Un grupo de Letrados de la Administración de Justicia sustitutos denuncia públicamente que el Ministerio de Justicia les aboca al cese inminente sin haber articulado una salida de estabilización para quienes llevan años, en algunos casos más de una década, ocupando plazas estructurales. Los ceses de mayor impacto llegarán la última semana de mayo o la primera de junio, especialmente para los sustitutos de más larga duración, entre ellos muchos nombrados antes del 1 de enero de 2016.
La situación, sostienen, no es solo laboral ni administrativa. Es también una anomalía política y de modelo. A su juicio, el cuerpo de LAJs se ha convertido en el único de toda la Administración Pública española en el que no se habría materializado un proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021, pese a arrastrar un volumen muy elevado de plazas vacantes y una dependencia sostenida de personal sustituto.
Los afectados han activado ya la vía judicial. Tienen abierta una acción administrativa y una demanda contencioso-administrativa con medidas cautelares. En esa demanda articulan, según exponen, dos pretensiones principales: que se oferten todas las plazas, sin distinguir por la antigüedad de la persona que las ocupa, y que se convoque un concurso-oposición para estabilizar a quienes fueron nombrados antes del 1 de enero de 2016. Pero entre los propios sustitutos domina el pesimismo. La percepción interna es que nada impedirá los ceses, aunque el pleito siga su curso. Y de nuevo, el interino sufre el desprecio y la insolidaridad del compañero de mesa que se cree de una casta superior.
A esa incertidumbre se suma otro golpe. El Ministerio ya habría informado, como castigo, de que la convocatoria anulada a instancia de las asociaciones de LAJs titulares ha caducado, de modo que las 96 plazas destinadas a consolidación habrían quedado sin posibilidad de estabilización. Ni por concurso. Ni por concurso-oposición. Ni por una fórmula extraordinaria que permita absorber una temporalidad que, en algunos destinos, se mide ya en décadas de servicio efectivo.
La denuncia de fondo va más allá del expediente concreto. Los sustitutos sostienen que las dos convocatorias impulsadas para dar salida a este problema habrían sido boicoteadas por asociaciones de LAJs titulares, que rechazan cualquier acceso o consolidación al margen del tradicional oral memorístico. Según los afectados, detrás de esa resistencia opera una lógica abiertamente clasista: sirven para sacar adelante juzgados durante 10, 15 o 20 años, para asumir destinos que los titulares no quieren y para sostener plazas crónicamente vacantes, pero no para obtener una mínima estabilidad.
Ese contraste, precisamente, es el que convierte el conflicto en algo más que una disputa corporativa. Porque no se trata de personas ajenas al servicio, sino de profesionales que llevan años realizando exactamente la misma función que ahora se les niega consolidar. El mensaje implícito es incómodo: el sistema acepta la sustitución cuando necesita cubrir huecos, pero se pone exquisito cuando se trata de reconocer derechos. La meritocracia, al parecer, no se mide igual cuando conviene mantener el edificio en pie que cuando toca repartir llaves.
Los afectados sitúan el problema en un contexto estructural de falta de cobertura. Afirman que en la actualidad existen unas 800 plazas vacantes de LAJs en toda España, y que una parte especialmente relevante de esas vacantes se concentra en Andalucía, Catalunya, Galicia y Canarias. Añaden, además, que buena parte de los nuevos LAJs destinados en esas comunidades abandonan el territorio en un plazo breve, lo que refuerza la dependencia del sistema respecto de quienes llevan años encadenando sustituciones.
Esa combinación de vacantes estructurales, rotación, falta de estabilización y ceses inminentes dibuja una imagen poco edificante para la Administración de Justicia, en nada en la línea triunfalista del Ministro Bolaños. Mientras se proclama la modernización del servicio público, uno de sus cuerpos clave seguiría funcionando, en parte, sobre una bolsa de profesionales experimentados a los que se utiliza para cubrir necesidades permanentes pero a los que después se mantiene en una provisionalidad indefinida. Un modelo muy español: se invoca la excelencia del cuerpo, se defiende el prestigio del acceso y, entretanto, el trabajo ordinario sale adelante gracias a quienes no merecen plaza, pero sí merecen cargar con sus sacrificios.
Ante esa situación y el enorme retraso en los servicios de Justicia que eso comporta, los LAJs sustitutos afectados están empezando a plantearse una estrategia de mayor visibilización pública, para concienciar de esa discriminación estructural dentro del propio sistema judicial. Igual problema sufren los jueces sustitutos o interinos. Y todo con miedo, cualquier reclamante de derechos queda fuera de las listas de espera, aprovechando de que mientras están en ella, no pueden ejercer de otra cosa. En la Justicia española, al parecer, hasta para denunciar la precariedad conviene no molestar demasiado a quien administra la lista de espera, porque lo que le espera es ser represaliado.