La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido plenamente consciente de que en el nuevo modelo de financiación autonómica, que presentó la semana pasada, iba incluida buena parte de su futuro profesional más inmediato como candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla debe convocar para antes de junio próximo. De ahí que el jaque dado al ejecutivo andaluz siga sin se respondido con un movimiento mínimamente justificable, más allá del archiconocido agravio entre comunidades que no se refleja por ningún lado en el nuevo modelo propuesto por el Gobierno central a las autonomías.
El órdago lanzado ha cogido al ejecutivo andaluz con los reflejos algo atrofiados con la entrada del año nuevo, ya que el consabido mantra de “concesión al independentismo catalán” no cuela a estas alturas porque las cantidades ofrecidas y el reparto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez superan con creces la petición de 4.000 millones que Moreno Bonilla ha reiterado hasta la extenuación en incontables comparecencias públicas. La hemeroteca le está jugando una mala pasada al presidente andaluz, que da por hecho que el nuevo modelo de financiación “nace muerto” pese a que las cuentas de Montero ofrecen hasta 850 millones de euros más para Andalucía de los que viene reclamando el presidente andaluz.
El consabido mantra de “concesión al independentismo catalán” no cuela a estas alturas porque las cantidades ofrecidas superan con creces la petición de 4.000 millones que Moreno Bonilla ha reiterado hasta la extenuación
“El consenso del Parlamento andaluz reclamó 4.000 y esto está proporcionando 4.850. ¿Van a decir que no por puro interés partidista?”, se preguntaba la vicepresidenta la semana pasada en la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica. El Gobierno andaluz aún no ha respondido a la cuestión y sigue sin gustarle “ni la música ni la letra”, según la consejera de Hacienda, Carolina España, quien añade que la propuesta del ejecutivo central posee “mucha letra pequeña” por descifrar. Pese a ello, los hechos son inapelables: 4.850 millones ofrecidos a Andalucía gracias al nuevo modelo propuesto son 850 millones más de los que viene reclamando reiteradamente el propio Moreno Bonilla y de los que se condensaron en la Cámara autonómica. Y a todo esto, desde la Junta vuelven a echar mano del mantra del “Cataluña nos roba” sin dar una explicación concreta. “Nace por una nueva cesión al independentismo”, justifica la titular de Hacienda de la Junta. En ningún momento ningún miembro del Gobierno de Moreno Bonilla ha explicado con qué argumentos va a rechazar un nuevo modelo que otorga casi mil millones más de los que pide para Andalucía.
El nuevo modelo se estima que aportará en 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, 20.975 millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el modelo vigente. Los recursos totales que este modelo distribuirá en 2027 se estiman en 224.507 millones. En el último año liquidado, que corresponde a 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.
En la presentación del nuevo modelo, Montero ha destacado que es beneficioso para el conjunto del sistema autonómico porque aumenta los recursos autonómicos para blindar el Estado de Bienestar, refuerza y amplia la solidaridad interterritorial, incrementa la autonomía y corresponsabilidad fiscal, respeta y recoge las singularidades territoriales, garantiza el principio de suficiencia para que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad en todo el territorio y reduce las distancias en financiación por habitante.
Montero ha explicado las bases de este nuevo modelo de financiación, cumpliendo así la promesa del presidente del Gobierno, de plantear una financiación más amplia y justa para las comunidades autónomas reconociendo a la vez las singularidades de cada territorio. Dicha propuesta ha sido remitida al conjunto de gobiernos autonómicos para su conocimiento, con el fin de que sea debatida y analizada este próximo miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario.