Se nos vendió que la pistola Ramon iba a ser la modernización barata de la Guardia Civil. Ha terminado convertida en una pieza más del museo español de las grandes compras inexplicables: esas operaciones que se presentan como eficacia administrativa, se adjudican con una sonrisa contable y acaban durmiendo en un almacén, a la espera de que alguien encuentre un responsable, un informe o una alfombra suficientemente grande para tapar el desaguisado.
La operación fue adjudicada en 2021 a Guardian Homeland Security S.A., una de las empresas pantalla de los intereses israelíes en España, vinculada al fabricante israelí EMTAN, para suministrar pistolas semiautomáticas de 9 mm Parabellum a la Guardia Civil. El contrato oficial partía de un mínimo de 6.000 unidades, pero la adquisición acabó elevándose hasta 9.216 pistolas. El dato no es menor: la compra creció, el proveedor se consolidó y el Estado estrechó una relación con empresas israelíes de seguridad en un momento en que ya empezaban a acumularse preguntas sobre el uso de tecnología israelí en operaciones de espionaje contra el independentismo.
Diario Sabemos fue el primer medio en señalar la clave política de fondo: la compra de las pistolas Ramon no podía leerse como una simple renovación de armamento, sino como parte de una operación más amplia y opaca vinculada al pago de los programas espía Pegasus utilizados contra dirigentes y activistas independentistas. Hoy, el tiempo ha hecho lo que casi nunca hacen las instituciones: ordenar los indicios. La pistola milagrosa, aquella desconocida opción israelí que se impuso frente a marcas consolidadas, ha resultado ser un fiasco operativo. Y el contrato, lejos de cerrarse, sigue abierto como una herida administrativa.
La adjudicación ya contenía una pista bastante elocuente. En el expediente, el precio pesaba un 60% en la valoración. Dicho de otro modo: la Guardia Civil eligió una pistola para dotar a sus agentes con un criterio en el que el ahorro tenía más peso que cualquier otra consideración. La Ramon era la versión barata de una Glock, una copia de bajo coste de un arma reconocida internacionalmente. Costaba alrededor de 300 euros frente a los cerca de 600 euros de la original. La seguridad pública, por lo visto, también tenía su sección de oportunidades.
El resultado ha sido el previsible en toda compra donde lo barato exige después una comisión de investigación. Las asociaciones de guardias civiles denunciaron fallos, encasquillamientos, problemas de fiabilidad y hasta un herido por disparo accidental. Interior admitió otras incidencias. La empresa sostuvo que el problema no era del arma, sino de su comportamiento con determinadas municiones, y se recurrió a sustituciones de piezas, kits de extracción y explicaciones técnicas con aroma a control de daños. La realidad, sin embargo, ha acabado imponiéndose con la sobriedad de los almacenes: unas 4.000 pistolas Ramon permanecen guardadas en dependencias de la Guardia Civil, pendientes de devolución a Israel.
El escándalo no termina ahí. Según ha publicado La Razón, devolver las armas activaría una cláusula superior a cinco millones de euros. La cifra tiene una belleza cruel: una penalización que podría superar ampliamente el coste inicial de la adjudicación seleccionada. Es decir, el Estado compró barato, recibió un material cuestionado, lo tiene parcialmente inmovilizado y ahora podría tener que pagar una fortuna para devolverlo. La eficiencia, cuando se pone estupenda, suele tener este tipo de sentido del humor.
La operación Ramon obliga a mirar más allá del arma. Guardian Homeland Security y EMTAN no aparecen en un vacío. Forman parte de un ecosistema de proveedores israelíes de material policial, militar y de seguridad con presencia en contratos del Ministerio del Interior. Ese circuito quedó bajo una luz mucho más incómoda tras el estallido del caso Pegasus, cuando se documentó el espionaje a decenas de personas del entorno independentista catalán con programas de fabricación israelí. Citizen Lab acreditó infecciones o intentos de infección con Pegasus y Candiru, y el CNI admitió ante el Congreso el seguimiento de 18 independentistas con una autorización judicial que nunca se vió. La pregunta que Diario Sabemos planteó desde el inicio sigue intacta: qué se compró, a quién se pagó realmente y qué operación política se escondía bajo contratos aparentemente ordinarios.
La versión oficial ha intentado reducir el caso a una incidencia técnica. Una pistola que falla, unas piezas que se cambian, una garantía que se invoca. Pero el volumen de la compra, el origen del proveedor, la ampliación hasta más de 9.000 unidades, los fallos denunciados, el almacenamiento de miles de armas y la cláusula millonaria dibujan algo bastante más serio que una anécdota logística. Dibujan una operación irregular en su diseño, opaca en su finalidad y ruinosa en sus consecuencias.
Interior debe explicar por qué se eligió una pistola desconocida, sin siquiera pruebas de funcionamiento en acciones operativas, frente a alternativas consolidadas, qué informes técnicos avalaron la decisión, quién autorizó la ampliación de la compra, qué unidades recibieron armas defectuosas, cuántas incidencias se registraron, qué coste real ha tenido la operación y por qué una devolución puede activar una penalización superior a cinco millones de euros. También debe aclarar si esta contratación formó parte de una arquitectura de compensaciones o pagos vinculada a la adquisición de tecnología de espionaje israelí. Porque cuando una compra pública termina convertida en chatarra diplomática, el silencio deja de ser prudencia y empieza a parecer encubrimiento.
Las pistolas Ramon no están solo almacenadas. Están declarando. Cada arma guardada en esos depósitos cuenta una historia de adjudicaciones complacientes, proveedores sensibles, controles insuficientes y explicaciones que llegan tarde, cuando llegan. El caso resume con precisión quirúrgica una forma de gobernar la seguridad del Estado: comprar en la sombra, negar en público y confiar en que el polvo haga el trabajo que no hizo la transparencia.
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