En los despachos de la Comisión Europea, la lucha contra la temporalidad abusiva en las administraciones públicas españolas es uno de los grandes expedientes abiertos desde hace más de una década. En España, donde la temporalidad es estructural (una anomalía jurídica en términos europeos), la presión de Bruselas se ha traducido en un conjunto de compromisos formales para corregir un problema que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha censurado reiteradamente: convertir el empleo temporal en una práctica ordinaria de gestión pública.
Sin embargo, los últimos datos oficiales evidencian una dinámica paradójica. La temporalidad en las administraciones públicas baja, sí, pero no porque se esté creando empleo fijo en cantidades suficientes, sino porque se está dejando marchar a sus temporales, ya sea por ceses, despidos o no renovaciones de contratos. Ajustar las ratios de Bruselas, sí; consolidar plantillas, no tanto.
Según la Encuesta de Población Actica (EPA) del tercer trimestre de 2025, el porcentaje de temporales en el sector público se situó en niveles previos a la pandemia. La caída parece, a primera vista, un logro. Pero un análisis más profundo de los datos revela una tendencia inquietante: el empleo fijo crece, pero la reducción de interinos es tan intensa que el resultado neto es una pérdida global de empleo público.
Entre 2024 y 2025, las administraciones incorporaron 49.300 indefinidos, pero extinguieron 57.400 interinos: el saldo es negativo.
El grueso de los recortes se concentra en empresas estatales que dependen del gobierno (-20.200), comunidades autónomas (-7.500) y Administración General del Estado (-4.700). No se trata de un ajuste coyuntural: la media móvil del último año confirma la tendencia.
Tensión Bruselas-Madrid
La tensión entre Bruselas y Madrid se agravó cuando la Comisión Europea decidió retener más de 600 millones de euros en fondos europeos, al considerar que España no ha cumplido con el compromiso de reducir la temporalidad estructural en el empleo público. El bloqueo afecta a varios tramos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y supone un aviso extraordinariamente duro: para la Unión, no basta con que la temporalidad baje; debe hacerlo mediante mecanismos que garanticen estabilidad real y conforme a la jurisprudencia del TJUE. La congelación del dinero europeo eleva el conflicto a la categoría de cuestión de Estado.
El gobierno de Pedro Sánchez defiende que ha avanzado en la estabilización, pero Bruselas replica que las mejoras no alcanzan el umbral pactado y que la temporalidad sigue siendo incompatible con los estándares europeos. La retención de esos más de 600 millones actúa así como un instrumento de presión estructural. La UE no quiere una reducción estadística, sino una transformación institucional. Mientras los fondos permanezcan congelados, España no solo se expone a tensiones presupuestarias, sino también a un deterioro de su credibilidad jurídica ante el resto de socios europeos.
Bruselas reclama fijeza, España ofrece rotación
La Comisión Europea y el TJUE han sido claros: el abuso español de la interinidad constituye una vulneración del Derecho de la Unión, y debe sancionarse con medidas efectivas para proteger al trabajador. España, sin embargo, ha elegido un camino llamativamente distinto al estándar europeo.
Mientras Portugal, Italia o Francia han optado por mecanismos de conversión estructural hacia la fijeza, España ha legitimado un modelo donde la solución al abuso no es estabilizar la relación, sino finalizarla.
Una vez finalizado el supuesto proceso de presunta estabilización en 2024, el resto del ajuste se está, tal y como muestran los datos oficiales, realizando por una vía mucho más expeditiva: la extinción de los contratos temporales por fin de programa, amortización o no renovación. Es el equivalente jurídico-administrativo a limpiar la estadística con una goma de borrar.
La ecuación que condena a los interinos
Legalmente, España tiene dos caminos para reducir la temporalidad. Por un lado, decretar la fijeza pero para el gobierno es un proceso caro, lento y condicionado por la regla de gasto. Por otro, extinguir el empleo interino porque sale más barato, es más rápido y estadísticamente impecable. El Estado español parece haber elegido el segundo.
Los procesos selectivos para convertirse en funcionario de carrera pueden llevar años entre el examen y la toma de posesión. En un contexto de presión europea y límites presupuestarios, resulta mucho más sencillo y, sobre todo más inmediato, dejar expirar contratos interinos que ampliar plantillas fijas a gran escala.
De ahí que el compromiso europeo de “estabilidad” esté derivando, en la práctica, en una política de rotación acelerada, no de consolidación.
SEPE: el laboratorio de pruebas
Si hay un organismo que ilustra la nueva ortodoxia administrativa, es el SEPE. Entre 2023 y 2025 ha prescindido de 1.757 interinos y 89 temporales, pero solo 1.421 fijos incorporados. El saldo es negativo y, jurídicamente, revelador. Las extinciones cumplen la meta europea de “reducir temporalidad”, pero la pérdida de recursos humanos impide al organismo ofrecer un servicio adecuado por falta de personal.
Europa pidió estabilidad laboral. España ha respondido con estabilidad estadística.
Cumplir la estadística, incumplir el derecho
En términos estrictamente normativos, el TJUE no exige una ratio de temporalidad concreta, sino que los Estados sancionen el abuso y garanticen una protección efectiva. Pero la estrategia española de ajustar la ratio sin garantizar la continuidad del trabajador podría reabrir la puerta a futuros litigios europeos, esta vez no por abuso de interinidad, sino por ausencia de medidas reparadoras. En otras palabras: España está en el camino de cumplir formalmente con Bruselas mientras incumple el espíritu de la jurisprudencia europea. España está, efectivamente, cumpliendo con Europa. Lo discutible es cómo, sobre todo viniendo de un gobierno que se autoproclama como “progresista”.