El acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial avanza, pero lo hace más despacio de lo previsto. Las tres partes implicadas aseguran que están en la fase final, aunque el calendario ya ha empezado a deslizarse. Y en este tipo de procesos, el tiempo no es un elemento neutro.
El convenio que debe poner en marcha el sistema de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia sigue sin firmarse. Gobierno, Conferencia Episcopal y Defensor del Pueblo coinciden en que el texto está prácticamente cerrado, pero la realidad es que los plazos ya se han incumplido y la puesta en marcha del mecanismo continúa pendiente de un último acuerdo que no termina de concretarse.
La firma estaba prevista inicialmente para febrero, en coherencia con el compromiso adquirido en enero de 2025. Sin embargo, ha ido posponiéndose mientras las partes ajustan lo que definen como “detalles”. Una expresión habitual en este tipo de negociaciones que, en la práctica, suele esconder diferencias de fondo o dificultades para cerrar aspectos sensibles. De ese convenio depende que comience a contar el plazo para que las víctimas puedan presentar sus solicitudes de reparación. Un año, prorrogable a dos, durante el cual deberán activarse los mecanismos de reconocimiento, evaluación y compensación y sin firma, no hay reloj.
Un acuerdo necesario, pero tardío
El sistema que se quiere poner en marcha responde a una demanda que lleva años sobre la mesa. La necesidad de articular una respuesta institucional que vaya más allá de los procesos internos de la Iglesia y que incorpore garantías públicas.
En ese sentido, el modelo diseñado es mixto. Participan las instituciones del Estado, la propia Iglesia y el Defensor del Pueblo, que actúa como figura de supervisión. Sobre el papel, es un intento de equilibrar responsabilidades y evitar que la reparación dependa exclusivamente de estructuras internas. Pero el diseño llega tarde y avanza despacio.
El contenido del convenio no se limita a las indemnizaciones económicas. Incluye también dimensiones menos visibles, pero igual de relevantes. La reparación psicológica, el acompañamiento a las víctimas y, en algunos casos, a sus familias, así como el reconocimiento moral y simbólico del daño sufrido. Es una concepción más amplia de lo que significa reparar. No solo compensar, sino reconocer.
Sin embargo, uno de los puntos más delicados sigue siendo la participación de las propias víctimas en la definición del sistema. El acuerdo contempla que su opinión sea tenida en cuenta, pero la experiencia en otros procesos similares invita a cierta cautela. No basta con incluir esa previsión en un documento si luego no se traduce en una participación real.
El alcance del compromiso
El debate no se limita al ámbito eclesial. La referencia a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia introduce una cuestión más amplia, la de cómo se abordan los abusos en otros espacios de la vida social. La Iglesia ha interpretado ese marco como un compromiso del Gobierno para extender mecanismos similares a otros ámbitos. Desde el Ejecutivo, en cambio, se insiste en que el acuerdo es específico y que no implica automáticamente una ampliación del modelo.
Mientras tanto, la Iglesia mantiene su propio sistema de reparación a través de la comisión PRIVA, en funcionamiento desde 2024. Ese doble circuito, el interno y el acordado con el Estado, plantea interrogantes sobre cómo se coordinarán ambos y qué garantías ofrecerán a las víctimas en términos de coherencia y equidad.
El tiempo como factor clave
En procesos como este, cada retraso tiene un impacto concreto. No solo administrativo, también emocional. Muchas víctimas llevan años esperando un reconocimiento que no llega o que lo hace de forma fragmentaria. Por eso, la insistencia en que se están ultimando los detalles no siempre resulta suficiente.
La cuestión no es únicamente cuándo se firmará el convenio, sino cómo se implementará y con qué grado de compromiso real por parte de quienes lo suscriben. El acuerdo existe. El marco está definido. Lo que falta es convertirlo en un mecanismo operativo. Y ahí es donde empiezan, de verdad, las dificultades.