Este lunes el Gobierno firma por fin el acuerdo con la Iglesia y el Defensor del Pueblo para articular un sistema de reconocimiento y reparación a víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, incluidos aquellos casos que ya no tienen recorrido judicial. Llega tarde, es verdad. Pero llega.
Y en un asunto como este, donde durante años ha pesado más el silencio que la respuesta, que exista un mecanismo concreto para atender a las víctimas no es un detalle menor. Es, directamente, un cambio de escenario.
El acuerdo lo rubrican el ministro Félix Bolaños, el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo y los representantes de la Conferencia Episcopal y de las órdenes religiosas. No es solo una firma institucional. Es la materialización de algo que hasta hace poco parecía difícil de encajar, que Iglesia y Estado compartan un marco para reconocer el daño causado.
No se trata de cerrar expedientes ni de dar por saldado nada, sino de abrir una vía para quienes se quedaron fuera. Para quienes no pudieron acudir a los tribunales, para quienes vieron cómo los plazos jugaban en su contra o simplemente no encontraron en su momento un espacio donde ser escuchados. Ese vacío es el que ahora se intenta cubrir.
El sistema permitirá que las víctimas presenten sus solicitudes durante un año —prorrogable— y contempla distintas formas de reparación. No solo económica, que es lo que suele centrarse en el debate, sino también psicológica, moral y simbólica. Es un enfoque que, con todas sus limitaciones, intenta alejarse de la idea de que el daño puede resolverse con una cifra. Y eso era una de las claves del bloqueo.
Porque la negociación no se ha retrasado por cuestiones menores. Lo que estaba en discusión era precisamente cómo entender la reparación. Cómo evitar que todo se redujera a una compensación económica y cómo construir algo que tuviera sentido para las víctimas. No era fácil.
El propio Defensor del Pueblo lo había dejado claro: no se trataba de poner precios al sufrimiento, ni de convertir el proceso en una especie de trámite administrativo más. Había que encontrar un equilibrio, y eso ha llevado más tiempo del previsto.
Mientras se cerraba el acuerdo, se han seguido atendiendo casos, se ha mantenido el contacto con víctimas y se ha ido perfilando un sistema que, sin ser perfecto, sí introduce algo que hasta ahora no existía: una puerta abierta desde lo público para quienes no tenían ya otra opción.
También obliga a la Iglesia a moverse en un terreno distinto. Hasta ahora, los mecanismos de reparación dependían en gran medida de su propia estructura, con procedimientos internos que, aunque existentes, siempre generaban dudas sobre su alcance y su independencia. Con este acuerdo, ese marco se amplía.
Se incorpora al Defensor del Pueblo como intermediario, se articula un sistema compartido y se reconoce, al menos de forma implícita, que la respuesta no podía seguir siendo solo interna. Es un paso que no resuelve todo, pero que sí rompe una dinámica que durante años ha sido claramente insuficiente.
Quedan cuestiones abiertas, desde el tratamiento fiscal de las indemnizaciones hasta la gestión de los casos para evitar duplicidades. También queda por ver cómo funcionará en la práctica un sistema que, sobre el papel, intenta ser integral. Pero hoy el foco está en otra cosa. En que, por primera vez, existe un mecanismo que reconoce a esas víctimas como tales, aunque hayan pasado años, aunque los tribunales ya no puedan intervenir. Y en que ese reconocimiento no depende únicamente de la institución donde ocurrieron los abusos. No es el final de nada, pero sí es, por fin, un comienzo.