Pedro Sánchez convirtió la firma de la nueva subida del salario mínimo interprofesional en algo más que un acto administrativo. Señaló una ausencia —la de la CEOE— y la transformó en argumento político. Con el SMI en 1.221 euros por catorce pagas desde el 1 de enero de 2026, un 3,1% más que en 2025, el Gobierno insiste en que el crecimiento económico debe trasladarse a las nóminas. La patronal, que se ha desmarcado del acuerdo suscrito con CCOO y UGT, sostiene que el margen es limitado.El debate real es otro: quién se queda con los frutos del ciclo expansivo.
Ocho subidas y un cambio estructural
Desde 2018, el salario mínimo ha pasado de 735 euros a 1.221. Un aumento acumulado del 66% en ocho años. No es un ajuste coyuntural, es una transformación estructural del suelo salarial en España. Según los datos del Ministerio de Trabajo, alrededor de 2,5 millones de personas se benefician directamente de la medida, con especial impacto en mujeres y jóvenes, que concentran mayor precariedad.
Los críticos anticiparon destrucción de empleo en cada incremento. Sin embargo, el mercado laboral ha seguido creciendo. España cerró 2025 con tasas de ocupación récord y un crecimiento del PIB cercano al 2,8%, muy por encima de la media europea. Es legítimo discutir la causalidad, pero los datos desmontan el automatismo entre subida del salario mínimo y colapso del empleo.
El Gobierno apela a la evidencia empírica. La CEOE, en cambio, ha optado por no rubricar el acuerdo. La ausencia es simbólica, pero también estratégica: evita legitimar una senda que tensiona la negociación colectiva futura.
Beneficios en máximos, salarios contenidos
Mientras el SMI sube un 3,1%, los beneficios empresariales han encadenado ejercicios al alza, especialmente en sectores energéticos, financieros y turísticos. El Ibex ha marcado máximos históricos en los últimos meses. El reparto de esa rentabilidad es desigual: los salarios han recuperado poder adquisitivo tras la inflación, pero no al ritmo de los márgenes empresariales. La negociación colectiva es el siguiente campo de batalla.
La negociación que viene
Sánchez no solo defendió el incremento del SMI; pidió explícitamente a la patronal que “pague más” en convenio. Es un mensaje dirigido al corazón del sistema salarial español, donde la mayoría de los trabajadores no cobra el mínimo, pero depende de pactos sectoriales o de empresa.
El Ejecutivo sabe que el salario mínimo tiene un efecto arrastre limitado si no se acompaña de mejoras en escalas superiores. La presión sobre la CEOE apunta a ese terreno: trasladar la bonanza macroeconómica a incrementos generalizados.
La patronal argumenta que muchas pymes operan con márgenes estrechos y que el contexto internacional es incierto. Es cierto que el tejido empresarial español es mayoritariamente pequeño y mediano. También lo es que la recuperación pospandemia ha consolidado beneficios en grandes corporaciones. El problema es que la CEOE habla en nombre de ambas realidades con un discurso homogéneo.
Un pulso político
La subida del SMI es, desde 2019, uno de los ejes identitarios del Gobierno de coalición. Sánchez lo ha convertido en símbolo de un modelo económico alternativo al de la austeridad posterior a la crisis financiera. Entonces, los ajustes recayeron sobre salarios y empleo. Ahora, el Ejecutivo reivindica una salida basada en la mejora de rentas laborales.
El reproche público a la CEOE cumple varias funciones. Refuerza el vínculo con sindicatos, consolida el relato de justicia redistributiva y coloca a la patronal en la posición incómoda de explicar por qué, en un contexto de crecimiento, se opone a una mejora salarial que afecta a los ingresos más bajos.
No es un gesto menor. La discusión sobre el SMI es un anticipo del debate de fondo: qué modelo productivo quiere España en la próxima década. Uno basado en competitividad vía salarios contenidos o en demanda interna sostenida por rentas más altas.
La patronal ha decidido no estar en la foto. El Gobierno ha decidido que esa ausencia sea el titular.