A veces, la investigación judicial deja de parecer un sobrio cruce de escritos en papel timbrado para transformarse en un guion de película negra, de las que se ruedan de noche, en aparcamientos semivacíos o en conversaciones de café. Cuando la política de altos vuelos choca de frente con la independencia de un instructor, las estructuras del sistema empiezan a crujir y lo que sale por los sumideros no suele ser agradable de ver.
Esta mañana, en la calle Génova, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, cruzó la puerta de la Audiencia Nacional. Pero esta vez no lo hizo para tomar declaración a un investigado ni para firmar un auto de prisión con esa frialdad técnica que la caracteriza. Qué va. Entró como víctima. Declara frente al juez Santiago Pedraz en el marco del ya conocido como caso Leire Díez, y su testimonio abre un capítulo terrible sobre los límites de la presión en la justicia española.
Lo que hay sobre la mesa de la instrucción no es el típico enfado de quien se ve acorralado por una resolución judicial. Es algo bastante más turbio. Se trata de la reconstrucción minuciosa, elaborada folio a folio por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de un engranaje diseñado para acosar, desestabilizar y neutralizar a la magistrada que osó poner el foco de la sospecha sobre el entorno familiar del presidente del Gobierno.
Un atestado que hiela la sangre
El análisis del último informe de la UCO de la Guardia Civil muestra que no solo hay datos fríos, volcados de memoria de teléfonos móviles o registros de antenas de telefonía. Lo que los agentes le han entregado a Pedraz es una auténtica radiografía de las cañerías del poder. Una foto de familia bastante siniestra.
En ese retrato colectivo coinciden personajes que, en condiciones normales, jamás habrían compartido mesa ni mantel. Exjueces expulsados de la carrera profesional por una condena de violencia de género, empresarios atrapados en querellas millonarias, conseguidores del subsuelo político y hasta figuras conocidas del crimen organizado local. ¿Qué demonios unía a perfiles tan dispares? Pues algo tan sencillo como peligroso: las ganas de frenar a una jueza de provincia que no se dejó amedrentar.
Porque Beatriz Biedma no era una magistrada de las que buscan los focos mediáticos. Pero cuando le tocó instruir el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el mapa cambió por completo. La tranquilidad de su juzgado se evaporó de un día para otro. Y lo que empezó como un goteo de críticas en confidenciales terminó derivando en una cacería en toda regla.
Narcotráfico, un exjuez y la sombra de la violencia física
Hay pasajes en esta investigación policial que erizan la piel. El atestado de la Guardia Civil incorpora un testimonio que rompe por completo los moldes de la disputa judicial civilizada: la declaración de Cintia Rocho, matriarca del conocido clan de los Rochos, un grupo familiar curtido en investigaciones por tráfico de drogas en tierras extremeñas.
Según relató la mujer a los agentes con una naturalidad pasmosa, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, un hombre que llevaba tiempo incendiando las redes sociales con ataques virulentos contra los tribunales de Badajoz, se puso en contacto con ella. En esa charla, las palabras subieron de tono hasta rozar lo delictivo. La matriarca aseguró que Sáenz de Tejada se refirió a la magistrada Biedma como un obstáculo insoportable, algo así como un "puto grano en el culo" que había que "eliminar".
Para rematar la faena, el exmagistrado soltó una frase de esas que se quedan grabadas en la memoria de cualquiera: «A palos aprende el burro».
La propia testigo interpretó de inmediato aquellas palabras como una incitación directa para causar un daño físico a la instructora. Y, según su versión, prefirió mantenerse al margen y decir que no. ¿Cómo llegó un exjuez a entablar conversación con la matriarca de un clan de la droga? Los agentes de la Benemérita han reconstruido el camino punto por punto. No fue una casualidad. Sáenz de Tejada rastreaba las redes sociales, en especial un grupo de Facebook llamado Independencia Judicial Badajoz, donde imputados y procesados por delitos contra la salud pública desahogaban su rabia contra los magistrados.
A partir de ahí, mediante perfiles anónimos y mensajes privados, el exjuez empezó a tantear a unos y a otros proponiendo una "limpieza" en los juzgados locales. A este relato se le suma la declaración del empresario Joaquín Parra, quien confirmó ante los investigadores que le constaba de primera mano que Biedma había sido sometida a seguimientos físicos. Movimientos discretos, vigilancias en la puerta de su casa y rastreos de sus rutinas por parte de personas del entorno de Sáenz de Tejada. La presión ya no era solo de papel; estaba en la puerta de su propia casa.
'Vacaciones y viajes': la reunión de Tarifa y el grupo de mensajería
Para entender cómo se orquestó esta historia hay que viajar al verano de 2024. A la luz del sol, en las playas de Tarifa, comenzó a fraguarse lo que meses después estallaría en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil sitúa el origen de la operativa en las comunicaciones cruzadas entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset, quienes buscaban afanosamente "contactos operativos" en Extremadura.
Aquel hilo suelto los llevó hasta Leire Díez, militante política y figura clave en esta trama. Tras un encuentro estival en el sur, los implicados no perdieron el tiempo: crearon un grupo de WhatsApp bautizado con un nombre casi irónico: 'Vacaciones y viajes'. Ahí dentro estaban todos. Leire Díez, los dos empresarios y el exjuez Sáenz de Tejada. Un foro de mensajería instantánea que se convirtió en el canal habitual para intercambiar datos, planear movimientos y medir los tiempos de la ofensiva contra la magistrada.
Poco después, los cuatro integrantes del grupo se citaron en un restaurante de Madrid. Lo que empezó como una comida para hablar de supuestas irregularidades en los juzgados pacenses terminó centrando el tiro en una sola persona: Beatriz Biedma. Según el informe policial, en esa mesa se barajaron todas las opciones posibles para debilitar su posición. Desde interponer querellas en cascada hasta buscar cualquier mínimo resquicio legal o personal que permitiese recusarla y apartarla definitivamente de la instrucción del caso David Sánchez.
Notas secretas en el móvil y la fábrica del desprestigio digital
Si alguien pensaba que esto eran meras especulaciones de café, la tecnología se ha encargado de desmontar las coartadas. Durante el registro de los dispositivos móviles incautados al empresario Javier Pérez Dolset, los técnicos de la UCO encontraron notas privadas que no dejan lugar a dudas. En una de ellas se leía textualmente una descalificación brutal contra la jueza, vinculándola de forma explícita con el hermano del presidente del Gobierno, junto a un apunte revelador: «Luis Sáenz de Tejada tiene toda la info».
Esa "información" no se quedó en un archivo guardado en el teléfono. Se utilizó para alimentar una maquinaria ininterrumpida de acoso y derribo en las redes sociales. Biedma, acorralada pero no vencida, aportó al juzgado más de 90 vídeos publicados en un canal de YouTube gestionado por el propio exjuez. En esas grabaciones se vertían acusaciones gravísimas, insultos directos y dudas sistemáticas sobre su profesionalidad.
Hoy, mientras el juez Santiago Pedraz analiza toda esta masa de pruebas en la Audiencia Nacional, la pregunta que sobrevuela el ambiente no es solo si se cometieron delitos de amenazas o coacciones. La cuestión de fondo es mucho más profunda. Lo que está en juego en los despachos de Madrid es determinar si una red de intereses políticos, empresariales y marginales puede organizarse impunemente para doblegar la voluntad de un juez en España. Beatriz Biedma ha dado el paso de denunciar y personarse como víctima. Su testimonio no es solo el relato de una pesadilla personal; es el último dique de contención frente a quienes pensaron que las cloacas podían dictar el sentido de una sentencia.
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