El presidente de los obispos confunde el púlpito con la oposición

Luis Argüello lleva tiempo entrando y saliendo de la política con una habilidad singular. Cuando reclama elecciones o cuestiona al Gobierno, ejerce su libertad de expresión. Cuando se le reprocha que haya abandonado la prudencia institucional, asegura que nunca quiso intervenir en el terreno partidista. El presidente de la Conferencia Episcopal pretende conservar al mismo tiempo el púlpito, la tribuna política y la posibilidad de negar que exista relación alguna entre ambos.

Esta vez ha resultado más difícil disimularlo. Durante la clausura de la escuela de verano organizada por la Conferencia Episcopal, la Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia de Salamanca, Argüello recurrió a san Agustín para afirmar que “cuando un Estado olvida la ética, termina convirtiéndose en una banda de ladrones” ("Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?"). Después añadió que las pruebas estaban ahí. La formulación puede envolverse en citas clásicas, pero el destinatario político era perfectamente reconocible.

El presidente de los obispos tiene derecho a criticar al Gobierno, como cualquier ciudadano. Lo que no puede hacer sin asumir las consecuencias es utilizar la representación de toda la Iglesia española para lanzar acusaciones de esa gravedad y presentarlas después como una reflexión filosófica. Llamar banda de ladrones al Estado no es elevar el debate ético. Es degradar el lenguaje público desde una institución que debería conocer bien el peso de las palabras.

La respuesta de Félix Bolaños fue áspera, pero señaló una cuestión difícil de esquivar. El ministro preguntó qué ocurriría si el Gobierno definiera a la Iglesia como una “banda de agresores sexuales”. Sería una generalización injusta, igual que resulta injusto convertir al Estado en una organización criminal por los casos de corrupción que deben investigarse y juzgarse. Precisamente por eso quien reclama responsabilidad moral debería practicarla también cuando habla.

Argüello pide una referencia ética para la vida pública, pero parece dar por hecho que esa referencia coincide necesariamente con su interpretación de la doctrina católica. En su intervención denunció un supuesto “proyecto de deconstrucción antropológica” en las leyes relacionadas con el sexo y el género. Afirmó que la autodeterminación implica decidir el propio género “despreciando” el cuerpo y vinculó el orgullo con el pecado de Satanás. También criticó la prohibición de las terapias de conversión, que presentó como una imposición de las llamadas terapias afirmativas.

No estamos ante una observación pastoral sobre el sentido de la vida. Estamos ante una ofensiva ideológica contra derechos reconocidos a las personas LGTBI y contra la capacidad del Estado para protegerlas de prácticas que pretenden corregir o suprimir su orientación sexual o su identidad. El lenguaje antropológico no vuelve más respetable esa posición. Solo le aporta una envoltura académica.

Hay una dureza especial en escuchar al máximo representante de los obispos españoles hablar de personas que “desprecian” su cuerpo. Muchas han pasado años soportando rechazo familiar, hostilidad social y discursos religiosos que las presentaban como un error moral. La misión de una Iglesia que se proclama cercana a quien sufre debería empezar por no añadir otra carga sobre sus vidas. Argüello, sin embargo, elige convertirlas en ejemplo de una supuesta decadencia civilizatoria.

Su intervención recorrió además el aborto, la eutanasia, la natalidad, la inmigración, el ingreso mínimo vital, las subvenciones, los sindicatos y la legislación laboral. El Estado apareció descrito como una estructura asistencialista que fabrica ciudadanos pasivos y ofrece una “paguita” en lugar de promover responsabilidad.

Resulta difícil encontrar caridad social en esa palabra. “Paguita” es uno de los términos preferidos por la derecha más reaccionaria para desacreditar las políticas destinadas a quienes carecen de ingresos suficientes. Que el presidente de la Conferencia Episcopal lo incorpore a su discurso demuestra hasta qué punto una parte de la jerarquía ha interiorizado el vocabulario político de quienes convierten la pobreza en sospecha.

La Iglesia conoce mejor que muchas instituciones la realidad de las familias que necesitan ayuda. Cáritas lleva décadas recordando que la exclusión no se resuelve con sermones sobre la responsabilidad individual. Por eso sorprende que Argüello caricaturice la protección social y parezca olvidar que detrás de una prestación hay desempleo, enfermedad, precariedad, crianza en solitario o una vivienda imposible de pagar.

Tampoco es la primera incursión del prelado en la política nacional. En 2025 defendió que la salida al supuesto bloqueo institucional podía pasar por una moción de censura, una cuestión de confianza o elecciones anticipadas. Después negó haber reclamado un adelanto y acusó a los medios de tergiversar sus palabras. Aquella intervención fue considerada excepcional por el grado de implicación de la cúpula episcopal contra un Gobierno elegido por las Cortes.

Argüello afirma ahora que deben respetarse la Constitución, la separación de poderes, el principio de legalidad y la aconfesionalidad del Estado. Todo ello es correcto. Lo contradictorio es defender la aconfesionalidad y exigir al mismo tiempo que la legislación civil se someta a una antropología religiosa concreta. Un Estado aconfesional no desprecia la fe. Garantiza que ninguna fe pueda imponer su moral particular a toda la ciudadanía.

La Conferencia Episcopal puede participar en la conversación pública. Puede defender sus convicciones y formular críticas severas. Pero su presidente debería distinguir entre aportar una posición ética y actuar como portavoz de una oposición política revestida de autoridad espiritual.

Porque el problema no es que Argüello hable de política. El problema es que pretende hacerlo desde una posición moral superior, señalar al Estado como una banda de ladrones, estigmatizar a las personas trans y desacreditar las políticas sociales sin aceptar que sus palabras también deben someterse al juicio ético que exige a los demás.

Quien invoca tanto la responsabilidad debería empezar por medir la suya. Y quien reclama regeneración quizá tendría que recordar que la autoridad moral no viene incorporada al báculo. Se gana con prudencia, coherencia y respeto. Argüello, en esta ocasión, ha elegido exactamente lo contrario.