España presume de un sistema sanitario público universal al que cada día que pasa se le van viendo las costuras. El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024 deja al descubierto una verdad incómoda: el SNS no funciona porque esté bien diseñado, financiado o gobernado, sino porque sus profesionales lo mantienen en pie a costa de su propia salud y dignidad laboral. Es un modelo que no descansa sobre la planificación, sino sobre la resistencia humana. Y eso, en términos de política pública, es una forma de irresponsabilidad estructural.
Con más de 49,4 millones de habitantes, una población crecientemente envejecida y un 96,7% de la ciudadanía dependiente directamente del sistema público, el España sigue gestionando la sanidad como si el país fuera más joven, más pequeño y menos desigual. La presión asistencial crece de forma previsible, casi matemática. Lo que no crece al mismo ritmo es la capacidad del sistema para absorberla.
Los datos son elocuentes hasta la obscenidad: 241 millones de consultas médicas en Atención Primaria, 143 millones de consultas de enfermería, 90 millones de consultas hospitalarias, 4 millones de ingresos, 3,7 millones de intervenciones quirúrgicas y 66 millones de episodios de urgencias en un solo año. Este no es un sistema tensionado por una crisis puntual. Es un sistema permanentemente sobreexplotado, que funciona como una infraestructura crítica sin margen de seguridad.
Estado ausente, profesionales omnipresentes
Ante esta realidad, el discurso político insiste en la resiliencia del sistema. Pero la resiliencia no es una política pública, es una coartada porque quienes están sosteniendo la sanidad pública no son los despachos de los políticos, son los trabajadores. Traducido a términos menos diplomáticos: el Estado, tanto el gobierno central como los autonómicos, ha delegado su responsabilidad estructural en la vocación y el agotamiento de sus trabajadores.
El SNS se ha convertido así en un ejemplo paradigmático de lo que ocurre cuando la administración confunde compromiso profesional con recurso infinito. Se planifica como si el personal sanitario pudiera absorber indefinidamente más pacientes, más tareas y más complejidad clínica, sin refuerzos proporcionales, sin estabilidad laboral y sin reconocimiento profesional real.
Este modelo no es neutro. Produce profesionales exhaustos, servicios frágiles y una calidad asistencial que depende peligrosamente del sacrificio individual. Cuando un sistema necesita heroísmo cotidiano para funcionar, ya ha fracasado como política pública.
Los TCAE y la jerarquía del olvido
El conflicto de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) ilustra con crudeza esta lógica de abandono institucional. Se han convocado huelgas y concentraciones estatales para exigir algo que en cualquier sistema racional sería obvio: reconocimiento profesional, clasificación adecuada y condiciones laborales acordes a las funciones reales.
Que un colectivo esencial para el funcionamiento diario de hospitales y centros de salud siga infravalorado no es un accidente administrativo. Es una decisión política por omisión. El Estado se beneficia de su trabajo, pero externaliza el coste del desgaste, confiando en que la vocación supla la falta de derechos.
Desigualdad social, enfermedad estructural
El informe añade una dimensión aún más inquietante: la desigualdad social se traduce directamente en desigualdad en salud. La percepción de buena salud cae más de 13 puntos entre las clases sociales menos favorecidas. No es un fallo colateral del sistema, sino la consecuencia directa de permitir que la precariedad crezca dentro y fuera de la sanidad.
Un Estado que precariza a quienes cuidan y tolera el aumento de la pobreza no puede, por definición, garantizar una sanidad justa. La salud pública no se protege solo con hospitales abiertos, sino con políticas laborales, sociales y sanitarias coherentes entre sí. España está fallando en esa coherencia.
El espejismo de la sostenibilidad
El gran autoengaño es llamar “sostenible” a un sistema que se mantiene gracias a horas extra no pagadas, contratos temporales encadenados y una presión emocional constante sobre las plantillas. Eso no es sostenibilidad; es consumo acelerado de capital humano.
Las exigencias de refuerzo de plantillas, estabilidad, reconocimiento profesional y planificación están basadas en datos. No es una agenda radical. Es, de hecho, el mínimo exigible para cualquier Estado que pretenda tomarse en serio su sanidad pública.
La conclusión es incómoda pero inevitable: el SNS no se mantiene por diseño, sino por sacrificio. Y un Estado que normaliza ese sacrificio como modelo de gestión no está defendiendo lo público, lo está desgastando lentamente hasta hacerlo irreparable.
La sanidad española sigue funcionando, sí. Pero lo hace a pesar del Estado, no gracias a él. Y ese es un diagnóstico que ningún informe debería ignorar.