Miles de viajeros afrontarán este lunes una jornada marcada por las alteraciones en el servicio ferroviario. La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) provocará la cancelación de 320 trenes de Renfe, aunque el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos que permitirán mantener una parte importante de la actividad para minimizar el impacto sobre los desplazamientos.
En los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia circularán 262 trenes, lo que representa el 73 % de la oferta habitual. En Media Distancia permanecerán operativos 420 convoyes, equivalentes al 65 % de los servicios programados. La mayor incidencia volverá a registrarse en Cercanías, donde la frecuencia se reducirá de forma notable y solo se garantizará el 75 % del servicio durante las franjas de mayor demanda y el 50 % en el resto del día.
Renfe ha comunicado que los pasajeros afectados podrán viajar en otro tren disponible cercano a su horario previsto o cambiar y cancelar sus billetes sin coste, una medida habitual en este tipo de conflictos para reducir las consecuencias sobre los usuarios.
La convocatoria de este lunes constituye la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas previstas por el Sindicato Ferroviario. La segunda está fijada para el próximo 15 de julio, en pleno periodo estival y con un elevado volumen de desplazamientos vacacionales.
El origen del conflicto se encuentra en el futuro de Renfe Mercancías, una división estratégica para el transporte ferroviario de mercancías que atraviesa un proceso de reorganización. El sindicato rechaza la creación de una sociedad mixta con Medway, empresa integrada en el grupo MSC, al considerar que esta operación puede traducirse en una pérdida progresiva de actividad pública y en un deterioro de las garantías laborales de la plantilla.
La organización sindical sostiene además que no se están respetando los compromisos alcanzados con el Ministerio de Transportes en los acuerdos que permitieron desconvocar anteriores movilizaciones. Entre sus críticas figura la externalización del mantenimiento de locomotoras que anteriormente realizaba personal propio de Renfe y el anunciado cierre del taller de material remolcado de Miranda de Ebro, decisiones que, a su juicio, evidencian un proceso de reducción de capacidad industrial dentro de la empresa pública.
El conflicto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el papel del ferrocarril como servicio público y la gestión de sus áreas estratégicas. Más allá de las molestias que inevitablemente provocan los paros, la negociación entre empresa, trabajadores y Administración será determinante para definir el futuro de un sector considerado esencial para la movilidad sostenible y para el transporte de mercancías en España