El escándalo de los inconcebibles retrasos en el cribado del cáncer de mama en al menos 50 mujeres de Andalucía ha barrido de un soplo el modo precampaña electoral que había comenzado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, con una cascada de promesas de deducciones fiscales selectivas a la carta. Lejos de iniciar una exhaustiva investigación que provoque ceses o dimisiones en el seno de la Consejería de Salud, empezando por su titular, Rocío Hernández, como exige la oposición política en pleno, el presidente andaluz se ha limitado a pedir “perdón” a las mujeres afectadas y a confirmar a la consejera en su puesto porque considera que este departamento “no está para vaivenes”.
“Pedimos disculpas y lamentamos profundamente estos errores, tenemos que ponernos en marcha de manera inmediata y rectificar”. Así ha zanjado el presidente andaluz el escándalo sanitario que aún no ha hecho más que comenzar, ya que apenas se conoce por el momento el número mínimo de mujeres que han sufrido retrasos en sus diagnósticos, algunos de hasta dos años de tardanza. Son al menos 50 los casos constatados que han sufrido retrasos en los diagnósticos, para una enfermedad donde la rapidez en la detección y tratamiento en fundamental para luchar contra ella.
El rodillo del PP en el Parlamento andaluz vuelve a vetar un pleno monográfico sobre la situación de la sanidad
Lejos de asumir en primera persona este clamoroso fallo de la sanidad pública andaluza, la consejera, que admite que se enteró de estos retrasos por los medios de comunicación, se ha defendido atacando y acusando de “manipulación del sistema sanitario público” a las personas y medios que han dado a conocer este caso, que no ha hecho más que empezar a emerger, ya que cada año se someten a este cribado medio millón de andaluzas de entre 49 y 71 años.
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha sido la que ha dado a conocer algunos de estos clamorosos fallos con pacientes de cáncer, apenas unos días después de que el propio Moreno Bonilla asegurase tajante en un pleno parlamentario que “listas de espera en el cáncer no hay [en Andalucía], porque hay una obligación que son 30 días obligatorios”.
Salud se ha limitado por el momento a abrir un buzón para recoger los testimonios de posibles afectadas por estos retrasos en la detección del cáncer y a instar a las mujeres que crean que pueden ser directamente afectadas por estas irregularidades en el cribado a que informen a la Consejería. Este escándalo sanitario se ha conocido coincidiendo con el rechazo del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, a abordar un debate extraordinario sobre la situación de la sanidad en Andalucía. No es la primera vez que el pleno de la Cámara autonómica rechaza este debate sobre sanidad de forma exclusiva, ya que el pasado 2024 el PP también echó mano de su mayoría absoluta para frenar esta propuesta de la oposición.
Las abultadas listas de espera que descienden a cuentagotas, los presuntos contratos irregulares del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas investigados actualmente por dos juzgados de Sevilla y Cádiz con hasta cuatro altos cargos de Salud investigados, la imposibilidad de que el médico de cabecera atienda antes de dos semanas, las denuncias sindicales de falta de plantillas suficientes para mantener el nivel de calidad de la sanidad pública… Nada de ello ha sido motivo suficiente para que el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, que fue el primer titular de Salud con Moreno Bonilla entre 2019 y 2022, haya considerado oportuno que el Parlamento debata sobre sanidad de manera exclusiva. Aguirre subraya que Andalucía “no vive ninguna situación excepcional” que justifique este debate.