El registro judicial efectuado el pasado 19 de mayo en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de las pesquisas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, sacó a la luz tres juegos de joyería integrados por rubíes, esmeraldas y zafiros de altísimo valor. La explicación ofrecida por el exjefe del Ejecutivo para justificar la posesión privada de las gemas, un supuesto obsequio personal del ya difunto monarca de Arabia Saudí durante una visita oficial en 2007, acaba de encallar estrepitosamente en los tribunales.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha firmado un contundente auto en el que deniega la petición de Zapatero de enviar una comisión rogatoria a la Corte Real saudí. El juez, alineado con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha desmontado la solicitud defensiva al constatar que la hipótesis planteada no es más que una mera afirmación autointeresada desprovista del más mínimo elemento objetivo de corroboración externa. La justicia se niega a actuar como vehículo de prospección internacional para construir ex novo el soporte probatorio de quien hoy se encuentra acorralado por el origen de su patrimonio.
La contradicción del Código de Buen Gobierno
El relato del exdirigente socialista, según el cual aceptó las piezas por deferencia hacia el soberano extranjero y las conservó en su esfera íntima sin percatarse de su desorbitado valor económico, tropieza frontalmente con la hemeroteca normativa y el sentido común. El juez destaca con especial severidad un hecho revelador. Fue bajo la propia presidencia de Zapatero cuando el Consejo de Ministros aprobó, en febrero de 2005, el Código de Buen Gobierno, una norma que obligaba de forma explícita a entregar a Patrimonio Nacional todo obsequio institucional de especial significación.
Resulta incongruente defender la ignorancia sobre el protocolo de actuación cuando fue su propio Gabinete el que fijó los límites éticos de los altos cargos. Calama remarca que las características externas de conjuntos integrados por rubíes, esmeraldas y zafiros permiten advertir, incluso a cualquier observador profano sin conocimientos periciales, una entidad patrimonial extraordinaria. Sostener que unas joyas de esa magnitud permanecieron guardadas durante casi dos décadas sin conciencia de su valor material constituye una tesis de imposible acomodo en la lógica judicial.
«La afirmación de que permanecieron durante años en su poder sin conciencia de su valor material encuentra difícil acomodo en las características objetivas de los efectos de que se trata», dictamina el juez en su resolución.
Sin estuches, sin certificados y al borde de la malversación
Las fisuras en la versión de la defensa no se agotan en el análisis normativo. La inspección de las piezas incautadas reveló que las gemas no se conservaban en sus estuches originales ni contaban con los estipulados certificados de autenticidad o documentación de procedencia. Hablamos de los documentos que de forma invariable acompañan a los obsequios emitidos por las casas reales o jefaturas de Estado. Esta anomalía cobra un cariz insostenible al comprobar que otros regalos institucionales recibidos durante aquella misma visita oficial de 2007 sí fueron convenientemente catalogados e incorporados al erario público. No hay más que recordar cómo, en la última cumbre de la OTAN, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, regaló a los asistentes una pistola en un estuche y con un certificado. Eso es lo que le falta a Zapatero.
El juez recuerda además la contradicción procesal en la que incurre Zapatero. Mientras argumenta una relación fluida y personal con la Casa Real saudí para justificar el regalo, no aporta prueba alguna de haber tramitado oficialmente solicitudes de confirmación a través de la embajada. Con la libertad de movimientos intacta y sin medidas cautelares que le impidan desplazarse a Riad para recabar pruebas por sus propios medios, la justicia rechaza suplir con dinero público la falta de diligencia de la defensa.
Calama ha avanzado que resolverá en una resolución posterior la petición formal de la Fiscalía Anticorrupción para imputarle un delito de malversación de caudales públicos. Al haber retenido en su ámbito privado unos bienes de altísimo valor que debieron ser transferidos al Estado, Zapatero se asoma al abismo de un procesamiento que desnudará de forma definitiva la trastienda de sus relaciones internacionales.
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