El escenario judicial madrileño vuelve a agitar los cimientos de la política autonómica con una resolución que reactiva uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos. El magistrado Antonio Viejo ha firmado un auto clave que ordena a dieciséis entidades bancarias entregar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil todo el historial financiero, desde el año 2014, de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta diligencia, que llega tras seis meses de espera desde que los investigadores la solicitaran formalmente, supone un impulso decisivo a una de las ramificaciones judiciales más complejas que cercan al empresario, bifurcada entre un procedimiento ya encauzado por presunto fraude fiscal de 350.000 euros y esta segunda línea de investigación que rastrea posibles comisiones irregulares.
La decisión del instructor se adentra de lleno en el patrimonio de González Amador y de las empresas bajo su control, situando el foco temporal en una década atrás al considerar que en esas fechas se fraguaron las relaciones jurídicas que hoy centran las sospechas. La estrategia de los agentes del instituto armado, respaldada ahora de forma prioritaria por el juzgado, busca confeccionar una radiografía patrimonial de los investigados. Con ello se pretende esclarecer si existió un incremento desmedido de bienes y si ese enriquecimiento guarda relación directa con los negocios bajo sospecha, dejando para más adelante el análisis detallado de la información tributaria y laboral si el avance de las pesquisas lo requiriese.
El núcleo de este complejo entramado institucional y corporativo gira en torno a una operación comercial realizada en pleno año pandémico. La Fiscalía General del Estado rastrea una transacción de diciembre de 2020 en la que el novio de Ayuso abonó medio millón de euros a una farmacéutica leonesa por un negocio estético con un balance contable residual. Los investigadores albergan la hipótesis de que este movimiento financiero pudo ser una contraprestación encubierta por la mediación previa de González Amador en una millonaria compraventa de material sanitario, una operación en la que obtuvo una cuantiosa comisión de dos millones de euros y donde figuras vinculadas al grupo sanitario Quirón desempeñaron un papel comprador fundamental.
Este procedimiento penal ha estado marcado por los relevos en la judicatura y los lógicos tiempos de la burocracia judicial, un compás de espera que ha alimentado el debate en la Asamblea de Madrid, donde las fuerzas de la oposición operan como acusación popular. La incorporación de una unidad de élite como la UCO al caso fue decidida por la anterior magistrada instructora debido a la evidente dimensión interprovincial de la trama. Tras la jubilación de la jueza y la posterior llegada del magistrado Viejo, las peticiones de los investigadores permanecieron congeladas varios meses mientras la defensa del empresario batallaba sin éxito en la Audiencia Provincial de Madrid para frenar el acceso a sus datos íntimos, un recurso que terminó siendo desestimado a principios de la pasada primavera.
La reactivación de esta vertiente del caso adquiere una innegable dimensión de análisis político en Madrid en un momento de alta sensibilidad. Mientras el entorno de la presidencia autonómica intenta circunscribir las pesquisas a la esfera estrictamente privada de un ciudadano particular, el levantamiento del freno judicial a la Guardia Civil dota a los partidos de la oposición de nuevos argumentos para mantener la fiscalización sobre el entorno de la jefa del Ejecutivo regional. El cruce de cuentas bancarias personales y empresariales que ahora arranca determinará si el caso se deshincha en los tribunales o si, por el contrario, los flujos de dinero terminan consolidando una acusación formal de mayor gravedad que prolongue el desgaste político en la capital.