El gobierno de Pedro Sánchez presume de ser una de las principales economías europeas, pero bajo los datos macroeconómicos se esconde una realidad muy cruel: la pobreza infantil sigue siendo estructural, una herida que no cicatriza a pesar de los avances globales. Según el último informe de la Plataforma de Infancia, uno de cada tres menores (2,6 millones de niños y adolescentes) crece en riesgo de pobreza o exclusión social. Una cifra que coloca al país al nivel de "grandes potencias" como Rumania o Bulgaria.
La contradicción es dolorosa. Mientras el conjunto de la población mejora lentamente sus indicadores, las familias con hijos se hunden en una vulnerabilidad que parece perpetuarse de generación en generación. “Tener niños es casi una garantía de incertidumbre económica”, advierte Ricardo Ibarra, director de la Plataforma. Cada crisis actúa como una ola que arrastra primero a los hogares con menores y deja su rescate para el final. En 2025, es cierto, hubo una leve mejora estadística: el 33,2% de los menores está en riesgo, frente al 34,1% del año anterior. Pero las brechas siguen aumentando en los grupos más vulnerables, como las familias monoparentales, numerosas o con origen migrante, que sufren niveles de pobreza que superan el 50%.
La radiografía de la pobreza infantil revela un patrón de precariedad crónica. Estar en riesgo implica sobrevivir con ingresos inferiores al 60% de la mediana de renta nacional, lo que para una familia de cuatro personas supone menos de 25.662 euros anuales. La comparación europea es reveladora: España necesitaría más de una década para alcanzar la media comunitaria, situada en el 19,3%. La pobreza severa (aquella que reduce el umbral al 40% de la renta) dibuja una escena aún más cruda: uno de cada diez niños vive en hogares incapaces de cubrir necesidades básicas, y entre las familias monoparentales, uno de cada cinco.
En cada indicador aparece una grieta que separa a quienes tienen hijos de quienes no. El coste mensual de criar un niño, cifrado en unos 680 euros, se convierte en una carga insostenible sin respaldo institucional. A pesar de los esfuerzos por ampliar el ingreso mínimo vital o el complemento por infancia, un 70% familias que cumplen los requisitos no acceden a las ayudas. La Plataforma reclama una prestación universal por hijo, capaz de compensar el desequilibrio estructural que genera el simple hecho de tener descendencia en un sistema económico diseñado para hogares adultos sin dependientes.
El trabajo ya no es garantía de estabilidad. Uno de cada cuatro menores vive en casas donde hay, al menos, un miembro empleado. Pero el empleo precario, la carestía de la vivienda y el coste de los servicios básicos fragmentan las oportunidades. La pobreza se expande fuera de las grandes ciudades y se desplaza hacia zonas de vivienda asequible, redibujando el mapa de la desigualdad española. La infancia, motor potencial de cualquier país, crece entre la incertidumbre y la desventaja, mientras el discurso político sigue sin traducirse en políticas públicas suficientes.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho del relato del éxito económico una de las columnas vertebrales de su narrativa política. España crece por encima de la media europea, el desempleo baja, la inversión extranjera se mantiene sólida y las exportaciones alcanzan cifras históricas. Todo ello conforma la imagen de un país que ha resistido la inflación y las crisis globales con resiliencia. Sin embargo, la realidad social de la infancia empobrecida desmonta ese triunfalismo y muestra la otra cara de la recuperación: la de un crecimiento que no se distribuye adecuadamente.
El contraste es brutal. El PIB crece, pero la desigualdad se recrudece. Las rentas del trabajo se estancan frente a los beneficios empresariales, y los hogares con menores son los grandes olvidados de la política económica. Los 2,6 millones de niños en riesgo de pobreza no encajan en el calendario optimista de Moncloa, donde se celebra cada décima de crecimiento como prueba del éxito del “modelo español de recuperación justa”. La mejora del índice Gini o la reducción del paro juvenil, proclamadas por el Ejecutivo como logros estructurales, chocan con los indicadores de pobreza persistente: hogares con contratos temporales, niños en viviendas sobreocupadas y padres que trabajan pero no llegan a fin de mes.
En la práctica, lo que el Gobierno presenta como progreso se enfrenta a un muro social que crece debajo de la línea del diagnóstico estadístico. Cuando la economía va bien y la infancia sigue igual o peor, lo que se agranda no es la prosperidad, sino la distancia entre la política económica y la política de cuidados. Porque detrás de los grandes datos hay pequeñas derrotas cotidianas: familias que renuncian a calefacción, niños que van a la escuela sin meriendas adecuadas y barrios que se empobrecen a medida que los precios suben.
La España del crecimiento y la España de la infancia olvidada coexisten bajo un mismo relato de modernización que parece ajeno a los cimientos sociales que lo sostienen. El informe de la Plataforma de Infancia deja al descubierto que, si bien el Gobierno ha conseguido consolidar estabilidad macroeconómica, la fractura social intergeneracional se amplía. Un país que presume de liderar la economía verde y digital en Europa no puede mirar hacia otro lado mientras la pobreza infantil se perpetúa como un fenómeno estructural.
Un gobierno progresista que no protege a su infancia fracasa en su contrato social. Y ese fracaso, aunque nunca aparezca en los registros del crecimiento económico, pesa en cada aula, en cada comedor social y en cada hogar donde el futuro sigue siendo una promesa lejana.