El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para ampliar el espigón del Tarajal, en la frontera de Ceuta con Marruecos, y sustituir la actual barrera neumática provisional por un sistema permanente de balizamiento y contención. La actuación, presupuestada inicialmente en nueve millones de euros, pretende convertir en estructural una solución que hasta ahora tenía carácter temporal.
El proyecto llega después de la crisis migratoria de finales de julio y de las dificultades que ha presentado la barrera instalada de urgencia en agosto. Este martes, buena parte de la boya neumática volvía a aparecer desinflada y parcialmente sumergida, una incidencia que se ha repetido desde su colocación.
La decisión de Interior supone, por tanto, pasar de una respuesta provisional a una reforma permanente de la frontera marítima del Tarajal, uno de los puntos más sensibles del perímetro entre España y Marruecos.
El espigón del Tarajal crecerá 115 metros mar adentro
La obra prevista por Interior se desarrollará en dos fases. La primera contempla prolongar el actual espigón 15 metros mar adentro, mediante tres tramos cimentados sobre pilotes. Sobre ellos se instalará un cerramiento de malla antitrepa rematado con peines curvos invertidos.
La segunda fase es considerablemente mayor y supondrá construir otros 100 metros de dique vertical, de manera que la prolongación prevista alcanzará en conjunto los 115 metros. El coste estimado de estas dos actuaciones asciende a siete millones de euros.
A esta infraestructura se añadirá un sistema permanente de balizamiento flotante preparado para desplegar una red de contención de alta resistencia que llegará hasta el fondo marino, diseñada para impedir también el paso sumergido. Interior calcula otros dos millones de euros para esta parte del proyecto.
La inversión total prevista se sitúa así en torno a nueve millones de euros para reforzar la frontera del Tarajal. La actuación tiene además una dimensión jurídica que explica buena parte de su origen. Interior instaló la barrera provisional el 1 de agosto después de que una sentencia del Tribunal Supremo estableciese que el régimen especial de rechazo en frontera previsto en la Ley de Extranjería no podía aplicarse de la misma manera a quienes accediesen a Ceuta a nado cuando no existía un elemento físico de contención que impidiera el acceso al territorio español.
Aquella solución de emergencia, concebida para delimitar físicamente el espacio fronterizo marítimo, dejará ahora paso a una infraestructura estable.
Una actuación que Interior ya había anunciado antes del plan del PP
La ampliación del Tarajal se incorpora también al debate político abierto tras la crisis de julio. Conviene, sin embargo, ordenar las fechas. Grande-Marlaska anunció el 28 de agosto que Interior había solicitado financiación europea para invertir 35,6 millones de euros en medidas estructurales en Ceuta, entre ellas la prolongación de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú.
Días después, el PP llevó al Congreso su propio paquete de medidas para Ceuta, que también incluía alargar el espigón del Tarajal, además de reclamar más efectivos permanentes de Policía Nacional y Guardia Civil y funcionarios para acelerar los procedimientos de expulsión. La iniciativa fue rechazada por el Pleno y únicamente recibió el respaldo de Vox y UPN, mientras Coalición Canaria se abstuvo.
La cronología resulta relevante porque la prolongación que Interior tramita ahora forma parte de los trabajos que el departamento asegura haber comenzado durante la primera semana de agosto, cuando encargó un estudio técnico-económico sobre el recrecimiento y ampliación del espigón y otro informe sobre la viabilidad del nuevo balizamiento permanente.
El Gobierno transforma así una respuesta adoptada inicialmente con carácter de urgencia en una obra permanente que modificará de manera sustancial la frontera marítima de Ceuta.
El calendario todavía no está cerrado. Antes de iniciar los trabajos, Interior necesita recabar el informe favorable de la Ciudad Autónoma de Ceuta y las autorizaciones de los distintos organismos estatales implicados. Solo después podrá concretarse el plazo definitivo de ejecución.
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