En los parques de bomberos y en las casetas del SUMMA 112 de Madrid se masca una bronca callada pero áspera. De esas que se rumian entre trago y trago de café mientras suena la sirena. Gente entrenada para jugarse el pellejo en incendios voraces, accidentes de tráfico o rescates al límite se encuentra, de pronto, con un ariete en la mano frente a la puerta de un vecino.
Convertir a los servicios de emergencias en el brazo ejecutor de los desahucios ha caído como una patada en el estómago en vestuarios y turnos de guardia. La mecha definitiva volvió a prender con las imágenes brutales de Maricarmen, expulsada de su piso de Retiro en una camilla.
Ante este panorama, Más Madrid ha llevado a la Asamblea una iniciativa clara: que ningún trabajador público sea obligado a reventar una puerta o expulsar a alguien de su casa contra su propia conciencia.
Y es que las cifras frías marean. Solo en 2025 se ejecutaron en la región 2.267 lanzamientos, más de seis cada bendito día, la inmensa mayoría por impagos de alquiler. En el primer trimestre de este año cayeron otros 582. Familias enteras a la calle, muchas veces sin un techo alternativo donde pasar la noche. Una sangría que empeoró cuando decayó en el Congreso la prórroga que frenaba los desahucios a los más vulnerables.
Pero el caso de Maricarmen fue la gota que colmó el vaso. Ochenta y siete años. Siete décadas viviendo entre esas cuatro paredes. Para sacarla de allí montaron un despliegue delirante: más de doscientos policías, 209 propuestas de sanción a los vecinos concentrados en la acera y la anciana saliendo en camilla ante las cámaras.
¿Un lanzamiento judicial es una emergencia? En los parques lo tienen clarísimo: no. Sin embargo, la dirección de bomberos del Ayuntamiento de Madrid aprobó en marzo de 2025 un protocolo interno que los obliga a acudir a estos operativos. Una orden que los sindicatos llevan meses pidiendo quemar en el cubo de la basura.
Un estudio reciente del Centro Sira, tras encuestar a más de cien profesionales, retrata la encerrona. Ninguna ley autonómica dice que los bomberos estén para ejecutar desahucios. El 95% siente que esto no es su trabajo. Y lo peor: el 70% ni siquiera sabía que iba a un desahucio hasta que se bajó del camión a pie de calle.
El miedo a decir "no" tampoco es gratuito. Todavía pesa en el ambiente el recuerdo de Roberto Rivas, aquel bombero coruñés que en 2013 se negó a cortar la cadena del portal de una anciana de 85 años. Le cayeron 600 euros de multa y los tribunales le dieron la espalda. Con los sanitarios pasa tres cuartos de lo mismo: su labor es curar y cuidar, no servir de anestesia para que la comisión judicial firme el desalojo.
Por si fuera poco, la Puerta del Sol tenía herramientas para frenar estos dramas antes de llegar al juzgado y las dejó morir. En 2019 firmaron un convenio entre la Comunidad, el Poder Judicial y los municipios para detectar casos vulnerables y buscarles casa. ¿El resultado? La comisión se reunió el día de la foto, el comité técnico hizo una sola reunión en 2020 y el acuerdo caducó en 2024 sin que nadie se molestara en renovarlo. Dejación de funciones de manual.
La propuesta de Más Madrid exige ahora cambios legales para amparar la objeción de conciencia de bomberos, sanitarios y personal de justicia, blindándolos para que rechazar estos servicios no les cueste una sanción o el puesto de trabajo.
Le toca ahora retratarse a los políticos en Vallecas: decidir de una vez por todas si los uniformes de rescate están para salvar vidas o para hacerle el trabajo sucio al mercado inmobiliario.
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