El caso Kitchen acaba de sufrir una sacudida tectónica en los minutos de descuento. En un giro imprevisto que altera por completo el guion establecido, el magistrado instructor Antonio Piña ha reactivado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de cara a la inminente conclusión de la vista oral. Mientras los principales cabecillas de la trama contemplaban el cierre del juicio con la tranquilidad de quien se sabe a salvo, el juez ha ordenado elaborar un informe pericial exhaustivo sobre una serie de comunicaciones interceptadas entre el comisario José Manuel Villarejo, la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, y su entonces marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
Este inesperado regreso de los investigadores al epicentro de la causa apunta de manera directa al corazón de la presunta financiación ilegal y los servicios extraoficiales del aparato conservador. Las pesquisas policiales se concentrarán de forma prioritaria en esclarecer la veracidad de las presuntas entregas de dinero en efectivo que Cospedal y su cónyuge habrían efectuado al comisario de paisano, un asunto de extrema gravedad que el anterior instructor de la macrocausa, Manuel García Castellón, despachó en su día con una sospechosa ligereza. El movimiento judicial no solo amenaza con hacer saltar por los aires la aparente inmunidad que ha protegido a la cúpula del PP, sino que abre la espita para la inauguración de una causa penal independiente si los nuevos informes policiales corroboran la existencia de indicios de delito fiscal y cohecho.
El desprecio de los testigos protegidos
Hasta este momento, el desarrollo del juicio por la Operación Kitchen (definida por el Ministerio Fiscal como una estructura clandestina con la finalidad bastarda de boicotear la investigación de la caja B del PP y proteger a sus mandatarios) se había convertido en un paseo militar para los antiguos líderes gubernamentales. Beneficiados por resoluciones previas que impidieron su procesamiento como acusados, tanto Mariano Rajoy como la propia María Dolores de Cospedal comparecieron ante el tribunal en calidad de simples testigos, desplegando una actitud que los cronistas jurídicos no dudaron en calificar de amnésica, displicente e incluso altiva. El blindaje parecía perfecto gracias a que una serie de grabaciones clave, publicadas por la emisora catalana RAC1, fueron sistemáticamente desestimadas por los tribunales ordinarios.
Sin embargo, el nuevo auto dictado por el juez Piña pincha esa burbuja de impunidad al exigir de manera perentoria a la citada cadena de radio la entrega formal de todos sus archivos de audio originales. La trascendencia de este material gráfico es demoledora para la credibilidad del relato oficial de la formación conservadora. En una de las conversaciones grabadas el quince de septiembre de dos mil catorce, celebrada en el despacho privado de la séptima planta de la sede nacional de la calle Génova, se escucha con total nitidez cómo Villarejo advierte a Cospedal sobre el hallazgo de una documentación complicada sobre el extesorero Luis Bárcenas. Lejos de escandalizarse o denunciar la maniobra ilegal, la entonces número dos del partido asume el control operativo de la situación y confiesa un secreto de Estado fulminante: a mí me lo ha dicho el presidente, confirmando que el propio inquilino de la Moncloa estaba al corriente de los trabajos de limpieza y destrucción de pruebas incriminatorias.
El almacén secreto de la Audiencia Nacional
El laberinto judicial de la macrocausa Villarejo encierra todavía misterios tecnológicos que las acusaciones intentan descifrar a marchas forzadas. Gran parte de los audios que ahora vuelven a estar bajo el foco de Asuntos Internos permanecieron sepultados durante dos años en la denominada pieza 34, una suerte de cajón de sastre ideado por García Castellón para acumular de forma caótica las filtraciones de los medios de comunicación, los volcados digitales distribuidos en redes sociales y la documentación entregada por empresarios vinculados a las cloacas. Sigue siendo una incógnita jurídica si estos archivos forman parte del cincuenta por ciento de las grabaciones de Villarejo que la Audiencia Nacional mantiene bajo estricto encriptado militar, inaccesibles para las partes personadas en el procedimiento.
En el interior de ese archivo sepultado se escondía un informe policial de Asuntos Internos que a punto estuvo de pasar desapercibido para las defensas de la acusación popular ejercida por el PSOE. En dicho documento, los agentes advertían expresamente de la existencia de un anexo etiquetado con las siglas de la exdirigente popular, solicitando una valoración judicial sobre su conexión directa con el espionaje ilegal de la Kitchen que nunca llegó a producirse por el rechazo de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor de entonces. El nuevo empuje procesal ha logrado rescatar cintas de audio de una gravedad meridiana, como aquella en la que Cospedal confiesa de viva voz que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le entregaba los informes confidenciales de la UDEF sobre el caso Gürtel con veinticuatro horas de antelación respecto al juez encargado del caso, viciando de raíz las garantías del proceso penal.
Rastro del dinero negro
El aspecto más lesivo de la reapertura de las indagaciones policiales apunta directamente a las anotaciones manuscritas del comisario jubilado, un registro minucioso que funciona como el libro contable de la corrupción político-policial. Los analistas de la Unidad de Asuntos Internos tienen el mandato de cruzar las referencias de las agendas con los audios inéditos para verificar la ruta del dinero negro. Los apuntes de Villarrejo describen citas clandestinas que coinciden temporal y espacialmente con las decisiones estratégicas de la cúpula del PP, incluyendo registros explícitos donde se detalla el envío de emisarios con cantidades fijas de dinero en metálico y promesas de pagos complementarios a cambio de favores informáticos y el frenado de los papeles de Bárcenas.
La documentación intervenida arroja citas tan explícitas como la ocurrida en el hotel Orfila, donde se detalla la exigencia de elaborar informes de inteligencia contra partidos rivales y el compromiso expreso de saldar las deudas económicas pendientes con el comisario antes de su jubilación planificada. Incluso en los momentos de mayor debilidad de Villarejo, cercado por los escándalos sobre su patrimonio oculto en el extranjero, la red de protección política se mantuvo activa, registrándose citas donde la entonces ministra de Defensa se comprometía a interceder ante las altas instancias del Estado bajo la máxima de yo hablo con quien tenga que hablar. Con la entrega de los audios de RAC1 y la elaboración del nuevo dictamen pericial, las cloacas del Estado amenazan con desbordar el cauce controlado de la Kitchen, demostrando que la verdad judicial, al igual que las cintas magnéticas de las cloacas, siempre encuentra una rendija por la que volver a salir.
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