El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta una tormenta perfecta donde las terminales del poder del Estado han comenzado a actuar como cajas de resonancia de sus peores pesadillas judiciales. Lo que en principio se planteó como una respuesta de emergencia para sostener el tejido empresarial tras la pandemia, se ha transformado en un bumerán político de consecuencias imprevisibles. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el gigantesco holding público que administra las empresas del Estado, ha dejado de ser un fortín gubernamental para convertirse en el potencial verdugo del Gobierno de Sánchez, acorralado por las investigaciones judiciales que apuntan directamente a su Consejo Gestor.
El cerco judicial se despliega en dos frentes simultáneos que conectan las cloacas de la fontanería del partido con las decisiones estratégicas del Consejo de Ministros. Por un lado, las notas manuscritas de una exmilitante con interlocución privilegiada desnudaron las presuntas tramas internas de las empresas públicas; por el otro, la apertura de una investigación penal por el rescate de Air Europa coloca a figuras clave de la estructura gubernamental a un paso de la imputación por prevaricación. La SEPI, lejos de proteger al presidente, amenaza con arrastrar en su caída a la primera línea del sanchismo.
Los cuadernos de Leire Díez
El primer gran golpe al núcleo del Gobierno llegó de forma silenciosa, camuflado en cuadernos de notas y agendas de uso cotidiano. Durante un registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la vivienda de la exmilitante socialista Leire Díez, los agentes incautaron cerca de una veintena de agendas y manuscritos que ya forman parte de un sumario explosivo en la Audiencia Nacional. La investigación, dirigida por el juez Santiago Pedraz, apunta a que Díez coordinó una operativa ilegal para entorpecer la acción de la justicia y frenar los casos de corrupción que salpicaban al PSOE y al propio Ejecutivo.
La relevancia de los cuadernos radica en la privilegiada posición que ostentó la exmilitante dentro del aparato estatal. Entre 2018 y 2021, Leire Díez ejerció como jefa de comunicación en Enusa, y posteriormente se integró en la dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos bajo el amparo de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de su llegada a La Moncloa. Sus anotaciones reflejan reuniones, llamadas y confidencias que obtuvo gracias a su interlocución con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien también se encuentra imputado en la causa.
Las páginas incautadas revelan detalles sumamente comprometedores sobre presuntas corruptelas en filiales dependientes de la SEPI. En una agenda de la marca Stradivarius, Díez dejó constancia de una auditoría en Tragsa Brasil que arrojó "porquería" enviada al Tribunal de Cuentas, además de consignar el pago de "facturas ilegales" y sobresueldos no aprobados en la delegación de Tragsa Ecuador. Asimismo, sus notas revelan el pánico interno ante las peticiones de información a través del Portal de Transparencia sobre las dietas de los consejeros en empresas públicas, anotando frases que reflejan el temor a que "se descubra que se pagan comisiones delegando el voto".
El rescate de Air Europa y la imputación de Bartolomé Lora
Si las libretas de Leire Díez debilitaron los cimientos éticos del relato gubernamental, la reactivación judicial de los rescates financieros ha activado las alarmas de la Moncloa en el plano estrictamente penal. El titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, José María Escribano, ha abierto la primera gran causa penal sobre la ayuda pública de 475 millones de euros concedida a la aerolínea Air Europa. El magistrado ya ha citado como investigado al entonces presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, atribuyéndole un presunto delito de prevaricación.
La ofensiva del juez Escribano apunta directo a la línea de flotación de Pedro Sánchez al exigir a la SEPI la identificación inmediata de todos los miembros del Consejo Gestor que avalaron el rescate por unanimidad el 29 de octubre de 2020. El magistrado ha reclamado de forma exhaustiva los expedientes íntegros, borradores, briefings y comunicaciones internas mantenidas con los gabinetes ministeriales. El problema político para el presidente del Gobierno radica en que la decisión de otorgar los fondos no fue un acto individual de Lora, sino el resultado del voto conjunto de un Consejo Gestor que funcionaba como el filtro obligatorio antes de que el Consejo de Ministros autorizara definitivamente la inyección económica.
Un Consejo Gestor cercado por la sombra de la prevaricación
El auto judicial coloca en una situación procesal extremadamente vulnerable a figuras de la máxima confianza del sanchismo que en 2020 ocupaban un segundo escalón del poder y que hoy sostienen pilares fundamentales de la gobernanza del país. Entre los vocales permanentes que firmaron el acta confidencial del rescate se encuentran la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; el actual presidente de Correos, Pedro Saura; y el secretario general de Industria, Raül Blanco. Al estar imputado el delito de prevaricación sobre el presidente de la SEPI, el juez evalúa si incluye al resto de los votantes en la lista formal de investigados.
La inquietud en los ministerios es máxima, puesto que este mismo grupo de altos cargos ya resultó imputado en 2021 por el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, un procedimiento que terminó archivado debido a un error de plazos procesales que supuso un cierre en falso. En esta ocasión, la investigación por el caso Air Europa cuenta con un elemento diferenciador y altamente político: la participación excepcional en las deliberaciones de Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de la Moncloa y mano derecha de Pedro Sánchez en materia de estrategia financiera. La presencia de De la Rocha, documentada en las actas de las ayudas a Air Europa y Duro Felguera, rompe el cordón sanitario que la Moncloa solía interponer entre las decisiones de la SEPI y el despacho del presidente.
La conexión con Santos Cerdán y la comparecencia de Cristina Narbona
El escándalo de la SEPI y la fontanería del PSOE vuelven a cruzarse en los tribunales mediante las ramificaciones del entramado de Leire Díez. A pesar de que la exmilitante y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, negaron mantener una relación estrecha cuando saltó la polémica y ella renunció a su militancia antes del verano de 2025, los cuadernos de la UCO contradicen la versión oficial. Los manuscritos demuestran que Díez conocía al detalle la agenda de Cerdán desde 2021, registrando citas con empresarios investigados por el presunto amaño de obras públicas.
La onda de choque de este sumario ha alcanzado la cúspide de la estructura orgánica del partido. El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo para el próximo 10 de julio a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Los informes de la Guardia Civil revelan una llamada interceptada el 24 de abril de 2024 en la que Leire Díez le proponía a Narbona una estrategia para "reconducir" los ataques mediáticos y judiciales contra el presidente del Gobierno, ofreciendo una "ayuda cualificada" para darle la vuelta al asunto "como un calcetín". En esa misma conversación, la propia Narbona admitió que Díez ya le había trasladado esos mismos planes a Santos Cerdán días atrás, evidenciando que la cúpula socialista estaba al tanto de las maniobras de contención.
El precedente de Plus Ultra: el primer aviso que el Gobierno cerró en falso
El fantasma de la impunidad administrativa ha vuelto a sobrevolar los despachos de la Moncloa, reactivando las alarmas por un viejo conocido judicial que el Ejecutivo creía haber enterrado para siempre. La actual investigación penal por el rescate de Air Europa es imposible de descifrar sin volver la vista atrás hacia la causa del rescate de Plus Ultra, la polémica ayuda pública de 53 millones de euros concedida en marzo de 2021 a una aerolínea con una cuota de mercado insignificante y acusada de no cumplir con los requisitos mínimos de viabilidad estratégica. Aquel episodio constituyó el primer gran aviso de que el funcionamiento interno del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas cojeaba en términos de neutralidad y transparencia.
Aquel procedimiento judicial situó en el ojo del huracán exactamente a las mismas figuras que hoy vuelven a estar en la diana del juez José María Escribano. En 2021, los miembros permanentes del Consejo Gestor de la SEPI (entre los que figuraban la hoy vicepresidenta Sara Aagesen, Ana de la Cueva, Pilar Paneque y Raül Blanco) terminaron formalmente imputados por presuntos delitos de malversación y prevaricación al avalar una inyección económica bajo sospecha. Sin embargo, la fortuna procesal se alió en aquel momento con los intereses de la Moncloa: el caso terminó archivándose debido a un clamoroso error de los plazos legales, ya que el juzgado no amplió a tiempo el periodo de instrucción, forzando un sobreseimiento por motivos técnicos que se percibió en el ámbito político como un evidente cierre en falso.
Aquel carpetazo burocrático insufló una falsa sensación de seguridad en los comités técnicos de la SEPI, cuyos gestores continuaron operando bajo la premisa de que los avales formales de los ministerios y del Tribunal de Cuentas bastarían para contener futuras ofensivas judiciales. No obstante, las notas incautadas por la UCO a Leire Díez demuestran que la inquietud interna nunca llegó a desaparecer por completo. Los manuscritos de la exmilitante reflejan la preocupación por las querellas de formaciones políticas como Vox contra los administradores del Fondo de Solvencia, plasmando dilemas explícitos sobre si era preferible mantener al frente de las operaciones complejas a directivos investigados o arriesgarse a paralizar las ayudas.
El gran error de cálculo del entorno de Pedro Sánchez consistió en asumir que el archivo del expediente de Plus Ultra inmunizaba el resto de las operaciones postpandemia. La apertura de las diligencias por los 475 millones entregados a Air Europa demuestra todo lo contrario: el juez Escribano ha recogido el testigo de aquellas dudas y ha reclamado un nivel de detalle documental tan exhaustivo que impide utilizar los antiguos cortafuegos administrativos. El holding público no solo vuelve a revivir su peor pesadilla judicial, sino que esta vez el proceso esquiva los errores técnicos del pasado, amenazando con convertir la impunidad de Plus Ultra en el detonante de una condena política y penal definitiva para el Consejo Gestor de la SEPI.
El fin del relato de la solvencia técnica
Aunque Bartolomé Lora defendió ante la comisión de investigación del Senado el rigor de los expedientes de la SEPI y se amparó en los avales iniciales del Tribunal de Cuentas, el propio organismo fiscalizador encendió los recelos al subrayar la celeridad inusual con la que se tramitó la ayuda a Air Europa en comparación con la treintena de rescates postpandemia. El procedimiento exprés, sumado a las investigaciones paralelas sobre el cobro de presuntas mordidas por parte del exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama, ha terminado por demoler la tesis de la estricta neutralidad técnica del holding público.
La SEPI se ha transformado en el epicentro de una crisis política total que amenaza con devorar al Ejecutivo por su base administrativa. Si el juez Escribano decide extender la imputación por prevaricación a las ministras y altos cargos que integraban el Consejo Gestor, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrentará a una crisis de legitimidad institucional sin precedentes. El holding diseñado para salvar a las empresas estratégicas del Estado se perfila hoy como el instrumento que puede terminar por certificar el hundimiento político de la Moncloa.