La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT) ha presentado ante el juzgado que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 un nuevo informe en el que incorpora pruebas documentales y técnicas que sitúan a la Generalitat Valenciana con conocimiento efectivo del desbordamiento de varios barrancos clave varias horas antes de que se emitieran alertas eficaces a la población.
El documento, al que Diario Sabemos ha tenido acceso, acredita que desde las 15.14 y 15.15 horas ya figuraban oficialmente numerosos cortes de carreteras de titularidad autonómica, provincial y estatal debido a inundaciones en zonas directamente vinculadas a los barrancos del Poyo, Pozalet, Gayo y Chiva. Estos datos, procedentes de registros internos de gestión de infraestructuras, evidencian que la gravedad de la situación era conocida por las administraciones competentes en un momento en el que, según sostiene el informe, no se activaron medidas de protección civil acordes al riesgo real existente.
El análisis elaborado por FETAP-CGT cruza esta información con la localización de las víctimas recogida en el informe de la Guardia Civil, lo que permite identificar un patrón reiterado de exposición al riesgo. Las personas afectadas fueron sorprendidas por las riadas durante desplazamientos, en fincas agrícolas, en bajos y garajes o en vías que ya estaban afectadas por inundaciones, sin que existiera control de accesos ni avisos preventivos eficaces. En varios de los casos analizados, las víctimas se encontraban a escasos cientos de metros de puntos que habían sido cerrados por inundación horas antes, lo que refuerza la tesis de una falta de actuación preventiva pese a disponer de información crítica.
El informe otorga una relevancia especial a la situación vivida en Chiva, localidad cabecera de varios de los cauces implicados en la emergencia. A lo largo de la jornada se registraron más de 160 llamadas al 112, de las cuales más de un centenar se produjeron cuando el CECOPI ya se encontraba constituido. Pese a este elevado volumen de avisos, el documento señala que no se activaron de forma efectiva los puntos de vigilancia previstos en los planes de emergencia, ni se adoptaron medidas de alejamiento preventivo de la población, a pesar de que el riesgo ya era evidente.
FETAP-CGT denuncia en su informe la existencia de incumplimientos graves y generalizados del Plan Especial de Inundaciones, que se manifestaron en la ausencia de puestos de mando avanzados, en la falta de comunicación directa con las alcaldías, en el retraso en la coordinación operativa y en la emisión de mensajes genéricos a la población cuando el peligro era ya inminente. Todo ello se produjo, según el sindicato, pese a la abundante información disponible, procedente tanto de avisos meteorológicos como de llamadas de emergencia y cortes oficiales de carreteras.
La organización sindical subraya que su actuación como acusación popular responde a la defensa del interés general y a la obligación de exigir responsabilidades cuando la inacción, la descoordinación o decisiones erróneas de las administraciones públicas pueden haber contribuido a la pérdida de vidas humanas. FETAP-CGT destaca además que muchas de las víctimas estaban vinculadas a actividades laborales o desplazamientos por motivos de trabajo, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva.
El sindicato ha anunciado que continuará aportando al procedimiento judicial toda la documentación necesaria para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades, con el objetivo de evitar que se normalice que, existiendo información suficiente y tiempo para actuar, no se adoptaran las medidas de protección que podrían haber evitado consecuencias irreparables.