La arquitectura de la gobernabilidad en España ha sumado un nuevo capítulo de pragmatismo parlamentario. Tras semanas de intensas negociaciones y el sonado fracaso legislativo del pasado 27 de enero, el PNV ha anunciado un acuerdo estratégico con el Gobierno para rescatar la moratoria antidesahucios.
El eje central de este pacto radica en una distinción jurídica y social que el grupo vasco consideraba innegociable: la protección del pequeño propietario frente a las cargas que, hasta ahora, el Estado derivaba al sector privado en situaciones de vulnerabilidad habitacional.
Cambio de paradigma en la protección residencial
El acuerdo alcanzado este martes supone un giro de timón en el llamado escudo social. La formación jeltzale ha conseguido que el nuevo decreto exonere de la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional a aquellos ciudadanos que poseen una única vivienda adicional en alquiler. Según la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, la Administración no puede permitir que la carga del impago recaiga sobre ahorradores particulares, equiparándolos erróneamente con grandes tenedores o fondos buitre.
Esta medida busca corregir una anomalía que, a juicio del PNV, convertía a muchos caseros en personas vulnerables de forma indirecta al asumir los costes de la crisis de vivienda. Con esta modificación, el Estado recupera su papel como garante último de los recursos para familias sin ingresos, evitando que el pequeño propietario se vea perjudicado por la falta de una red pública de vivienda eficiente.
PNV: Fin del "populismo"
El análisis del PNV trasciende la mera gestión de los desahucios y se adentra en el impacto estructural sobre el mercado del alquiler. La formación ha advertido repetidamente que la actual legislación estaba provocando una reducción de la oferta, lo que a su vez encarecía los precios y dificultaba el acceso a la vivienda para otras familias trabajadoras. Para el grupo vasco, las medidas anteriores respondían más a "necesidades ideológicas" que a un principio de realidad económica.
Al eliminar la incertidumbre para quienes alquilan una segunda vivienda, el acuerdo pretende estabilizar los precios y fomentar que más inmuebles salgan al mercado. La estrategia jeltzale se ha centrado en legislar huyendo de lo que denominan populismos, buscando un equilibrio que no enfrente a los diferentes estratos de la sociedad, sino que proteja tanto al inquilino en riesgo como al propietario que depende de esa renta.
Clave para la estabilidad legislativa
Este pacto no solo salva la moratoria antidesahucios, sino que allana el camino para otras medidas de protección social que cayeron por falta de apoyos, como la revalorización de las pensiones y la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El Gobierno de coalición acepta así una visión más moderada de la política de vivienda, admitiendo que, en el actual escenario parlamentario, el consenso pasa necesariamente por respetar la seguridad jurídica de los pequeños ahorradores.
La resolución de este conflicto deja un mensaje claro para el resto de la legislatura: cualquier avance en derechos sociales deberá contar con la validación de un bloque que, aunque apoya la inversión pública, se niega a penalizar la propiedad privada como herramienta de compensación social.