Las Jornadas Confederales de Acción Sindical han sido algo más que un aniversario de la Ley de Libertad Sindical. Han servido para acordar prioridades y métodos. La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pusieron nombre y apellidos a los retos inmediatos: blindar lo público, fortalecer la negociación colectiva y convertir los derechos en mejoras palpables en nóminas y horarios.
“Esta ley no solo reconoció el derecho a sindicarse; consolidó a los sindicatos como parte esencial de la democracia en nuestro país”, resumió Susana Huertas. Por su parte Yolanda Díaz reforzó el marco: “Sin trabajo digno y sin sindicalismo de clase no hay democracia”. Y Álvarez lo aterrizó en medidas: “La jornada va a estar en 37:30, les guste o no”, junto a un SMI que “tiene que llegar a la vena del trabajador” y controles de jornada “sin agujeros”.
Servicios públicos que permiten ejercer derechos
Álvarez abrió con una apelación directa: “Quiero mandar todo nuestro cariño a las mujeres que esperan los resultados de sus mamografías y a los profesionales de la sanidad pública”. Su tesis fue clara: sin servidores públicos con derechos “no se pueden ejercer libremente nuestros derechos”. Pidió acompañar las movilizaciones del día 30 y exigió soluciones: convenio plurianual, plantillas suficientes y salarios que eviten la fuga a la privada o al extranjero.
Susana Huertas conectó con la realidad madrileña: “No podemos callar ante los recortes a la universidad pública ni cuando se cuestiona el derecho al aborto. Tienen consecuencias reales en la vida de la gente”. Y recordó que en la región “cada convenio es una victoria colectiva”: más de 130 en vigor, resultado de horas de diálogo y resistencia.
Menos precariedad y un smi que no se diluya
El balance de los últimos años, defendió Álvarez, es tangible: “Hemos bajado la temporalidad de cerca del 30% al 15%”. Sobre el salario mínimo, fue igual de explícito: “Subió un 61%, hasta 1.173 euros. Se acabó el cuento de que destruiría empleo”. Pero advirtió contra el vaciado vía absorciones en los convenios: el SMI debe notarse en el bolsillo, no perderse entre pluses compensables.
Díaz, por su parte, situó el debate en el corazón constitucional: “Esta ley estructura el sindicalismo de clase y da forma al Estado social”. Y señaló la ofensiva internacional contra el derecho de huelga: “Sin esa herramienta, ¿qué defensa tienen los trabajadores y las trabajadoras?”.
Pensiones y cotizaciones: seguridad para hoy y mañana
Álvarez dedicó un tramo didáctico a las pensiones: “La cotización a la Seguridad Social no es un impuesto; son derechos para cuando nos jubilemos”. Defendió cumplir el acuerdo hasta 2050, sin confundir impuestos con cotizaciones, y recordó la lógica del destope: “Se firmó para pagar más y garantizar el sistema”. El mensaje: previsibilidad y lealtad al pacto para asegurar las jubilaciones del baby boom y de quienes hoy tienen 40 o 18 años.
Tiempo de trabajo, horas extra y control horario real
El otro gran eje es el reloj. Álvarez emplazó a la patronal a concretar en convenios lo que dijo querer negociar: la reducción de jornada. “La jornada va a estar en 37:30”, insistió. Y reclamó homologar el precio de las horas extra a estándares europeos: “No pueden valer lo mismo que las ordinarias; deben pagarse entre el 125% y el 150%”. Todo, ligado a un control horario efectivo: “La norma no puede tener agujeros; la digitalización permite cruzar datos y acabar con los abusos”.
Más voz en la empresa y nuevas barreras contra el esquirolaje tecnológico
Hay que actualizar herramientas. Álvarez planteó reforzar la participación de la plantilla en decisiones clave (“España está a la cola”) y regular el “esquirolaje basado en algoritmos”, nuevas prácticas antisindicales invisibles para las leyes de 1985. Díaz añadió perspectiva histórica: la derecha ya combatió la ley en su origen y hoy “PP y Vox quieren vaciarla eliminando artículos clave”. La respuesta, anunció, será institucional: “Lo llevaremos al Constitucional”.
Salud laboral, clima y diálogo social sin sillas vacías
Álvarez llamó a un pacto de Estado frente a la emergencia climática —“el negacionismo mata”— con medios para servicios públicos como los bomberos forestales. Y pidió desbloquear la mesa de prevención: “No continúe la CEOE boicoteándola; cada día hay muertes que podemos evitar”.
Díaz apeló a la responsabilidad empresarial: “Le pido a la patronal que vuelva a la mesa de los acuerdos. Nosotros no nos hemos movido”. Y lanzó un aviso sobre la neutralidad cómplice: “Quien se calla ante ataques a la democracia, consiente”.
Representación, transparencia y democracia directa
UGT exhibió músculo organizativo. “De 2020 a 2024 pasamos de 82.000 a 108.000 delegados: pico y pala”, señaló Álvarez. Sobre financiación, transparencia: “Los planes de igualdad nos cuestan más de 15 millones; la subvención prevista para 2025 es de 11,5 millones”. Y una idea central: los beneficios de lo negociado alcanzan a toda la plantilla, esté o no afiliada.
Yolanda Díaz reivindicó las elecciones sindicales como ejercicio cotidiano de democracia directa y recordó un dato que suele olvidarse: “El 70% de la representación la concentran UGT y CCOO: es la gente votando”.
Cerrar el círculo: política útil, vida mejor
“No somos apolíticos; nacimos para defender integralmente los derechos de la clase trabajadora”, zanjó Álvarez, uniendo convenios con vivienda, sanidad, universidad pública y fiscalidad justa: “Bajar impuestos a los ricos es quitar derechos al resto”. El cierre fue coral. Huertas: “No queremos importar modelos que destruyen lo público; queremos reforzar lo que nos cuida”. Díaz: “Defender la libertad sindical es defender la democracia”. Y Álvarez resumió el objetivo: “Queremos vivir mejor: salarios que lleguen y jornadas que se cumplan”.