El mapa del poder territorial en España atraviesa un momento de máxima agitación donde las costuras de la cohesión interautonómica amenazan con romperse definitivamente. La propuesta de financiación autonómica impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha detonado un abrumador frente de resistencia institucional encabezado por los ejecutivos regionales del Partido Popular y secundado con contundencia por el presidente castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page. La coincidencia en el diagnóstico entre el barón castellano y la oposición conservadora apunta a una misma enmienda a la totalidad: la percepción de que la reforma del modelo no responde a criterios de equidad ni a las necesidades financieras del conjunto de los ciudadanos, sino a una propuesta impuesta tras el pacto sellado entre la Moncloa y las fuerzas independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya.
La contestación desde Toledo ha sido de una dureza inusitada dentro de las filas del propio PSOE. Emiliano García-Page ha arremetido sin paños calientes contra la pretensión del Ejecutivo central de tramitar de forma simultánea los Presupuestos Generales del Estado y el nuevo sistema presupuestario territorial. A juicio del mandatario castellanomanchego, esta maniobra equivale a actuar de rodillas ante las exigencias del soberanismo para imponer a las comunidades autónomas un modelo de separatismo fiscal pactado con Oriol Junqueras. La dureza de esta posición contrasta vivamente con la postura del presidente de Asturias, el también socialista Adrián Barbón, quien, a pesar de sus habituales reticencias sobre la financiación regional, ha preferido desmarcarse de Page al avalar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera fijado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, para el próximo veintinueve de julio como el marco adecuado para el debate.
Desde el ámbito autonómico catalán, la consellera de Economía, Alícia Romero, ha salido al paso de las críticas emplazando al Partido Popular a realizar una profunda reflexión y adoptar una predisposición mucho más colaborativa ante la crucial cita de finales de julio. Al mismo tiempo, el Govern ha lanzado un llamamiento a las filas de Junts per Catalunya para que no bloqueen la tramitación parlamentaria del nuevo diseño en el Congreso de los Diputados y se presten a negociar modificaciones a posteriori. Sin embargo, la estrategia de persuasión choca frontalmente con la trinchera levantada por los feudos autonómicos populares, donde barones de peso como el vicepresidente balear Antoni Costa o la portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, ya han anunciado su voto en contra, rechazando enfáticamente que la alternativa para las regiones peor financiadas consista en una mayor capacidad de endeudamiento.
En esta misma línea de enmienda absoluta, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha cuestionado el recorrido legal y la viabilidad técnica de la iniciativa ministerial, calificándola de simple trámite orientativo para complacer coyunturalmente a un socio preferente sin garantías reales de salir adelante en la actual legislatura. La única nota discordante dentro del bloque conservador la ha protagonizado el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha reclamado una singularidad propia motivada por el impacto de la DANA y se ha mostrado abierto a renegociar las partidas. No obstante, la dirección nacional de los populares no ha tardado en encauzar el mensaje; el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cerrado filas denunciando que el Gobierno central ha dado la espalda al pueblo valenciano y augurando que esta perversa fórmula de desigualdad territorial saltará por los aires en cuanto se convoquen elecciones generales.
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