La comparecencia de Teresa Peramato en la Comisión de Justicia no fue un mero trámite para acreditar méritos. Fue, sobre todo, una exposición de diagnóstico institucional: qué falla, por qué falla y qué puede hacerse desde la Fiscalía General del Estado para que las víctimas —en particular de violencia machista— no sigan encontrando un sistema que, en demasiadas ocasiones, les exige más de lo que les ofrece. La candidata no evitó asumir una idea incómoda para cualquier estructura judicial: la justicia continúa generando obstáculos que, lejos de amparar, multiplican la vulnerabilidad de quienes acuden a ella.
Su intervención se articuló con una claridad que es infrecuente en estos procedimientos. Peramato habló de “visión holística”, de remover dificultades y de evitar la victimización secundaria, pero el trasfondo fue nítido: la respuesta institucional frente a la violencia de género no puede depender de la voluntad individual de profesionales exhaustos, sino de un entramado coherente que funcione sin excepción territorial ni interpretativa. Es la traducción judicial del “ni un paso atrás” que la candidata verbalizó sin dramatismos pero con firmeza.
La futura fiscal general ha sostenido durante años que la violencia machista es una vulneración directa de derechos fundamentales. Esa mirada se consolidó cuando impulsó la incorporación del término “feminicidio” en la Memoria de la Fiscalía, un gesto que no pretendía inaugurar un debate doctrinal, sino nombrar lo que estaba sucediendo. Ayer recuperó ese argumento con la misma convicción: lo que no se nombra no existe, y lo que no existe no se persigue con la contundencia adecuada.
Peramato introdujo además cuestiones que, sin ocupar titulares a diario, están modificando el perímetro del problema: el aumento de agresiones sexuales a menores en entornos digitales; la violencia vicaria como forma extrema de instrumentalización del daño; la necesidad de coordinar especialización en trata y extranjería para evitar que las víctimas queden atrapadas en circuitos administrativos que no las reconocen como tales. Nada de esto es retórico: son realidades que desbordan los protocolos actuales y que requieren una Fiscalía capaz de anticiparse a delitos que ya no se cometen solo en espacios físicos.
El negacionismo y la erosión de consensos básicos
Aunque no lo dijo en términos políticos, Peramato dejó claro que el negacionismo no es un fenómeno retórico, sino un riesgo que vacía de legitimidad la protección a las víctimas. En un contexto donde determinados posicionamientos cuestionan incluso la existencia de la violencia machista, la Fiscalía —si ella asume el cargo— se situaría como uno de los contrapesos más sólidos para mantener la coherencia institucional frente a la erosión de consensos que parecían irreversibles.
En este punto, su intervención adquirió un tono menos técnico y más de advertencia: una sociedad democrática no puede permitirse retrocesos en derechos fundamentales cuya defensa compromete a todos los poderes públicos. Para Peramato, no es un debate cultural; es una cuestión de garantías constitucionales.
La dimensión internacional: trata, migraciones y la exigencia de coordinación
En materia de extranjería y redes criminales de explotación, la candidata insistió en reforzar la cooperación entre unidades fiscales, un terreno donde los desajustes administrativos perpetúan situaciones de desprotección extrema. Subrayó que la trata con fines de explotación sexual sigue afectando de manera mayoritaria a mujeres, y que solo una respuesta coordinada permite identificar a las víctimas antes de que el circuito de explotación se normalice como parte de su supervivencia.
Su planteamiento no apuntó a reformas grandilocuentes, sino a algo más difícil: hacer operativos los instrumentos que ya existen, encajar competencias dispersas y evitar que la falta de engranaje siga permitiendo que redes poderosas encuentren en la fragmentación institucional su mejor aliado.
Peramato cerró su intervención con una referencia que podría parecer ajena a la Fiscalía, pero que responde a la evolución del derecho penal contemporáneo: la necesidad de sostener la evidencia científica frente a discursos que la trivializan. En un país sometido ya a fenómenos climáticos extremos, los delitos ambientales se abren paso como un frente añadido que requiere preparación, especialización y criterio jurídico. No se trató de una apelación abstracta, sino de situar el debate donde corresponde: cuando la ciencia se cuestiona, los mecanismos de prevención y sanción pierden la base sobre la que se asientan.