La Asociación de Hipotecados Activos (AHA), presidida por José María Rivas de Roda, trasladó una denuncia al Defensor del Pueblo, en la que indicaba la actuación irregular, posiblemente corrupta, del supervisor bancario con el índice IRPH. Tal como publicamos en Diario sabemo se facilitaron documentos oficiales donde se explica claramente que los contratos IRPH deben tener un diferencial negativo (para evitar la doble retribución de la Comisión de Apertura).
Por otra parte, el Banco de España, a partir de 2022 indicó que la norma del diferencial negativo de la Circular 5/94 no se aplicaba al préstamo en sí, sino a unas supuestas comparaciones. Ello contradecía los pronunciamientos del Ministerio de Economía en 2017. Además, no tiene demasiado sentido que se hable de unas comparaciones que debe hacer el cliente en una circular dirigida a entidades pero, aun así, diversos afectados solicitaron al Banco de España, e incluso al INE, las referidas comparaciones. Nunca aparecieron.
Reunión del Grupo Sumar con el Defensor del Pueblo
Diputados de Sumar mantuvieron una reunión con la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Patricia Bárcena, para abordar los problemas que el IRPH sigue generando en el mercado hipotecario. Durante el encuentro también se analizó la reciente denuncia presentada por AHA. Asistieron a la reunión el jurista parlamentario David Espínola y el matemático Guillem Bou (autor del informe IRPH de 2022 que sirvió de base para las sentencias TJUE de 2023 y 2024).
El grupo parlamentario Sumar ha mostrado una especial sensibilidad hacia la situación de los hogares afectados por el IRPH y por otros abusos hipotecarios. En este sentido, ha impulsado una proposición de ley orientada a ofrecer una solución efectiva a estas problemáticas y a reforzar la protección de las familias trabajadoras hipotecadas.
Una explicación sencilla del diferencial negativo
Guillem Bou explicó a los presentes, de manera diáfana, con el esquema que consta en la denuncia de la Asociación de Hipotecados Activos (AHA) el por qué de la necesidad del diferencial negativo.
“Es obvio”, declaró Guillem Bou, “que las cantidades cobradas por las comisiones de apertura hacen subir el valor del IRPH, ya que es una media de TAEs”. Si se entiende esto, entonces se entiende que el servicio prestado una vez, la comisión de apertura, genera mensualmente una especie de “derechos de autor” que pagan todos los afectados IRPH que revisan los tipos aquel mes. Por tanto, para corregir este valor dilatado del IRPH, no hay más remedio que admitir que hay que realizar un “descuento”, del cual el Banco de España dio la fórmula en la Circular 5/94.
El "caso por caso" del Tribunal Supremo, en entredicho
Atendiendo a las razones matemático-financieras, las sentencias del TJUE 2023 y 2024 atacan explícitamente la doble retribución. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corresponde al juez nacional comprobar que en la contratación IRPH no se diera una doble retribución, que es lo que se da precisamente si no hay diferencial negativo.
Huelga decir, por tanto, que el Tribunal Supremo fijó en noviembre de 2025 criterios restrictivos y descartó una solución general para todos los contratos, remitiendo el análisis a las circunstancias de cada caso. Ahora bien, si se aclara la necesidad financiera del diferencial negativo (necesidad de evitar la doble retribución) esta doctrina cae: todos los contratos sin diferencial negativo incumplen las sentencias del TJUE.
La AHA se felicita por la intervención del Defensor del Pueblo
La confirmación del Defensor del Pueblo llegó por escrito el pasado 2 de junio, mediante una comunicación dirigida al presidente de AHA, José María Rivas de Roda, en la que se comunica que dan inicio “las actuaciones oportunas ante el Banco de España”. Con ello, AHA ha conseguido convertir su denuncia en un expediente institucional abierto frente al supervisor bancario. La actuación del Banco de España queda ahora sometida al examen de una institución con capacidad para supervisar a las administraciones públicas y actuar de oficio.
En declaraciones a este diario, Rivas de Roda, considera que “haber logrado que el Defensor del Pueblo se involucre supone la apertura de una vía institucional que auxiliará a la judicial, la cual no es del todo clara, y parece contradecir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.