A la sombra del alambre de espino de la valla, el hambre y la prisa siempre encuentran un atajo. Y en Ceuta, ese atajo tiene forma de dinero negro.
Han pasado apenas unas semanas desde aquel salto masivo de finales de julio que volvió a poner la frontera sur en todas las televisiones. Pero la foto de la crisis ya ha cambiado. Nos hemos olvidado de los espigones y los chalecos salvavidas; ahora la batalla se libra en los tajos, en las reformas a puerta cerrada y en la trinchera del trabajo clandestino.
Las cosas como son: la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo han tenido que aliarse para montar una redada a gran escala. Buscan una red de mano de obra irregular que nadie ve, pero que todo el mundo sabe que existe. Y es que corre como la pólvora.
La alarma no saltó en un despacho oficial con moqueta, qué va. Saltó a pie de calle. La Confederación de Empresarios dio un golpe en la mesa y puso voz a lo que era un secreto a voces: la economía sumergida se estaba tragando a cientos de los recién llegados. Y entre ellos, un grupo muy concreto. Aquellos antiguos trabajadores marroquíes que cruzaban la frontera a diario antes de que la pandemia y los bloqueos cerraran el paso. Vieron la brecha de julio, saltaron y volvieron directos a sus antiguos tajos. Sin papeles, sin contratos, sin nada.
El rastro del mercado negro es llamativo. No hace falta ser un sabueso de la Policía Científica para seguirle la pista.
Los constructores de la ciudad fueron los primeros en avisar: "Oigan, aquí hay gato encerrado". De repente, las reformas en pisos particulares se dispararon. Empezaron a oírse martillazos a las tres de la mañana en portales tranquilos. Aparecieron montañas de escombros en esquinas donde antes no había nada. Y en los almacenes del puerto, los sacos de cemento y el yeso volaban sin dejar factura.
Pues bien, la trampa no acaba en el tajo. Para trabajar a la sombra, hay que esconderse. Y ahí entra el negocio redondo de los chanchullos inmobiliarios. Hay propietarios haciendo su particular agosto alquilando habitaciones destartaladas, cobranza en mano y en billetes arrugados. Sin contrato ni registro de ningún tipo. Cero rastro para Hacienda o la Policía. Una red de infraviviendas donde se hacinan decenas de personas cuya única culpa es no poder figurar en un papel oficial.
Para el fontanero o el albañil autónomo de Ceuta que paga sus impuestos religiosos cada trimestre, esto es un puñetazo en el estómago. Una competencia desleal destructiva. Es imposible competir contra presupuestos inflados a la baja porque el empleador se ahorra la Seguridad Social y paga sueldos de miseria. A la larga, esto no solo destruye empleos legales, sino que corroe por dentro a las pequeñas empresas locales.
Pero no nos engañemos, tras las sirenas de la policía y las carpetas de los inspectores hay una tragedia humana desgarradora.
Atrapados en esta franja de tierra, sin papeles para cruzar el Estrecho ni forma legal de ganarse el pan, a estos chavales no les queda otra que aceptar lo que haya. Jornadas de doce horas por una limosna. Las redadas tratarán de frenar el fraude, sí, pero solo están poniendo un parche a la herida: la muestra evidente de un sistema que se desmorona cada vez que la frontera se tambalea.
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