Ceuta vuelve a poner a prueba una de las cuestiones más delicadas de cualquier democracia europea, la capacidad de gestionar una emergencia migratoria sin convertir a quienes llegan en una amenaza colectiva. Después de semanas de enorme presión sobre una ciudad de apenas veinte kilómetros cuadrados, el Gobierno ha anunciado este lunes la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas de atención humanitaria, distribuidas en cuatro emplazamientos y concebidas para aliviar una red de acogida sometida a una situación excepcional.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comunicado la apertura de dispositivos en el aparcamiento de embolsamiento de Loma Colmenar, cedido por la Ciudad Autónoma, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio conocido como El Guano. Son recursos temporales, pero responden a una necesidad inmediata que durante las últimas semanas ha adquirido una dimensión humanitaria difícil de separar de la discusión política.
La magnitud de lo ocurrido obliga a conservar la precisión de las cifras. Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, alrededor de 72.000 personas accedieron a Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y unas 70.000 regresaron posteriormente a Marruecos. La presión posterior sobre los servicios públicos, los procedimientos de asilo y extranjería y el sistema de protección de menores ha obligado a las administraciones a desplegar recursos extraordinarios.
El anuncio de las nuevas plazas llega precisamente cuando el debate comienza a desplazarse desde la emergencia fronteriza hacia una cuestión más compleja, la de cómo administrar sus consecuencias sin sacrificar las garantías jurídicas ni las condiciones elementales de dignidad. Una frontera puede vigilarse y un Estado tiene la obligación de ordenar los flujos migratorios, pero ninguna de esas competencias suspende los derechos de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad.
Esa distinción resulta especialmente relevante en Ceuta, donde la excepcionalidad geográfica tiende a convertir cada episodio migratorio en un acontecimiento político nacional. El Gobierno sostiene que su actuación debe desarrollarse dentro de la legalidad vigente y de las obligaciones españolas en materia de asilo, una posición que Saiz ha defendido durante su visita al reivindicar una política migratoria compatible con los derechos humanos y con las reglas europeas.
La ministra también ha puesto el acento en la colaboración de Cruz Roja, que ha distribuido miles de kits de alimentación y prestado miles de asistencias sociosanitarias. Detrás de las cifras existe una realidad menos abstracta que el debate parlamentario, formada por personas que necesitan agua, comida, atención médica y un lugar donde dormir hasta que su situación administrativa pueda resolverse. La atención humanitaria no equivale a una política de fronteras abiertas. Equivale al cumplimiento de las obligaciones que corresponden a un Estado de derecho.
La diferencia resulta relevante porque parte de la discusión política ha comenzado a borrar deliberadamente esa frontera conceptual. Saiz ha pedido al Partido Popular que abandone los discursos que considera próximos a la retórica de Vox y recupere una posición de Estado. El reproche llega después de que el PP haya elevado durante los últimos días el tono contra la gestión gubernamental y haya reclamado nuevas medidas para acelerar los retornos y reforzar la frontera.
Existe espacio para discutir la respuesta del Ejecutivo, los tiempos de reacción, la suficiencia de los recursos desplegados o la coordinación con Marruecos. Son preguntas legítimas en una crisis de semejante magnitud. Otra cosa muy distinta es convertir la presencia de miles de personas migrantes en una explicación general sobre inseguridad, enfermedad o deterioro de la convivencia. Cuando la política sustituye los datos por el miedo, deja de describir una emergencia y empieza a fabricar otra.
El episodio vivido este lunes a las puertas del Palacio de la Asamblea ofrece una imagen particularmente reveladora. Un periodista ceutí fue agredido durante una protesta después de ser confundido con una persona migrante, según la información recogida por Europa Press. El agresor pidió disculpas al conocer que se trataba de un profesional de los medios, pero el periodista acudió posteriormente a dependencias policiales para denunciar lo ocurrido.
El incidente tiene un significado que excede su propia gravedad. Cuando la apariencia de alguien basta para convertirlo en destinatario de una agresión, el problema ya no reside únicamente en la frontera, sino también en el clima social construido alrededor de ella. Esa es precisamente una de las razones por las que las instituciones deben extremar el cuidado del lenguaje cuando una sociedad atraviesa momentos de tensión.
La situación continúa siendo difícil y las 1.500 plazas anunciadas no resuelven por sí mismas todos los problemas abiertos. Fuentes gubernamentales sitúan todavía en varios miles las personas que permanecen en Ceuta y el sistema de protección de menores soporta una presión extraordinaria. La respuesta necesitará más capacidad administrativa, cooperación entre instituciones y una gestión capaz de combinar seguridad fronteriza, procedimientos de retorno cuando legalmente correspondan y protección efectiva de quienes tengan derecho a permanecer.
Ceuta necesita recuperar la normalidad y sus habitantes tienen derecho a reclamarla. Pero la normalidad democrática también consiste en que una emergencia no permita decidir qué personas merecen ser tratadas como tales. Las fronteras se administran con policías, acuerdos internacionales y legislación. Las crisis humanitarias, además, se administran con recursos públicos, serenidad y humanidad. El Gobierno ha elegido reforzar esa segunda dimensión con 1.500 nuevas plazas. En estos días de discursos inflamados, tampoco es una decisión menor.
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