Hubo un tiempo en que la idea de expulsar de forma coordinada a millones de personas del continente europeo se reducía a los panfletos clandestinos de los márgenes identitarios. Sin embargo, el mapa político que se dibuja en vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre demuestra que la distopía ha dejado de ser una quimera. Se ha convertido en un proyecto de ingeniería social minuciosamente diseñado. En el centro de esta encrucijada emerge la figura de Martin Sellner. El filósofo y activista austríaco, condenado en su juventud por vinculaciones neonazis, se ha convertido hoy en el principal ideólogo del concepto de la remigración. La formulación teórica que ampara la expulsión masiva no solo de migrantes en situación irregular. También la retirada de la ciudadanía y la deportación de millones de nacionalizados que no demuestren una asimilación cultural completa.
Lejos de quedar confinada a los mítines del centro y norte de Europa, la estrategia de Sellner ha fijado sus objetivos prioritarios en la Península Ibérica. Según ha publicado El País, la inminente apertura en España de una filial de su centro de estudios, el Instituto para la Remigración, tras haber desplegado su primera sede internacional en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, marca el inicio de una fase de penetración doctrinal sin precedentes. El desembarco no es fruto de la casualidad ni de un cálculo abstracto. Responde a la preparación deliberada del terreno ante la hipótesis de un cambio de ciclo político que sitúe a la extrema derecha en los engranajes de la gobernabilidad del Estado.
La conexión española
La sintonía entre los postulados de Martin Sellner y las terminales políticas locales ha dejado de ser una sospecha para revelarse como una alianza operativa. La adopción explícita de los ejes de remigración, desregulación y prioridad nacional como bandera de campaña para el 29-N por parte de Vox evidencia hasta qué punto el vocabulario de la ultraderecha transnacional ha impregnado el debate público nacional. Los puentes de contacto, escenificados en foros internacionales con la participación de figuras como la diputada Rocío de Meer, quien llegó a cuantificar en hasta ocho millones las personas susceptibles de ser expulsadas del país, confirman la existencia de un trasvase de datos, argumentos y sesiones formativas destinadas a normalizar la logística de la deportación.
El propio Sellner no oculta la simbología de su proyecto. En la pared de su despacho en Viena cuelga un mapa histórico de la Península Ibérica que ilustra las diferentes etapas de la Reconquista hasta el siglo XV. Una imagen que utiliza para justificar la necesidad de lo que denomina un restablecimiento del equilibrio demográfico y cultural. A través de un informe monográfico en elaboración con colaboradores locales, el Instituto para la Remigración planea entregar a los partidos afines un documento técnico con cuotas concretas de expulsión. Afectarían principalmente a la población procedente del continente africano y a la comunidad latinoamericana. La apelación a episodios de tensión fronteriza en Ceuta y la presencia de simbología identitaria en balcones de ciudades como Málaga son interpretadas por los teóricos de la remigración como los síntomas prematuros de un despertar étnico en la sociedad española.
La tentación de la limpieza étnica
Mientras la maquinaria del Instituto para la Remigración abre cuentas bancarias y prepara su despliegue organizativo en territorio español, el diagnóstico de las instituciones europeas ante este fenómeno resulta demoledor. En la propia Alemania, líderes conservadores como el canciller Friedrich Merz no han dudado en calificar la remigración como un sinónimo de limpieza étnica y un ataque frontal a la arquitectura constitucional de la democracia contemporánea. Del mismo modo, formaciones como Los Verdes, el SPD y Die Linke han exigido la ilegalización formal del centro de estudios de Sellner por atentar directamente contra los pilares de la convivencia y los derechos humanos fundamentales.
El perfil de Sellner acumula vetos gubernamentales e inhabilitaciones de entrada en países como el Reino Unido y Canadá. Además, ha sido retenido y expulsado recientemente por la policía francesa al aterrizar en París para evitar la celebración de actos públicos. Más de 130 entidades bancarias europeas le han vetado como cliente bajo el argumento de que sus propuestas amenazan la diversidad y la dignidad humana. Sin embargo..., frente al cordón sanitario aplicado por diversas capitales del continente, el ideólogo austríaco contempla las próximas elecciones generales en España como la ventana de oportunidad perfecta. Quiere demostrar que las deportaciones masivas pueden transicionar desde los borradores del extremismo hacia la agenda ejecutiva de un Gobierno occidental.
El veredicto del 29-N
La penetración de la teoría de la remigración en el horizonte político español coloca a la ciudadanía ante una encrucijada moral y jurídica de consecuencias impredecibles. Lo que en los comicios pasados se encubría bajo eufemismos de control fronterizo o seguridad ciudadana se presenta hoy sin tapujos. Es un plan normativo de desmantelamiento del Estado social y de derecho. Fundado en la despojalización de la ciudadanía y el retorno a criterios de adscripción étnica o de origen nacional.
El próximo 29 de noviembre, las urnas no solo determinarán la composición del Parlamento y la investidura del próximo Ejecutivo. Dictarán sentencia sobre si España se consolida como un espacio de acogida y cohesión social dentro de la Unión Europea. O si, por el contrario, convalida la apertura del laboratorio ideológico que pretende convertir la deportación masiva en la norma suprema de la política estatal.
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