La emergencia ferroviaria de Urda (Toledo) entra en una nueva fase, pero la tragedia está lejos de terminar. Tres días después de la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, el balance oficial se mantiene en 69 fallecidos, 39 personas continúan hospitalizadas en Castilla-La Mancha y numerosas familias siguen pendientes de conocer el destino de sus seres queridos. Mientras avanzan las labores de identificación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que la confianza ciudadana en la alta velocidad española ha quedado seriamente dañada.
«Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en nuestro país», ha admitido Sánchez tras participar en la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la respuesta del Gobierno no puede limitarse a investigar las causas de la colisión. También será necesario adoptar medidas que permitan recuperar la seguridad y la confianza de los viajeros.
Sánchez: investigar no basta, hay que ofrecer soluciones
Pedro Sánchez ha insistido en que España no puede asumir dos accidentes ferroviarios de semejante magnitud en un mismo año. Por ello, ha defendido que el Ministerio de Transportes y el conjunto de las instituciones deben esclarecer lo sucedido y determinar qué actuaciones son necesarias para reforzar el sistema.
«La labor del Gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones», ha afirmado.
El presidente ha reiterado su compromiso con las víctimas y sus familias, especialmente con aquellas que todavía esperan una identificación definitiva. Ha garantizado que continuarán los recursos de apoyo psicológico, humano y material durante todo el proceso.
Sánchez también ha destacado la dimensión internacional del accidente, al señalar que entre las personas que podrían estar afectadas hay ciudadanos de hasta 27 nacionalidades. El Gobierno mantiene contactos con los consulados para facilitar información sobre sus nacionales.
La comparecencia llega en un momento especialmente delicado para el sistema ferroviario español, mientras la investigación intenta esclarecer cómo pudo producirse una colisión por alcance después de que una avería en el sistema de seguridad LZB provocara inicialmente la detención de los trenes.
García-Page confirma 69 fallecidos y 71 altas hospitalarias
Por su parte, Emiliano García-Page ha anunciado que Castilla-La Mancha rebaja la situación de emergencia al nivel uno, lo que permitirá desmovilizar parte de los efectivos desplegados desde el miércoles. Más de 1.300 profesionales han intervenido en las labores de rescate, atención sanitaria y seguridad.
El presidente regional ha confirmado que el balance oficial continúa en 69 fallecidos, aunque ha pedido prudencia porque los equipos forenses todavía trabajan en la identificación de restos humanos recuperados entre los vagones.
La Guardia Civil ha registrado 70 denuncias de desaparición relacionadas con el siniestro, una cifra que no equivale necesariamente al número de personas desaparecidas o fallecidas, dado que los procedimientos de identificación siguen abiertos.
La evolución de los heridos ofrece, sin embargo, noticias esperanzadoras. De los 110 pacientes ingresados inicialmente en los hospitales de Castilla-La Mancha, 71 ya han recibido el alta médica y otros 39 permanecen hospitalizados. García-Page ha destacado una evolución generalmente positiva, incluida la reducción de pacientes que necesitan cuidados intensivos.
Los hospitalizados se distribuyen entre Toledo, con 21 pacientes; Alcázar de San Juan, con nueve; Ciudad Real, con ocho, y Albacete, con uno.
La búsqueda termina, pero comienza un largo proceso para las familias
Una de las actuaciones más complejas de las últimas horas ha sido el movimiento del vagón que permanecía volcado. García-Page ha explicado que los trabajos de bomberos, de la Unidad Militar de Emergencias y de los equipos de grúas permitieron comprobar que no había nuevas víctimas debajo de ese coche.
Sin embargo, el proceso de identificación sigue siendo especialmente difícil por el estado en el que quedaron algunos de los restos recuperados. El presidente autonómico ha pedido sensibilidad y prudencia informativa, especialmente por el sufrimiento de las familias que aguardan noticias.
Ambos dirigentes han agradecido el trabajo de los servicios públicos y la solidaridad de los vecinos de Urda, Los Yébenes y otros municipios cercanos, así como la colaboración de todas las comunidades autónomas.
El descenso del nivel de emergencia marca el final de la fase más intensa del operativo, pero no supone el cierre de la investigación judicial ni de los procedimientos forenses.
La tragedia de Urda deja así dos tareas que todavía están pendientes: dar respuestas a las familias y esclarecer por qué fallaron las barreras de seguridad de un sistema ferroviario del que dependen millones de viajeros. Recuperar esa confianza, como ha reconocido el propio Sánchez, exigirá algo más que explicaciones.
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