La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha presentado ante la Audiencia Nacional varios informes periciales en los que rechaza la existencia de irregularidades en algunas de las adjudicaciones ferroviarias investigadas en el denominado caso Koldo. Su tesis es contundente. Los procedimientos estuvieron sometidos a tal cantidad de controles, supervisiones e informes técnicos que cualquier intento de amaño habría resultado prácticamente imposible.
Pardo de Vera, investigada en la causa que instruye el juez Ismael Moreno, sostiene que cada uno de los contratos analizados pasó por un complejo proceso de evaluación en el que participaron entre 25 y 50 profesionales de distintos departamentos. A ello se sumó la intervención de organismos internos y entidades independientes que emitieron más de un centenar de informes antes de que las adjudicaciones recibieran luz verde.
La exresponsable de Adif defiende que la contratación pública en materia ferroviaria se encuentra sometida a mecanismos de fiscalización especialmente exigentes, con participación de técnicos, servicios jurídicos, órganos económicos y mesas de contratación colegiadas.
En los documentos remitidos al magistrado, elaborados por ella misma en calidad de ingeniera especializada en infraestructuras ferroviarias, recuerda además que durante su etapa al frente de Adif impulsó sistemas de transparencia y trazabilidad destinados precisamente a reforzar el seguimiento de los procedimientos de contratación.
Los informes analizan distintos contratos de alta velocidad ejecutados en Cataluña, Andalucía, Murcia, Asturias y Galicia. En todos ellos, según sostiene, existe una secuencia documental completa que permite reconstruir cada decisión adoptada, los órganos que intervinieron y las competencias que correspondían a cada responsable.
La defensa de Pardo de Vera gira en torno a una idea central. La existencia de múltiples filtros administrativos y técnicos sería incompatible con una actuación arbitraria o discrecional. Desde su punto de vista, la documentación acumulada demuestra que las adjudicaciones siguieron los cauces legalmente establecidos y que cada paso quedó debidamente justificado.
La presentación de estos informes supone un nuevo capítulo en una investigación que continúa avanzando y que afecta a antiguos responsables políticos, empresarios y altos cargos vinculados a distintas administraciones públicas.
Por el momento, la causa sigue abierta y será la Audiencia Nacional la que determine si los indicios reunidos durante la instrucción permiten sostener las acusaciones o si, por el contrario, los procedimientos cuestionados responden a una actuación ajustada a la legalidad.