Los documentos desclasificados sobre la crisis de Ceuta aportan información suficiente para confirmar que durante las horas decisivas del 30 de julio, pero no para convertir esa constatación en la prueba de una operación organizada desde Rabat. Entre ambas conclusiones existe una distancia importante y los propios informes de los organismos de seguridad e inteligencia españoles muestran hasta qué punto resultaba difícil establecer, en medio de aquella avalancha, dónde terminaba la incapacidad marroquí para contenerla y dónde podía comenzar una pasividad deliberada.
El documento elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas resulta especialmente relevante porque fue redactado el mismo día de la entrada masiva y no después, con la ventaja que proporciona conocer el desenlace. A las 13.00 del 30 de julio, cuando la crisis estaba en pleno desarrollo, el CIFAS consideraba «muy probable» que las autoridades marroquíes no estuvieran favoreciendo activamente la oleada migratoria, aunque estimaba igualmente que habían actuado hasta ese momento de forma «negligente y pasiva».
La combinación de ambas afirmaciones define bastante bien los límites de lo que conocía entonces la Inteligencia militar. No atribuía a Marruecos la organización de la entrada, pero tampoco describía el comportamiento de sus fuerzas de seguridad como una colaboración normal ante una crisis fronteriza de semejante magnitud.
El CIFAS añadía una segunda consideración con evidente contenido geopolítico. Marruecos podía intentar explotar la situación «en beneficio de sus intereses estratégicos» y tampoco se descartaba cierto malestar dentro del Majzén por el viaje realizado por Pedro Sánchez a Argelia diez días antes. El informe matizaba inmediatamente esta última hipótesis al señalar que la visita, aparentemente, no había tenido una recepción negativa en Marruecos.
Ese cuidado en las expresiones importa para entender correctamente unos documentos de inteligencia que trabajan mediante grados de probabilidad y escenarios, no mediante conclusiones judiciales. La posibilidad de que Rabat aprovechara políticamente una crisis ya desencadenada no equivale a afirmar que Rabat la hubiera provocado, del mismo modo que contemplar un posible malestar diplomático por la relación española con Argelia tampoco acredita que ese malestar estuviera detrás de lo ocurrido.
Los informes no ofrecen una única versión de Marruecos
La documentación publicada por el Gobierno resulta especialmente interesante cuando se analiza en conjunto porque los distintos organismos no interpretaron de la misma manera el comportamiento marroquí.
La Guardia Civil manejó elementos que conducían hacia una explicación menos incriminatoria. Su Jefatura de Información consideró poco probable que Marruecos hubiera consentido o incentivado la entrada y señaló que las autoridades del país vecino habían reforzado la frontera con alrededor de un millar de efectivos y habían interceptado a 960 nadadores durante las 24 horas anteriores. Entre las explicaciones consideradas figuraban el desbordamiento de las fuerzas marroquíes ante una movilización excepcional y la reducción del dispositivo en las proximidades de Ceuta como consecuencia de la Fiesta del Trono.
El CIFAS también tuvo en cuenta esa circunstancia. La celebración había desplazado efectivos hacia las principales ciudades marroquíes y podía haber debilitado temporalmente la vigilancia en la frontera. De hecho, la Inteligencia militar esperaba que la implicación marroquí aumentara a partir del 1 de agosto, una vez terminadas las celebraciones.
El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras introdujo posteriormente elementos mucho más graves. El CENIF describió la actuación de las fuerzas marroquíes en términos de gran permisividad y recogió testimonios e imágenes según los cuales algunos agentes uniformados y otras personas de paisano habrían guiado a grupos de migrantes hacia determinados puntos de acceso.
La Audiencia Nacional está precisamente tratando de determinar hasta dónde llega esa intervención y si los indicios permiten establecer responsabilidades de naturaleza penal. Hasta que esa investigación avance, la documentación disponible permite hablar con fundamento de pasividad, de actuaciones concretas que deben esclarecerse y de sospechas sobre la conducta de determinados agentes, pero todavía no permite atribuir al Estado marroquí la planificación de la operación.
Esta diferencia también obliga a revisar algunas de las certezas que han acompañado el debate político desde el primer día. Presentar toda sospecha sobre Marruecos como una fantasía resulta cada vez más difícil a la vista de lo que escribieron organismos españoles durante y después de la crisis. Convertir esas sospechas en la demostración de que Mohamed VI ordenó abrir la frontera resulta igualmente difícil con los documentos conocidos.
Los papeles desclasificados sostienen algo bastante menos cómodo para cualquier relato cerrado. Hubo una frontera marroquí que durante horas no funcionó como España necesitaba que funcionara y existen versiones diferentes dentro de los propios servicios españoles sobre las razones de aquel comportamiento.
Las alertas existieron aunque no anticiparon la dimensión del desastre
La publicación de los documentos aclara también otra discusión que ha ocupado buena parte de las últimas semanas. Los servicios españoles disponían de información previa sobre el aumento de la presión migratoria y sobre convocatorias para intentar acceder masivamente a Ceuta.
El CNI trasladó el 29 de julio información sobre llamamientos difundidos en redes sociales para realizar una entrada masiva al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono. La advertencia llegó tanto a organismos españoles como a los servicios marroquíes y hacía referencia a grupos en redes sociales que sumaban alrededor de 180.000 seguidores.
Eso obliga a matizar la idea de que nadie había advertido de ningún riesgo antes del 30 de julio. Había avisos, existía un incremento previo de las llegadas y los organismos de seguridad conocían convocatorias para intentar aprovechar una jornada especialmente sensible en Marruecos. Otra cuestión distinta es si aquellas alertas permitían anticipar una entrada de más de 70.000 personas.
Los documentos publicados no muestran que los servicios de inteligencia hubieran previsto una movilización de semejante escala. La información disponible apuntaba a un riesgo creciente y a intentos organizados, pero no aparece una estimación previa que se aproxime a lo que finalmente sucedió. Reuters y Associated Press, tras examinar la documentación desclasificada, coinciden en que hubo advertencias anteriores aunque sin una previsión comparable a la magnitud que alcanzó posteriormente la crisis.
También existían factores jurídicos que estaban modificando la situación sobre el terreno. El CIFAS relacionó el incremento de los intentos de entrada a nado con la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio, publicada el 8 de julio, que limitaba las posibilidades de rechazo en frontera para quienes accedieran de esa manera. La Inteligencia militar entendía que el nuevo escenario reducía de manera decisiva el margen operativo de las fuerzas españolas y podía estar actuando como incentivo para nuevas tentativas.
La secuencia que muestran los documentos resulta así bastante más compleja que una única causa. Había convocatorias en redes, una presión migratoria creciente, una modificación relevante de las condiciones jurídicas, una reducción temporal del dispositivo marroquí vinculada a la Fiesta del Trono y una actuación de las fuerzas del país vecino que algunos organismos españoles describieron como insuficiente y otros llegaron a considerar sospechosamente permisiva.
Sobre ese conjunto de circunstancias se produjo una avalancha cuya dimensión nadie había anticipado.
Marruecos continúa siendo la gran pregunta
La desclasificación realizada por el Gobierno no cierra el debate sobre Marruecos y probablemente tampoco pretendía hacerlo. Permite conocer qué información manejaban los organismos españoles en cada momento y comprobar que sus conclusiones no eran idénticas.
El informe del CIFAS tiene especial valor precisamente porque evita los dos extremos que han dominado parte de la discusión pública. No respalda la tesis de una operación marroquí acreditada y dirigida contra España, pero tampoco presenta a Rabat como un socio que hubiera cumplido normalmente sus obligaciones de control fronterizo durante las horas críticas.
La Inteligencia militar describió una actitud negligente y pasiva y contempló que Marruecos pudiera aprovechar estratégicamente las consecuencias de la crisis. La Guardia Civil fue más prudente respecto de una eventual implicación deliberada. El CENIF aportó después indicios mucho más comprometidos sobre la conducta de agentes marroquíes.
La suma de esos documentos no permite todavía saber quién decidió qué en Marruecos, pero sí hace cada vez más necesario esclarecer por qué una frontera sometida habitualmente a un control muy intenso dejó de contener durante horas una movilización de dimensiones extraordinarias.
También obliga a distinguir entre lo que España sabía antes y lo que pudo reconstruir después. Las advertencias del 29 de julio prueban que existía conocimiento sobre convocatorias para intentar una entrada masiva, aunque no acreditan que el Gobierno recibiera una previsión capaz de anticipar la dimensión final. Los informes redactados durante la crisis describen ya una situación radicalmente distinta y comienzan a valorar la actitud marroquí con una dureza que no aparece en las comunicaciones anteriores.
La decisión del Ejecutivo de desclasificar los documentos permite comprobar ambas cosas y deja además expuestas las diferencias de criterio entre los propios organismos del Estado. Lejos de ofrecer una explicación única, los papeles muestran cómo la información fue cambiando a medida que la crisis adquiría una dimensión que los análisis previos no habían previsto.
La investigación judicial deberá avanzar sobre los indicios más graves, especialmente aquellos que atribuyen a agentes marroquíes una participación activa en determinados movimientos de los migrantes. Será entonces cuando pueda establecerse si aquellas actuaciones respondieron a decisiones individuales, a una permisividad tolerada o a instrucciones procedentes de niveles superiores.
Hasta entonces, el informe del CIFAS permite sostener una conclusión más limitada, pero suficientemente seria. La Inteligencia militar española no consideró probable que Marruecos hubiera impulsado activamente la oleada, aunque sí vio negligencia y pasividad en su comportamiento y dejó abierta la posibilidad de que Rabat utilizara políticamente una crisis que ya estaba en marcha.
Para un país del que depende buena parte del control de la frontera sur española, esa valoración está lejos de resultar irrelevante.
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