Es miércoles y en la España institucional se repite una escena tan vieja que ya parece parte del mobiliario: un alto mando señalado por una subordinada se presenta ante el juez no tanto a explicar lo ocurrido como a reinterpretarlo. El exDAO José Ángel González sostiene que no hubo encierro, que ofreció salida y que lo demás se parece más a una discusión sentimental que a una agresión. La defensa, en esencia, no discute sólo los hechos: discute el marco moral en el que esos hechos deberían leerse.
La defensa no busca convencer, busca cansar
El escrito del exDAO trabaja con una lógica reconocible. Si la denuncia habla de abuso, la respuesta convierte el episodio en malentendido; si la acusación dibuja asimetría, la réplica insiste en “confianza”; si aparece el mando, se invoca una relación previa; si asoma la coacción, se subraya que hubo “puertas abiertas”. Es un mecanismo útil porque traslada el debate desde lo verificable, qué pasó, cuándo, cómo, hacia lo resbaladizo: qué tono había, qué intención se adivina, qué clase de vínculo “real” existía.
El problema, para cualquiera que haya seguido casos similares dentro y fuera de la Administración, es que ese desplazamiento no es neutro. En estructuras jerárquicas, el poder rara vez necesita prohibir explícitamente, le basta con hacer costoso el desacuerdo. La relación laboral y el rango pesan incluso cuando nadie grita. Y eso es lo que suele quedar fuera del guion defensivo: la diferencia entre “puedes irte” y poder irte sin consecuencias.
En paralelo, la institución intenta blindarse por la vía del procedimiento. Interior ha anunciado una “revisión extraordinaria” de protocolos para entender por qué la agente no acudió al circuito interno y optó por la vía judicial. La pregunta tiene sentido administrativo; políticamente, suena a otra cosa: a la inquietud de que la gente empiece a preferir al juez antes que a la ventanilla de su propia casa.
Y aquí aparece el dato frío, el que no entiende de relatos: hay expedientes por acoso sexual tramitados en la Policía en los últimos años y, aun así, el caso de mayor impacto no ha entrado por la puerta diseñada para eso. Si un sistema presume de canal y la víctima lo esquiva, no basta con preguntar “por qué no lo usó”; hay que mirar también qué coste percibe quien lo usa.
El exDAO será escuchado el 17 de marzo, junto con la denunciante. Hasta entonces, seguirá el pulso habitual: una parte del debate público buscando certezas y otra intentando que todo se diluya en ruido, ese ruido que, curiosamente, casi siempre beneficia a quien ya venía con altavoz de serie.
No es sólo un caso judicial. Es una fotografía del Estado cuando se mira al espejo y decide discutir la imagen proyectada. Y, mientras tanto, la democracia, tan dada a decirse adulta, vuelve a probar si puede convivir con quienes han convertido la responsabilidad en un trámite y la vergüenza en un accesorio opcional.