La política de infraestructuras suele ganar visibilidad en momentos de incidencia o interrupción del servicio. Tras los accidentes de Adamuz y Gelida, el ministro de Transportes, Óscar Puente, optó por comparecer voluntariamente en el Congreso para comprometer “la máxima transparencia” y trasladar el debate hacia los datos disponibles, los procesos de investigación y los plazos técnicos.
La intervención tampoco evitó la dimensión humana de los siniestros. Puente señaló que las víctimas tienen derecho a conocer lo ocurrido y explicó que la comparecencia pretendía informar sobre la situación actual y los mecanismos activados. En un contexto donde las explicaciones suelen producirse tras la solicitud de los grupos parlamentarios, la decisión de acudir por iniciativa propia introduce un elemento de rendición institucional ante la Cámara.
La investigación y los procedimientos
El ministro detalló que la circulación quedó interrumpida automáticamente tras el accidente de Adamuz y que los servicios de emergencia fueron informados desde el primer momento de la existencia de dos trenes afectados. Se trata de aspectos técnicos que, según indicó, se ajustan a los protocolos previstos para este tipo de situaciones.
Asimismo, confirmó la colaboración con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y con el juzgado encargado del caso. Esta doble vía —técnica y judicial— forma parte del marco establecido para analizar las causas y determinar, en su caso, responsabilidades.
En este tipo de infraestructuras, la determinación de causas puede prolongarse durante semanas o meses, dado que requiere el análisis de registros, sistemas de seguridad y condiciones operativas. Por ello, el ministerio evitó adelantar conclusiones.
Rodalies y el estado de la red
La comparecencia también abordó la situación en Cataluña, donde el funcionamiento de Rodalies ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de usuarios y administraciones. Puente pidió disculpas por las incidencias y reconoció las dificultades acumuladas en la red.
El diagnóstico expuesto por el ministerio apunta a varios factores: la complejidad de la red, la exposición a fenómenos meteorológicos y un volumen de inversión que, según distintas evaluaciones técnicas, requiere continuidad en el tiempo para producir mejoras estructurales.
El Plan de Rodalies 2020-2030 concentra una parte relevante de la inversión ferroviaria estatal en Cataluña y supera los 8.000 millones de euros tras su ampliación más reciente. Solo en 2025 se destinaron más de 800 millones a la red, con alrededor de 600 dirigidos al servicio de cercanías. Estas cifras permiten dimensionar el alcance de las actuaciones previstas, orientadas a la renovación de infraestructuras y sistemas.
Puente señaló que intervenciones como la sustitución de vías, la estabilización de taludes o la actualización de la señalización implican obras de elevada complejidad que deben compatibilizarse con el mantenimiento del servicio.
Actuaciones tras el accidente
Desde el siniestro de Gelida, más de 300 efectivos han participado en la inspección de unos 70 puntos de la red, con más de 30 identificados como zonas que requieren seguimiento por riesgo de desprendimientos. El ministerio indicó que el restablecimiento completo del servicio dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de los resultados de las revisiones técnicas.
En el ámbito ferroviario, las decisiones operativas suelen priorizar los criterios de seguridad, lo que puede influir en los tiempos de reapertura o normalización del tráfico.
Marco institucional y gestión
Más allá de los aspectos técnicos, la comparecencia se centró en exponer las líneas de actuación del ministerio y ofrecer información sobre el estado de la red. Puente también aludió a factores históricos en la configuración del sistema ferroviario para contextualizar las actuales políticas de inversión.
La transparencia, según trasladó, forma parte de los principios de actuación del departamento en situaciones de incidencia. Cuando se produce un accidente, además de las infraestructuras afectadas, también se examinan los mecanismos de supervisión y la capacidad de respuesta del sistema público de transporte.
El ministro señaló que el objetivo inmediato es avanzar en el esclarecimiento de los hechos y mantener las actuaciones necesarias para reforzar la fiabilidad de la red, un proceso que, por su naturaleza técnica y administrativa, requiere plazos prolongados.