La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció este martes en el Senado para responder a las acusaciones vertidas por la oposición sobre una supuesta intervención en las investigaciones de la Unidad Central Operativa y su relación con la exmilitante socialista Leire Díez. Lo hizo con un mensaje inequívoco y repetido en varias ocasiones durante su intervención. Nunca, aseguró, ha interferido en una investigación policial ni ha participado en ninguna operación destinada a obstaculizar causas judiciales.
La comparecencia se produjo en un clima político marcado por una creciente confrontación en torno a los informes de la UCO y las revelaciones aparecidas en distintos medios de comunicación. Frente a las acusaciones del Partido Popular y de Vox, González defendió que su actuación ha estado guiada siempre por el respeto institucional, la independencia judicial y la profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil.
La directora general reconoció haber mantenido varios contactos con Leire Díez a lo largo de los últimos años. Sin embargo, rechazó de forma rotunda que esas conversaciones estuvieran relacionadas con investigaciones en curso o con cualquier intento de influir en el trabajo de la UCO. Según explicó, los encuentros tuvieron carácter personal o profesional dentro de la normalidad de las relaciones institucionales y jamás derivaron en instrucciones, presiones o actuaciones dirigidas a alterar procedimientos judiciales.
La cuestión de fondo va mucho más allá de una relación personal o de varios encuentros mantenidos en una cafetería. Lo que realmente se dirime es si existen pruebas que acrediten una actuación irregular por parte de la dirección de la Guardia Civil. Y, por el momento, esas pruebas siguen sin aparecer.
Durante los últimos meses, una parte de la oposición ha construido un discurso basado en la existencia de una supuesta trama destinada a perjudicar investigaciones que afectan al entorno del Gobierno. Sin embargo, las acusaciones políticas continúan avanzando con mucha mayor velocidad que las evidencias conocidas.
González defendió además la labor de la UCO y mostró públicamente su respaldo al teniente coronel Antonio Balas, convertido en una de las figuras más mencionadas en el debate político reciente. También cerró filas con el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, cuya profesionalidad calificó de intachable.
La directora general recordó que el propio Ministerio del Interior ha incrementado de forma notable los recursos destinados a la Unidad Central Operativa durante los últimos años. Un dato que, a su juicio, resulta difícilmente compatible con el relato según el cual existiría una voluntad política de debilitar o controlar a la unidad encargada de algunas de las investigaciones más sensibles del país.
La comparecencia dejó al descubierto una dinámica cada vez más frecuente en la política española. Determinadas hipótesis terminan siendo presentadas como certezas antes incluso de que existan conclusiones judiciales que las respalden.
La comparecencia de Mercedes González buscó devolver la discusión al terreno de los hechos verificables. Reconoció reuniones, explicó contactos y asumió públicamente decisiones administrativas adoptadas durante su mandato. Lo que negó de forma categórica fue aquello que constituye el núcleo de las acusaciones. Haber utilizado su cargo para condicionar investigaciones policiales.
La presunción de inocencia, tan invocada por algunos sectores cuando afecta a dirigentes de su propio entorno político, sigue siendo un principio democrático aplicable a todos. También a quienes ocupan responsabilidades públicas y se convierten en objetivo de la batalla partidista.
Por ahora, la directora general de la Guardia Civil mantiene su versión con absoluta contundencia. La oposición mantiene las sospechas. Y la diferencia entre una acusación política y una prueba judicial continúa siendo, afortunadamente, uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de derecho.