La magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha elevado una exposición razonada de carácter urgente al Consejo de Ministros. En ella exige la desclasificación inmediata de los documentos e informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el ataque de guerra híbrida contra la ciudad autónoma de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
La iniciativa de la jueza apunta directamente al corazón del secretismo gubernamental. Tardón requiere el acceso íntegro a las notas de inteligencia difundidas a los altos cargos del Ejecutivo a partir de aquellas fechas críticas con especial atención a los informes clasificados referentes a la actuación de las autoridades de la Marina Real de Marruecos y de sus aparatos de seguridad. El juzgado busca levantar el velo de opacidad sobre la trastienda de una crisis geopolítica que puso al límite la soberanía de las fronteras españolas y obliga a Moncloa a retratarse sobre qué sabía exactamente la cúpula del Gobierno y en qué momento preciso decidió actuar o inhibirse.
La trazabilidad de la inacción
El núcleo de la resolución judicial contiene un dardo de enorme calado procesal. La magistrada no solo demanda el contenido de las alertas de la inteligencia española, exige además un listado con nombres, apellidos, fecha y hora exacta de recepción por parte de las autoridades ministeriales que tuvieron en sus manos los informes confidenciales emitidos desde el 27 de julio. La instructora reclama una certificación oficial de recepción efectiva para reconstruir el hilo cronológico de la toma de decisiones en el seno del Gobierno.
La tesis de la Audiencia Nacional es diáfana. Para esclarecer la verdad material del asalto fronterizo resulta indispensable determinar qué miembros del Consejo de Ministros estaban al corriente de la convocatoria masiva y cuál fue su respuesta operativa, saber qué se hizo o qué se dejó deliberadamente de hacer tras recibir las alertas del CNI permitirá dilucidar si existió una cadena de negligencias o una directiva política de repliegue deliberado ante el chantaje migratorio y la presión naval ejercida desde el reino alauita en las aguas del Estrecho.
El velo del secreto de Estado contra el deber constitucional
Para sortear las previsibles reticencias del Ejecutivo a la hora de desprenderse de documentación reservada, el auto de la instructora sienta una doctrina tajante sobre la seguridad del Estado. La magistrada argumenta que la clasificación como materia secreta o reservada no constituye un muro infranqueable cuando lo que se investiga es, precisamente, un ataque a la propia seguridad nacional camuflado de crisis humanitaria. En este escenario, la información requerida no pone en peligro las capacidades de la inteligencia española. Al contrario, busca identificar a los responsables del fallo de custodia institucional que permitió la vulneración de las fronteras.
«La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos», enfatiza la magistrada en su escrito.
Al no existir fuentes alternativas de prueba que permitan medir la responsabilidad real del Ejecutivo y el grado de connivencia de la administración vecina, el deber de colaboración con la Administración de Justicia alcanza su máxima cota. La jueza ha otorgado un plazo perentorio de quince días naturales al Gabinete para ejecutar la desclasificación y advierte que la totalidad del material sensible será volcada en una pieza separada bajo estricto secreto de sumario.
El ultimátum de la Audiencia Nacional sitúa al Gobierno en una posición política de extrema delicadeza. Negarse a desclasificar los papeles del CNI expondría al Ejecutivo a acusaciones de obstrucción a la justicia, alimentaría también las sospechas de un pacto de silencio con Rabat para amortiguar el impacto del asalto a Ceuta. Por el contrario, acceder a la entrega del material sacaría a la luz pública las deliberaciones internas, los titubeos de la cadena de mando y el contenido real de los cables que retratan la actitud de Marruecos.
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