La metamorfosis de la Formación Profesional en España ha dejado de ser una simple reforma administrativa para transformarse en el eje central de la estrategia de competitividad nacional. El presidente Pedro Sánchez ha definido este giro estructural como una victoria necesaria sobre una cultura que, durante décadas, condenó los oficios prácticos al ostracismo. Según palabras del propio mandatario, en el pasado la formación profesional estuvo «injustamente minusvalorada» y se hablaba de ella «con condescendencia, incluso con desprecio», lo que provocó que el país dejara de mirar al talento práctico con el respeto que merecía. Sin embargo, el escenario actual refleja un cambio de paradigma donde la FP ha pasado de ser un «plan B» a convertirse, para miles de jóvenes, en el «plan A de su vida».
Este éxito, respaldado por una inversión que ha escalado de los 187 millones de euros en 2018 a superar los 1.200 millones anuales, ha traído consigo un crecimiento acelerado que el Ejecutivo ahora se propone ordenar. Sánchez ha sido tajante al señalar que el éxito tiene riesgos, específicamente el de «permitir que el crecimiento se desordene». El diagnóstico oficial apunta a una expansión asimétrica donde la oferta privada ha crecido más del doble que la pública, detectándose casos de jóvenes que pagan entre «3.000 y 9.000 euros por un ciclo» sin que ello garantice siempre la calidad o la conexión real con el empleo. Ante esta deriva, el presidente ha anunciado una ofensiva contra los centros que no cumplan con los estándares mínimos, advirtiendo que no se permitirá una «mercantilización sin calidad ni crecimiento sin equidad».
La medida estrella para combatir la proliferación de estos centros de dudosa solvencia técnica será un real decreto destinado a «blindar la calidad», estableciendo límites estrictos a la apertura de centros privados que no aseguren estándares adecuados. El presidente ha subrayado que «el futuro de un joven no puede depender de dónde nazca ni de cuánto ganen sus padres», por lo que la regulación buscará impedir que el auge de la FP derive en una nueva brecha social. Esta intervención gubernamental pretende poner orden en un mercado educativo donde, según el mandatario, parte de la oferta «no siempre viene acompañada de la misma calidad, medios, prácticas en empresa o conexión real con el tejido productivo», lo que obliga al Estado a intervenir para proteger el prestigio del sistema.
Para compensar esta restricción y seguir garantizando el acceso a una formación puntera, el Ejecutivo reforzará la red pública con la apertura de diez nuevos centros de excelencia en 2026. Esta estrategia busca que la revolución de las competencias que atraviesa España no se vea empañada por un crecimiento descontrolado de ofertas mediocres. Sánchez ha concluido que, si bien la transformación ha sido profunda, ahora toca «gobernar el éxito» para asegurar que la FP siga siendo una historia de éxito colectiva. Al elevar las exigencias a los centros privados y potenciar los centros de referencia nacional, el Gobierno intenta blindar un modelo educativo que ya cuenta con tasas de inserción laboral cercanas al 90 % y que aspira a ser el motor definitivo para reducir el desempleo estructural en la próxima década.