La entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio pudo responder a una operación organizada y no a un movimiento espontáneo de personas que intentaban alcanzar territorio español. Esta es la principal conclusión que se desprende de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional, remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga lo ocurrido en la frontera con Marruecos.
El documento sitúa entre 8.000 y 10.000 el número más probable de flotadores utilizados durante aquellos acontecimientos, aunque los cálculos policiales contemplan una horquilla mucho más amplia, de entre 4.000 y 30.000 unidades.
Lo que ha llamado especialmente la atención de los investigadores no es únicamente la cantidad, sino que aproximadamente el 80% de los flotadores correspondían al mismo modelo, fabricado en plástico negro y con un dibujo que imitaba un neumático de automóvil.
Para los agentes, disponer de semejante volumen de material idéntico en un espacio tan reducido y durante un periodo tan concreto difícilmente puede explicarse mediante compras individuales improvisadas.
Una distribución que difícilmente pudo ser coincidencia
La investigación policial apunta a que los flotadores fueron adquiridos y distribuidos previamente en la localidad marroquí de Castillejos, próxima a la frontera española.
Los testimonios recogidos entre las personas migrantes confirman que muchos compraron estos dispositivos en establecimientos de la zona. Una de las declaraciones resulta especialmente significativa, ya que una mujer aseguró que un militar situado cerca de la orilla les vendió dos flotadores por 270 dirhams marroquíes, unos 27 euros.
Los investigadores consideran improbable que los comercios locales pudieran disponer de miles de unidades del mismo producto sin pedidos anticipados y una planificación logística.
El informe sostiene que la concentración de flotadores idénticos, junto con el reducido número de distribuidores, permite descartar que aquella disponibilidad extraordinaria de material respondiera simplemente al azar.
Las sospechas sobre la actuación marroquí
Las conclusiones adquieren mayor relevancia al relacionarse con otros informes policiales incorporados a la investigación judicial. En ellos, el CENIF ya había señalado la posible participación de agentes de seguridad marroquíes en el desplazamiento y orientación de migrantes hacia la frontera española.
Los investigadores también identificaron a responsables políticos y policiales marroquíes en algunas de las imágenes examinadas.
La acumulación de indicios refuerza la hipótesis de una actuación coordinada, aunque todavía corresponde a la investigación judicial determinar quién pudo organizarla, con qué finalidad y qué responsabilidades podrían derivarse.
El caso plantea una cuestión que trasciende el control fronterizo. Si se acredita que los desplazamientos fueron facilitados deliberadamente, las personas migrantes habrían sido utilizadas como instrumentos de presión en una operación ajena a sus propias necesidades de protección y búsqueda de oportunidades.
La seguridad de las fronteras y el respeto a los derechos humanos no son objetivos incompatibles. Precisamente por eso, esclarecer quién estuvo detrás de aquellos movimientos resulta esencial para evitar que miles de personas vulnerables vuelvan a quedar atrapadas en estrategias de confrontación política.
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