicaciones para que la mejora llegue íntegramente a las nóminas. La patronal, por su parte, cuestiona que se adelante la decisión sin esperar al resultado electoral y reclama una negociación con mayor información económica.
La diferencia de posiciones refleja una discusión de fondo sobre cómo repartir el coste de la mejora salarial y qué responsabilidad corresponde a empresas y administraciones. Para el Gobierno, elevar el suelo salarial significa reforzar los ingresos de quienes perciben las remuneraciones más bajas. Para la patronal, la decisión debe atender también a la situación de las empresas y a la evolución de la economía. Los sindicatos, aunque reconocen el avance, exigen que el aumento no quede diluido por otros conceptos retributivos o por las condiciones de aplicación.
Díaz ha trasladado además el debate a la negociación colectiva. Reclama que patronal y sindicatos incorporen una referencia salarial del 5,3% al nuevo acuerdo que deberían negociar. La petición busca extender el efecto de la subida más allá de quienes cobran estrictamente el mínimo. Aunque su aplicación dependerá de una negociación que todavía no se ha materializado.
El reproche al PSOE por el registro horario
La ministra también ha abierto un nuevo frente dentro del propio Ejecutivo. Ha reprochado al PSOE que incluya el registro horario en su programa electoral cuando, según ha denunciado, no ha querido aprobarlo durante la legislatura. Díaz sostiene que la norma está preparada y que podría llegar al Consejo de Ministros antes de las elecciones. Su argumento apunta a las 2,5 millones de horas extraordinarias semanales no remuneradas que, según sus declaraciones, se realizan en España y acusa a quienes bloquean el control de ponerse del lado de las irregularidades laborales.
El reproche tiene una lectura política añadida. Evidencia las tensiones entre los socios del Gobierno en un momento en que cada formación intenta reivindicar sus compromisos ante el electorado. La subida del SMI y el registro horario aparecen así unidos por una misma cuestión: quién puede presentar resultados concretos en materia de derechos laborales.
La decisión prevista para este martes elevará el salario mínimo, pero no cerrará el debate. Quedarán pendientes la negociación salarial, las garantías para que el incremento se perciba íntegramente y el futuro del control horario. En vísperas del 29-N, el SMI de 2027 es mucho más que una cifra. Representa una medida económica con consecuencias directas sobre los trabajadores y, al mismo tiempo, un argumento político sobre el modelo laboral que cada actor defiende.
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